El fiscal Francisco Barbosa emitió una directriz para los funcionarios del ente acusador, en la que advierte que en medio de la emergencia sanitaria, y para no agravar el hacinamiento carcelario, “en todos los casos se debe preferir la libertad de la persona mientras se desarrolla el procedimiento” y “solo en casos excepcionales pueden aplicarse medidas de aseguramiento privativas de la libertad”.
Agrega la instrucción que “debe existir suficiencia probatoria para la solicitud de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad, para evitar privaciones injustas que posteriormente puedan causar condenas por daño antijurídico al Estado y a la Fiscalía”.
No obstante, la medida no aplicará para expedientes en los que sea víctima un menor de edad.
Indicó además el titular de la entidad en que los fiscales deben tramitar con mayor diligencia los procesos en los que el imputado esté privado de la libertad.
Y recordó que durante los últimos dos años la Fiscalía le imputó cargos a 301.523 personas y solicitó medida de aseguramiento en el 45% de los casos, además puso de presente que la Fiscalía tiene demandas por privación injusta de la libertad por $37,9 billones y que desde 2013 en el de investigación penal ha sido condenada en 6.249 procesos y ha pagado por ellos $1,3 billones.
La directriz va en el mismo sentido del hecho de que la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, admitió el pasado miércoles que el decreto de excarcelaciones para bajar el hacinamiento y prevenir una mayor propagación del coronavirus en las cárceles “no ha entregado los resultados esperados”.
“Aspirábamos a que 5 mil internos salieran y pasaran a detención domiciliaria transitoria, pero a la fecha solo han salido un poco más de mil y nos falta por resolver en los juzgados la situación de otros 2.500. Pero gracias a las medidas ordinarias sí han salido cerca de 5.000 en este lapso”, explicó la jefa de la cartera judicial.
Y el presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Francisco Bernate, le había dicho a este medio al respecto que este “será un tema a analizar cuando se juzguen las responsabilidades de los diferentes intervinientes estatales dentro de este proceso, y su forma como manejaron la situación: Nunca se atendieron las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Unicef, no se tuvo en cuenta la situación de militares, niños, indígenas, enfermos mentales, que están internos en las cárceles colombianas”.
