Este lunes, el Senado de la República retoma la discusión a uno de los proyectos más trascendentales en materia de reordenamiento territorial del país. La plenaria votará la reforma al Sistema General de Participaciones con la que se pretende aumentar los ingresos que le llegan a los municipios, distritos especiales y departamentos.
Se trata del Proyecto de Acto Legislativo N° 018 Senado – 437 de 2024 Cámara “Por el cual se fortalece la autonomía de los departamentos, distritos y municipios, se modifica el artículo 336 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”. La propuesta es liderada por la bancada del partido En Marcha y cuenta con el apoyo de la Federación Nacional de Departamentos; la Federación Colombiana de Municipios; Asocapitales; administraciones gubernamentales como la Gobernación de Antioquia y las 5 RAP (Regiones Administrativas y de Planificación) actualmente consolidadas en el país.
Con la autoría de los senadores Guido Echeverri Piedrahita, Gustavo Moreno Hurtado y Jairo Castellanos Serrano, (partido En Marcha) y la ponencia en manos del senador Ariel Ávila, Alianza Verde, esta propuesta legislativa ha avanzado con éxito en el Congreso. Al tratarse de un acto legislativo, es decir de una reforma a la constitución política de Colombia, se necesitan ocho debates para su debida sanción presidencial. En manos de la plenaria del Senado está en dar luz verde al sexto debate.
¿Qué es el Sistema General de Participaciones?
El SGP es el mecanismo mediante el cual el Gobierno Nacional transfiere a los municipios, distritos y departamentos los recursos necesarios para atender los servicios básicos de educación, salud, agua y saneamiento básico. El SGP, estipulado en los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de 199, se alimenta de Ingresos Corrientes de la Nación (ICN), y su distribución tiene en cuenta criterios como la población, las necesidades básicas insatisfechas y los niveles de pobreza de cada entidad territorial.
¿Qué plantea la reforma?
La reforma plantea la modificación a los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de Colombia. En la actualidad, la Nación transfiere a los entes territoriales un poco más del 20% de sus ingresos corrientes (ICN). Con la reforma estas transferencias aumentarían al 46,5% a partir del año 2034 con incrementos anuales del 2,5%.
¿Qué dice el Gobierno Nacional?
El Ministerio de Hacienda rectificó su postura negativa sobre la reforma al SGP, siempre y cuando esa se acompañe con una ley de competencias, que permita transferir funciones a los entes territoriales que se contemplaría dentro de un análisis de sostenibilidad fiscal y el cumplimiento de la deuda. En el mismo sentido se ha manifestado el DNP quien alerta de los riesgos fiscales en un mediano plazo.
¿Qué dicen los senadores?
Si bien la propuesta cuenta con visto bueno de una buena parte de plenaria, existen discrepancias en el porcentaje asignado para aumentar las transferencias. Tal es el caso de la senadora Angélica Lozano, Alianza Verde, quien pide que el porcentaje no aumente al 46,5% sino al 37% toda vez que “no está la plata para dar el brinco”.
Para el senador coordinador ponente del acto legislativo, Ariel Ávila, “Se pretende superar el asfixiante centralismo y dotar a las entidades territoriales de una autonomía que las haga dueñas de su propio destino. La reforma de SGP responde a una demanda insatisfecha de las regiones para contar con más autonomía financiera y administrativa y es la forma, además, para permitir que el Estado lleve toda su oferta a los territorios”, explicó.
En lo que refiere a si la reforma es fiscalmente insostenible, el senador autor de la reforma, Guido Echeverri Piedrahita, argumentó: “La reforma no quebrará la nación, solo ordena transferir más recursos a las regiones. También ordena que las regiones asuman más responsabilidades de gasto, por medio de una ley que redefina las competencias de la Nación y los territorios. Más plata para las regiones, pero también más obligaciones. La reforma está pensada para tener un costo fiscal cero. No se trata de crear desbalances entre ingresos y gastos, sino de adelgazar el Estado central y robustecer los Estados territoriales”.
Condiciones de Petro
En palabras textuales del Presidente “He tomado la decisión de apoyar el proyecto de reforma constitucional que adelanta el Congreso al Sistema General de Participaciones, es decir, el dinero de la Nación que va a los municipios”.
Así lo manifestó este lunes el presidente Gustavo Petro Urrego en un mensaje enviado a través de su cuenta de X, donde enunció las 5 condiciones del Gobierno del Cambio para apoyar esta iniciativa:
1. El aumento del 26 al 46% de los ingresos corrientes de la Nación que se trasladan debe ser gradual.
2. La reforma debe supeditarse a una ley de competencias para los municipios, es decir, que se trasladan competencias que antes hacía la Nación con sus recursos, con lo cual no aumenta el déficit fiscal.
3. La fórmula de reparto en la ley de competencias debe cerrar las brechas entre las regiones y, por tanto, debe privilegiar las regiones más excluidas para concretar la paz.
4. El aumento de competencias en salud debe cubrir todo el sistema de salud primaria para los municipios; en educación debe contemplar la educación de tres años de preescolar, la jornada única y los dos años de educación superior gratuita en los colegios de media.
5. Ante el incremento sustancial del poder del municipio que el acto legislativo produce, “se necesita una ciudadanía más unida y organizada que haga que el salto en la descentralización se convierta en un salto a profundidad de la democracia local. El dinero no es para las mafias locales, es para las necesidades de la ciudadanía”, indicó el mandatario.
Llamado del Mininterior
La reforma constitucional, que establece un nuevo régimen en el Sistema General de Participaciones en departamentos, distritos y municipios, inició su discusión en su sexto debate en la plenaria del Senado.
La iniciativa busca fortalecer la autonomía territorial para la ejecución de recursos y proyectos, de manera directa, que acaben la inequidad y desarrollen integralmente las regiones de Colombia.
Al intervenir en el debate, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, precisó que la iniciativa, a través de un acuerdo, es el inicio para la autonomía territorial, pero no es el fin, porque es un proyecto que va más allá de los recursos.
Resaltó que “el criterio de la propuesta plantea prioritariamente el cierre de brechas económicas, sociales e institucionales entre los distintos territorios de Colombia”.
En este sentido, invitó a la oposición, partidos independientes y a los que apoyan al gobierno a que respalden la propuesta.
“Este es un tema fundamental para el país y que se puede convertir en un punto muy concreto al Acuerdo Nacional que hemos venido convocando. Es un mensaje a la autonomía territorial”, sostuvo.
Gobierno y congresistas acuerdan cambio clave en proyecto de transferencias a regiones
Según se conoció, el pasado fin de semana hubo varias reuniones entre las carteras de Hacienda, del Interior y los congresistas sobre el proyecto delSistema General de Participaciones, con el cual le darán más dinero de la Nación a los municipios.
En esas mesas hubo acuerdos que se convertirán en proposiciones, varias de ellas que radicará el ponente Ariel Ávila:
Entre esos, hay tres puntos que son el corazón de la discordia y en los que ya hay consenso:
- Hay acuerdo para que el aumento de las transferencias no sea de 46,5% como está la propuesta hoy sino del 39,5%.
- Seguirá la fórmula actual hasta que no haya una ley de competencias para darles nuevas responsabilidades a los departamentos y municipios, que el requisito de Hacienda es que esté acorde al Marco Fiscal de Mediano Plazo. Mientras entra en vigor la ley de competencias, se seguirá aplicando la fórmula actual del SGP que establece que el incremento anual será un porcentaje igual al promedio de la variación porcentual que hayan tenido los Ingresos Corrientes de la Nación durante los cuatro años anteriores, incluido el correspondiente al aforo del presupuesto en ejecución.
- La transición será de 12 y no de 10 años, los cuales empezarán a regir, a partir de la expedición de la ley de competencias y no antes del año 2027.
Otros de los acuerdos
Se incluye la financiación de, como mínimo, dos años de escolaridad de la educación preescolar y, como mínimo, dos años del ciclo educativo de la educación superior. Esto, en concurrencia con el Gobierno Nacional.
Se reduce a seis meses la presentación de la ley de competencias por parte del Gobierno Nacional, y tendrá como principal objetivo de la ley de competencias el cierre de brechas sociales, económicas e institucionales entre los territorios, y finalmente.
Se condiciona la senda de crecimiento de los recursos del SGP a la compatibilidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Recordemos que este lunes 28 de octubre entra a sexto debate, de ocho que necesita para convertirse en ley de la República.
