Por: Juan Cataño Bracho
Según la Constitución de 1991, “el poder público en Colombia se divide en tres amas: Ejecutiva (gobierna y gestiona), Legislativa (formula leyes) y Judicial (imparte justicia). Estas ramas, junto a órganos autónomos y de control, aseguran el equilibrio democrático.
Rama Ejecutiva: Dirigida por el Presidente de la República (Jefe de Estado y de Gobierno), junto con ministros, directores de departamentos administrativos, gobernadores y alcaldes. Se encarga de la administración nacional, garantizar el cumplimiento de las leyes y gestionar políticas públicas.
Rama Legislativa: Corresponde al Congreso de la República (bicameral: Senado y Cámara de Representantes). Sus funciones son elaborar las leyes, ejercer control político sobre el gobierno y reformar la Constitución.
Rama Judicial: Encargada de administrar justicia y solucionar conflictos. Está integrada por la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, fiscalía general de la nación y jurisdicciones especiales.
Además, el Estado cuenta con órganos autónomos, la organización electoral y los organismos de control como la Procuraduría y Contraloría”.
Pero, por las circunstancias que han rodeado la administración del presidente Gustavo Petro Urrego que, por sus antecedentes de congresista, al principio de su período afirmó enfáticamente: “ganamos las elecciones, pero no tenemos el poder”, se intuye que, en Colombia, el Presidente de la República no es el “todopoderoso”.
Es evidente que la mayoría de los congresistas se han opuesto a las reformas que, según el actual presidente, se requieren para darle un rumbo de justicia al Estado colombiano, respaldadas por instancias judiciales, pues estarían autorizando un Estado que no responde a la medida de sus intereses.
Por lo anterior, no debe sorprender la “euforia” que se vive en cada campaña política para llegar a ser elegido congresista, pese a que durante el ejercicio de la legislatura sólo se escucha contra ellos frases de rechazo, repudio y epítetos que los sindican de corruptos, y donde cada campaña deja en evidencia que, este ejercicio, es una inversión para tener derecho a decidir sobre el Presupuesto General de la Nación, que debería ejecutarse para beneficio común.
No queda duda que el único poder público que existe en Colombia es el Legislativo, donde reinan los políticos, desde el congreso, máxime si se tiene en cuenta que son ellos quienes determinan la composición de los otros poderes, por la vía de la cuota burocrática, el nepotismo y el famoso clientelismo, con lo cual los nominados quedan comprometidos (empeñados) con sus nominadores.
Los, medianamente, conocedores de la realidad política nacional entendemos que el Estado es controlado por los congresistas quienes manipulan las leyes según sus intereses, dándole apariencia de legalidad a sus acciones.
También se puede deducir que, si todo negocio legal está soportado, lógicamente, en leyes y que, por lo tanto, todo negocio legal u oportunidad se controla desde el Congreso, donde se establecen las reglas de juego para todos los negocios del Estado, es obvio que los legisladores no dejan pasar la oportunidad de controlar los mejores negocios que se ejecutan en el país. Hay quienes creemos que cuando las leyes se hacen públicas ya los negocios se han concebido y repartido.
Es lógico entender que, en el mundo capitalista, nadie deja que salga de su control un negocio que ha conocido de antemano. Por lo que se intuye que las leyes son hechas a la medida de los intereses de quienes las conciben. De aquí es donde surge el imperio de “los micos”, trampas o puertas falsas que se le introducen a las leyes, y que sólo conocen los legisladores.
Entonces, “La euforia en las campañas” obedece al conocimiento que tiene la gente del común de que sólo los políticos, los congresistas, tienen el poder para recomendar “candidatos” a ingresar a la burocracia, quienes deberán pagar con el voto a sus mentores en la próxima campaña.
No hay que desconocer que en lo que va corrido de la historia de la República de Colombia, y antes de la supuesta meritocracia”, casi todas las familias colombianas se han constituido en deudores del poder político, porque no existía otra “llave” que abriera la puerta del empleo público sino el clientelismo político, que ha permitido que las familias sobrevivan y se formen profesionalmente. De lo cual han dependido, entre ellos, magistrados, fiscales, procuradores, jueces, contralores, hasta maestros, guardas de renta, porteros, etc. A eso se debe que, pese a la mala imagen que tiene la clase política, aún sus campañas movilizan multitudes, unas por deudas de gratitud, que se mantienen de generación en generación, y otras por esperanzas en una próxima recomendación.
Esa es la barrera que deben franquear los que prometen cambiar las costumbres políticas del Estado colombiano, se estrellan con la creencia de que “más vale malo conocido que bueno por conocer” o que “es mejor seguir como estamos que aventurarnos a un cambio que no sabemos que repercusiones traerá”. Es el temor que no permite salir de “la zona de confort” o el miedo a la novedad que algo malo debe tener, mientras que, sobre las promesas de cambio, se suele decir “de eso bueno no dan tanto”; máxime si abundan las experiencias de que muchos, que se han hecho elegir ondeando la bandera de los oprimidos, tan pronto son elegidos, se hacen del lado de los opresores y, obviamente, olvidan sus falsas promesas de cambio.
Dígalo con seguridad: el único poder que existe en Colombia es el político. Los demás le están subordinados…
