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Barrio San Martín celebró 52 años, pero pide mayor atención de la Alcaldía

El barrio San Martín de Valledupar celebró 52 años de fundación en la capital vallenata, sector en el que en su momento solo se podían evidenciar fincas habitadas por familias campesinas, pero que en el año 1968 su contexto social fue cambiando a una zona más urbana, con construcción de viviendas y la llegada de nuevas familias. En al año 1971 el barrio San Martín tuvo su primera personería jurídica ya como organización, desde entonces como barrio cumple 52 años de fundación. El barrio San Martín se encuentra habitado por cerca de 3.200 personas de acuerdo al último censo que se realizó en el sector, conformado por más de 300 viviendas.  

Desde entonces, el San Martín se ha constituido como uno de los sectores que más ha guardado la tradición de celebrar sus años de existencia, al igual que otros sectores de la ciudad. Años en los cuales hemos mantenido la tradición, realizando varias festividades, sin embargo, estas se han reducido por temas de inseguridad y falta de apoyo por parte de la administración municipal”, manifestó Víctor Escobar, líder de la Junta de Acción Comunal del barrio. No obstante, como todo barrio de Valledupar, este también ha presentado situaciones que en los últimos años se han convertido en una problemática comunitaria que en cierta manera interrumpe la armonía y tranquilidad de los habitantes del San Martín.

Una de las situaciones que enfrenta la comunidad es la inseguridad que se presenta en el parque principal del sector, así como también la falta de alumbrado público en varias calles, lo cual ha sido manifestado a las entidades encargadas, pero hasta el momento no han visto respuesta a la solicitud. La comunidad, en medio de la celebración de un año más de fundación le piden a la administración que se posicionará para el periodo 2024-2027 que trabaje más en la problemática de los barrios de la ciudad. 

Capturan a presuntos responsables del homicidio de funcionaria de Registraduría en Gamarra

En esta semana, la Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de cinco personas señaladas de ser las responsables del homicidio a Duperly Arévalo, funcionaria de la Registraduría en Gamara Cesar, durante una manifestación registrada el 28 de octubre que terminó en ataques y la quema de la sede de la organización electoral. Según el reporte del ente acusador, cuatro hombres y una mujer fueron capturados por agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) luego de una investigación de 14 días que los vinculó con los hechos.

“Los detenidos estarían involucrados en las agresiones a varios funcionarios que intentaban evitar que una multitud ingresara a la Registraduría Municipal, así como del posterior incendio y destrucción de la sede la autoridad electoral”, indicó el fiscal general, Francisco Barbosa. Estos hechos, que tuvieron lugar un día antes de las elecciones, estuvieron ligados con la revocatoria por orden del Consejo Nacional Electoral (CNE) a la candidatura de Fernando Márquez del partido “En Marcha” a la Alcaldía de Gamarra.

De acuerdo con el registrador nacional, Alexander Vega, su entidad tendría evidencia y material probatorio de que varios de los manifestantes pertenecían a la campaña de Márquez, como simpatizantes y candidatos al concejo de este municipio. “La manifestación la promovieron simpatizantes y candidatos al Concejo que apoyaban la candidatura de Fernando Márquez, avalado por el partido En Marcha y quien fue revocado por el CNE el 12 de octubre. Este señor inició con una narrativa de que él no estaba inhabilitado y convocó a una marcha que de pacífica no tuvo nada”, dijo Vega en entrevista con El Espectador.

Taxistas anuncian nuevo paro

Los conductores de taxi denuncian “engaños por el precio de la gasolina, inmovilizaciones por infracciones inexistentes y promesas incumplidas”. En la madrugada de este jueves 9 de noviembre un grupo de taxistas en Bogotá se tomó la calle 85 cerca de la Autopista Norte desde donde realizaron una caravana en protesta a varios incumplimientos en acuerdos alcanzados en pasadas reuniones con las autoridades. Tras la marcha de vehículos, unos cien taxis llegaron al sector del parque de los Hippies, cerca de la residencia de la alcaldesa Claudia López, en dónde anunciaron una nueva jornada de pato para el próximo 22 de noviembre.

Según manifestó Hugo Ospina, líder gremial de los taxistas, sigue existiendo molestia en el sector por los “engaños por el precio de la gasolina, las inmovilizaciones por infracciones inexistentes, y las promesas incumplidas”. “Se están abusando del gremio de taxistas. Cuatro años de inmovilización por supuestas infracciones inexistentes. Engaños con relación al precio de la gasolina. Promesas de combustibles económicos incumplidas.

El pasado 25 de octubre, los taxistas habían realizado otro paro en el que se presentaron varios bloqueos en puntos cruciales para la movilidad de los capitalinos. El conocido plan tortuga logró afectar el tránsito normal. Ahora, esta nueva jornada, pretende resolver las situaciones que no se lograron solventar en las mesas de diálogo anteriores con el Distrito y que hasta el momento solo ha aumentado la tensión entre las partes. 

Investigan al comandante del Ejército colombiano por ordenar interceptaciones ilegales

El comandante del Ejército colombiano, el general Luis Mauricio Ospina, será investigado por la Procuraduría porque supuestamente ordenó hacer seguimientos e interceptaciones ilegales al profesor de inglés de su esposa, para lo cual lo vinculó como supuesto miembro de las disidencias de las FARC, informó este domingo el Ministerio Público. Al parecer, el general Ospina ordenó investigar a Leonardo Colmenares, profesor de inglés de su esposa, quienes entablaron una amistad a raíz de sus clases, lo que hizo que su esposo tuviera dudas sobre las verdaderas razones por las que se reunían periódicamente.

Para justificar esos seguimientos y escuchas ilegales, el general Ospina hizo pasar a Colmenares como integrante del frente Carolina Ramírez, de las disidencias de las FARC que comanda alias “Iván Mordisco”. El comandante del Ejército reconoció a la revista Semana que él dio la orden de investigar al profesor y culpó a sus subalternos de cualquier irregularidad que hubiesen podido cometer en este caso. De acuerdo con las denuncias publicadas en medios de comunicación, el alto mando militar, presuntamente, habría abusado de sus funciones y habría ordenado utilizar los servicios de inteligencia y contrainteligencia del Ejército, para fines personales.

La investigación disciplinaria de la Procuraduría busca determinar si, además, el general Ospina habría ordenado un montaje, acusando sin prueba alguna a un ciudadano de pertenecer a un grupo al margen de la ley, y así justificar dichos seguimientos. Igualmente, el órgano de control comprobará, a través de la recolección de testimonios, pruebas y documentos, si el actual comandante del Ejército habría incurrido en faltas disciplinarias, al abusar de su poder y usar los servicios de inteligencia y contrainteligencia, así como utilizar a subalternos, para fines alejados a los de la institucionalidad.

Sin temor de Dios, un ladrón entró a robar a una iglesia de Valledupar mientras celebraban la misa.

En la Iglesia católica Santa María del Camino, ubicada sobre la carrera 19D entre las calles 9ª y 10 del barrio El Amparo de Valledupar, quedó registrado en las cámaras de seguridad un asalto por parte de un sujeto que quedó plenamente identificado en los videos, que se han hecho virales en las últimas horas. Los hechos quedaron registrados en la mañana de este domingo, mientras se celebraba la misa dominical.

Mientras los feligreses oraban y el sacerdote celebraba la eucaristía, el ladrón aprovechó para ingresar al despacho y a la casa cural de la parroquia para tomar todos los elementos de valor material que se encontraran en el lugar. En las imágenes quedaron captados los momentos en que el hombre, de estatura media, tez morena, vestido con pantalón negro, camisa manga larga blanca, saco y zapatos del color del pantalón, se bajaba de una motocicleta, para luego ingresar a las habitaciones y arrasar con los elementos de valor.

El delincuente ingresó a varias de las habitaciones, caminó por el lugar, revisó las puertas y se aseguró de no estar rodeado de personas que pudieran detenerlo. Al conocerse el hecho, los sacerdotes dieron aviso a la Policía Nacional, cuyos funcionarios realizaron una inspección preliminar al lugar, determinando así que el ladrón se llevó dos computadores portátiles y un celular en un morral de color negro que llevaba consigo. A través de redes sociales, muchos internautas han lamentado el hecho, indicando también que este tipo de hechos son constantes en el barrio El Amparo.

La EPS Indigena Dusakawi continuará bajo vigilancia especial durante un año

La Superintendencia Nacional de Salud informó que continuarán las medidas de vigilancia especial aplicadas a la EPSI Dusakawi durante un año más, es decir, hasta el. Además, en la resolución informativa expedida por el ente de vigilancia y control se ordenó la puesta en marcha de acciones para fortalecer la atención de sus 258.000 afiliados en Cesar, La Guajira y Magdalena. Según la Superintendencia, la Asociación Indígena del Cesar y La Guajira (EPSI Dusakawi) no brinda garantías para el acceso oportuno a consultas médicas especializadas, la entrega oportuna de medicamentos así como demoras en la autorización para exámenes de laboratorio e imágenes diagnósticas.

Asimismo, pese a que se encuentra bajo vigilancia especial desde hace un par de años, los indicadores demuestran deficiencias en el manejo y control de la población materno-infantil, fallidas estrategias de promoción y prevención en salud para niños, pues se presentan casos de desnutrición, enfermedad diarreica y enfermedad diarreica que reciben tardíamente atención. Igual situación se presenta con las mujeres y niños con diagnóstico de sífilis. De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Salud, lo anterior evidencia la EPSI Dusakawi que no ha logrado superar las dificultades que motivaron la vigilancia especial.

Por ello y para brindar las garantías en salud a sus afiliados, la aseguradora debe llevar a cabo las algunas acciones, con carácter inmediato, entre ellas: Adelantar el proceso que determine el 100% de la identificación, alistamiento y presentación de cobros y recobros ante las entidades responsables de pago de servicios y/o tecnologías en salud. Adelantar una evaluación y reestructuración del proceso contractual, que permita garantizar el acceso oportuno y efectivo a los servicios y tecnologías en salud a la totalidad de la población afiliada.

85% de los casos de abusos sexual involucra a menores en Valledupar

Con el objetivo de concientizar a los padres y cuidadores sobre la importancia de vigilar y prevenir el abuso sexual infantil, la Secretaría Local de Salud y el Hospital Eduardo Arredondo Daza, a través del Plan de Intervenciones Colectivas, (PIC), se unen a la XII maratón contra el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en Valledupar, el pasado miércoles 15 de noviembre en la Institución Educativa Técnico La Esperanza.

Bajo el lema de este año «Mas unidos, más protegidos», se buscan establecer y promover compromisos para desarrollar acciones continuas que prevengan el abuso sexual a menores y fomentar la cultura de protección y denuncia. Según el reporte de las unidades generadoras de datos del Sivigila en Valledupar, se han registrado 257 casos de abuso sexual de los cuales el 85% se han registrado en menores de edad.

Las autoridades de salud enfatizan la importancia de la prevención y la responsabilidad de todos en la protección de los niños, de hablar con claridad y confianza con ellos sobre los riesgos que enfrentan. Dentro de la programación de la jornada, está el encuentro comunitario, apertura de la maratón, firma del pacto para la prevención del abuso sexual con menores de edad. Datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses revelan que cada hora, aproximadamente dos niños o niñas fueron víctimas de este delito, en la mayoría de los casos por un integrante de su familia y en su propia vivienda.

Aumento del precio de los peajes “es un golpe bajo”, dicen los transportadores

A través de un proyecto de decreto, el Ministerio de Transporte tiene todo listo para empezar a incrementar las tarifas de los peajes del país, las cuales están congeladas en su mayoría. En el plan que las carteras de Transporte y de Hacienda tienen listo, se espera que las tarifas de los peajes en Colombia se normalicen antes de finalizar el primer semestre del próximo año. Por ese motivo, dichos incrementos se empezarían a realizar de forma gradual con el fin de evitar un impacto negativo en las finanzas de los colombianos. Esa decisión fue criticada recientemente por los transportadores de carga, al asegurar que fue errónea puesto que estiman que al momento de que empiecen los respectivos ajustes de las tarifas, habrá sobrecostos que muchos transportadores no podrán soportar.

En total son 113 peajes por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y 29 estaciones de peajes por parte del Instituto Nacional de Vías (Invías) que empezarían con el respectivo ajuste. Sin embargo, esta decisión no ha caído bien en el gremio de los transportadores. Ánderson Quiceno, director de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), aseguró en diálogo con La W que para ellos es “un golpe bastante bajo”, pues las medidas del Gobierno en materia de peajes son “antiguas en relación con lo que tiene que ver con los términos tecnológicos tanto de operación como de adquisición de recursos para la financiación de la estructura vial”.

Acerca de la posibilidad de un paro de transportadores, Quiceno aseguró: “Cualquier gremio de orden nacional habla de paro. Otra cosa es que se sienten a concretar esta idea, pues lleva consigo una declaratoria de asamblea permanente, un pliego de condiciones y se agotan requisitos con el Gobierno Nacional. Eso no quiere decir que se haga un paro de forma inmediata, pero el Gobierno tiene que hablar con todos, no sentarse a hablar con tres o cuatro”. Se debe recordar que el congelamiento de los peajes se adoptó por parte del exministro de Transporte, Guillermo Reyes, ante el alto índice de la inflación con el que empezó el 2023.

En una carta, firmada por Víctor Manuel Escobar, los ancianos denuncian que el Mello Castro no les ha dado la comida a que tenían derecho durante el año.  

Según los abuelitos, el Mello Castro no les ha dado la comida que les pertenece en el año y en la semana únicamente les da hasta el día viernes. Denuncian que las ayudas de la tercera edad también se las tienen embolatadas, ya que estaba programado para los dos primeros meses del año del 2023 y cada vez que van al CDV los aplazan para una nueva fecha el que venga el próximo mes y así se la han pasado todo el año, dijo el firmante.

Los adultos mayores, se preparan a elevar la denuncia ante la Procuraduría General de la Nación y ante la Presidencia de la República, porque ya se termina el año y de lo contrario todo va a quedar así. En concreto, los ancianos de Valledupar solicitan aumento de los subsidios y cumplimiento en la ración alimentaria.

Contraloría detectó hallazgos fiscales por valor de $12.088 millones para cumplir fallo sobre niños wayuu en La Guajira.

Con 21 hallazgos fiscales por $12.088 millones, 72 de carácter disciplinario y la solicitud de apertura de Indagación Preliminar por un total de $99.000 millones sobre 3 contratos suscritos por el Ministerio del Interior, entre otros resultados, concluyó la Actuación Especial de Fiscalización Intersectorial que adelantó la Contraloría General de la República en el marco del seguimiento a las órdenes contenidas en la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional. Mediante dicha sentencia de tutela, la Corte declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional, con relación al goce efectivo de los derechos fundamentales a la alimentación, la salud, el agua potable y a la participación de los niños y niñas del pueblo wayuu.

Un experto equipo auditor, integrado por funcionarios de 9 Contralorías delegadas sectoriales, 2 Contralorías delegadas generales, la Unidad de Regalías y la Gerencia Departamental de la CGR en La Guajira, verificó el impacto en la comunidad de las acciones realizadas por 42 entidades estatales del orden nacional y municipal que invirtieron recursos cercanos a los $2.1 billones en las vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022, en pro del cumplimiento de los objetivos constitucionales mínimos plasmados en la sentencia.

A pesar de las cuantiosas inversiones realizadas, la CGR evidenció falta de articulación entre las entidades, tanto del orden Nacional, como del orden Territorial y las Comunidades Indígenas. El Vicecontralor en funciones de Contralor General de la República, Carlos Zuluaga Pardo, entregó adicionalmente algunas conclusiones preocupantes de este informe. Las acciones que reportaron las entidades objeto de revisión tienen que ver con el normal desarrollo de sus actividades misionales, evidenciando que existe una ausencia de destinación de recursos específicos para la atención de lo solicitado en la sentencia T-302 de 2017 durante las vigencias auditadas.

¿Dónde queda la unidad nacional?

Según el Columnista – Luis Alonso Colmenares Rodríguez, la reciente reunión del presidente Gustavo Petro con tan solo 15 de los 32 gobernadores electos para el próximo período de gobierno 2024-2027, ha dejado por fuera a la mayoría de los elegidos, sembrando dudas sobre la imparcialidad y la inclusión en el gobierno nacional. En virtud del artículo 115 de la Constitución, el presidente es jefe de Estado, jefe de gobierno y máxima autoridad administrativa; asimismo el artículo 188 establece que el presidente de la República simboliza la unidad nacional y está obligado a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos.

Al actuar de manera selectiva con los gobernadores, está olvidando la responsabilidad que conlleva esa posición. La exclusión de gobernadores elegidos envía un mensaje preocupante sobre la forma de manejar las relaciones políticas. Además, al tenor de lo dispuesto en el artículo 339 de la Constitución Política, también se está olvidando de que, una vez los nuevos gobernadores tomen posesión de sus cargos, deben elaborar sus respectivos planes de desarrollo concertados con el gobierno nacional para asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones.

Al reunirse solo con los gobernadores que son considerados aliados, el presidente Petro está contribuyendo a la creación de una división innecesaria y perjudicial entre los gobernantes y, por ende, entre los ciudadanos que representan. La exclusión de algunos gobernadores elegidos no solo es un acto discriminatorio, sino que también limita el desarrollo de las entidades territoriales y contradice las promesas de Petro en cuanto a la construcción de un acuerdo nacional. Los gobernadores y alcaldes electos comparten la responsabilidad de trabajar en conjunto para el bienestar de la nación, independiente de sus diferencias políticas.

Gobernación de La Guajira emite decreto que fija nuevas elecciones en Fonseca: será este 17 de diciembre.

A través de un comunicado emitido por la Gobernación de la Guajira se informó que quedó fijada la fecha para las elecciones de alcalde y concejales del municipio de Fonseca para el 17 de diciembre. Es importante recordar que esta decisión se emite luego de que en las pasadas elecciones celebradas el 29 de octubre de 2023 en el municipio de Fonseca, se presentaron hechos de violencia y alteración de público.

Y donde luego de una evaluación realizada por delegados del Consejo Nacional Electoral, se pudo establecer que, la afectación electoral ocasionada por estos actos de violencia correspondió a un 42.27 % del potencial electoral del municipio. Lo que resultó en la destrucción y abandono de material electoral en tres de los doce puestos de votación, ubicados en la I. E. María Inmaculada, I. E. Calixto Maestre y Conejo.

En este comunicado se destaca que los tres puestos de votación en los que se presentaron alteraciones de orden público, se encuentran comprendidas un total de 41 mesas de votación con un potencial electoral, equivalente a 13.339 ciudadanos con la capacidad para ejercer el derecho al voto.

Un hombre fue capturado por agredir a un policía luego de que le solicitara una requisa

Durante acciones cumplidas por la Policía Nacional con el objetivo de asegurar la tranquilidad de la ciudadanía, un hombre fue detenido por el delito de agresión hacia un policía en Riohacha. En el patrullaje y control en la calle 14 D con la carrera 33, del barrio Nuevo Horizonte, los uniformados llevaron a cabo la captura de Nicolás Ignacio Ipuana Sijona.

La intervención se efectuó cuando el cuadrante solicitó un registro e identificación al ciudadano, quien, en lugar de cooperar, adoptó una actitud agresiva y violenta. En el altercado Ipuana Sijona arremetió contra uno de los uniformados de la patrulla, propinándole repetidos golpes en la rodilla izquierda. Como resultado de esta conducta, el individuo fue inmediatamente detenido en el lugar de los hechos.

Posteriormente, esta persona fue reducida y trasladado a las instalaciones de la URI, mientras el policial era atendido