Barrio San Martín celebró 52 años, pero pide mayor atención de la Alcaldía
El barrio San Martín de Valledupar celebró 52 años de fundación en la capital vallenata, sector en el que en su momento solo se podían evidenciar fincas habitadas por familias campesinas, pero que en el año 1968 su contexto social fue cambiando a una zona más urbana, con construcción de viviendas y la llegada de nuevas familias. En al año 1971 el barrio San Martín tuvo su primera personería jurídica ya como organización, desde entonces como barrio cumple 52 años de fundación. El barrio San Martín se encuentra habitado por cerca de 3.200 personas de acuerdo al último censo que se realizó en el sector, conformado por más de 300 viviendas.
Desde entonces, el San Martín se ha constituido como uno de los sectores que más ha guardado la tradición de celebrar sus años de existencia, al igual que otros sectores de la ciudad. Años en los cuales hemos mantenido la tradición, realizando varias festividades, sin embargo, estas se han reducido por temas de inseguridad y falta de apoyo por parte de la administración municipal”, manifestó Víctor Escobar, líder de la Junta de Acción Comunal del barrio. No obstante, como todo barrio de Valledupar, este también ha presentado situaciones que en los últimos años se han convertido en una problemática comunitaria que en cierta manera interrumpe la armonía y tranquilidad de los habitantes del San Martín.
Una de las situaciones que enfrenta la comunidad es la inseguridad que se presenta en el parque principal del sector, así como también la falta de alumbrado público en varias calles, lo cual ha sido manifestado a las entidades encargadas, pero hasta el momento no han visto respuesta a la solicitud. La comunidad, en medio de la celebración de un año más de fundación le piden a la administración que se posicionará para el periodo 2024-2027 que trabaje más en la problemática de los barrios de la ciudad.
Capturan a presuntos responsables del homicidio de funcionaria de Registraduría en Gamarra
En esta semana, la Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de cinco personas señaladas de ser las responsables del homicidio a Duperly Arévalo, funcionaria de la Registraduría en Gamara Cesar, durante una manifestación registrada el 28 de octubre que terminó en ataques y la quema de la sede de la organización electoral. Según el reporte del ente acusador, cuatro hombres y una mujer fueron capturados por agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) luego de una investigación de 14 días que los vinculó con los hechos.
“Los detenidos estarían involucrados en las agresiones a varios funcionarios que intentaban evitar que una multitud ingresara a la Registraduría Municipal, así como del posterior incendio y destrucción de la sede la autoridad electoral”, indicó el fiscal general, Francisco Barbosa. Estos hechos, que tuvieron lugar un día antes de las elecciones, estuvieron ligados con la revocatoria por orden del Consejo Nacional Electoral (CNE) a la candidatura de Fernando Márquez del partido “En Marcha” a la Alcaldía de Gamarra.
De acuerdo con el registrador nacional, Alexander Vega, su entidad tendría evidencia y material probatorio de que varios de los manifestantes pertenecían a la campaña de Márquez, como simpatizantes y candidatos al concejo de este municipio. “La manifestación la promovieron simpatizantes y candidatos al Concejo que apoyaban la candidatura de Fernando Márquez, avalado por el partido En Marcha y quien fue revocado por el CNE el 12 de octubre. Este señor inició con una narrativa de que él no estaba inhabilitado y convocó a una marcha que de pacífica no tuvo nada”, dijo Vega en entrevista con El Espectador.
Taxistas anuncian nuevo paro
Los conductores de taxi denuncian “engaños por el precio de la gasolina, inmovilizaciones por infracciones inexistentes y promesas incumplidas”. En la madrugada de este jueves 9 de noviembre un grupo de taxistas en Bogotá se tomó la calle 85 cerca de la Autopista Norte desde donde realizaron una caravana en protesta a varios incumplimientos en acuerdos alcanzados en pasadas reuniones con las autoridades. Tras la marcha de vehículos, unos cien taxis llegaron al sector del parque de los Hippies, cerca de la residencia de la alcaldesa Claudia López, en dónde anunciaron una nueva jornada de pato para el próximo 22 de noviembre.
Según manifestó Hugo Ospina, líder gremial de los taxistas, sigue existiendo molestia en el sector por los “engaños por el precio de la gasolina, las inmovilizaciones por infracciones inexistentes, y las promesas incumplidas”. “Se están abusando del gremio de taxistas. Cuatro años de inmovilización por supuestas infracciones inexistentes. Engaños con relación al precio de la gasolina. Promesas de combustibles económicos incumplidas.
El pasado 25 de octubre, los taxistas habían realizado otro paro en el que se presentaron varios bloqueos en puntos cruciales para la movilidad de los capitalinos. El conocido plan tortuga logró afectar el tránsito normal. Ahora, esta nueva jornada, pretende resolver las situaciones que no se lograron solventar en las mesas de diálogo anteriores con el Distrito y que hasta el momento solo ha aumentado la tensión entre las partes.
Investigan al comandante del Ejército colombiano por ordenar interceptaciones ilegales
El comandante del Ejército colombiano, el general Luis Mauricio Ospina, será investigado por la Procuraduría porque supuestamente ordenó hacer seguimientos e interceptaciones ilegales al profesor de inglés de su esposa, para lo cual lo vinculó como supuesto miembro de las disidencias de las FARC, informó este domingo el Ministerio Público. Al parecer, el general Ospina ordenó investigar a Leonardo Colmenares, profesor de inglés de su esposa, quienes entablaron una amistad a raíz de sus clases, lo que hizo que su esposo tuviera dudas sobre las verdaderas razones por las que se reunían periódicamente.
Para justificar esos seguimientos y escuchas ilegales, el general Ospina hizo pasar a Colmenares como integrante del frente Carolina Ramírez, de las disidencias de las FARC que comanda alias “Iván Mordisco”. El comandante del Ejército reconoció a la revista Semana que él dio la orden de investigar al profesor y culpó a sus subalternos de cualquier irregularidad que hubiesen podido cometer en este caso. De acuerdo con las denuncias publicadas en medios de comunicación, el alto mando militar, presuntamente, habría abusado de sus funciones y habría ordenado utilizar los servicios de inteligencia y contrainteligencia del Ejército, para fines personales.
La investigación disciplinaria de la Procuraduría busca determinar si, además, el general Ospina habría ordenado un montaje, acusando sin prueba alguna a un ciudadano de pertenecer a un grupo al margen de la ley, y así justificar dichos seguimientos. Igualmente, el órgano de control comprobará, a través de la recolección de testimonios, pruebas y documentos, si el actual comandante del Ejército habría incurrido en faltas disciplinarias, al abusar de su poder y usar los servicios de inteligencia y contrainteligencia, así como utilizar a subalternos, para fines alejados a los de la institucionalidad.
Sin temor de Dios, un ladrón entró a robar a una iglesia de Valledupar mientras celebraban la misa.
En la Iglesia católica Santa María del Camino, ubicada sobre la carrera 19D entre las calles 9ª y 10 del barrio El Amparo de Valledupar, quedó registrado en las cámaras de seguridad un asalto por parte de un sujeto que quedó plenamente identificado en los videos, que se han hecho virales en las últimas horas. Los hechos quedaron registrados en la mañana de este domingo, mientras se celebraba la misa dominical.
Mientras los feligreses oraban y el sacerdote celebraba la eucaristía, el ladrón aprovechó para ingresar al despacho y a la casa cural de la parroquia para tomar todos los elementos de valor material que se encontraran en el lugar. En las imágenes quedaron captados los momentos en que el hombre, de estatura media, tez morena, vestido con pantalón negro, camisa manga larga blanca, saco y zapatos del color del pantalón, se bajaba de una motocicleta, para luego ingresar a las habitaciones y arrasar con los elementos de valor.
El delincuente ingresó a varias de las habitaciones, caminó por el lugar, revisó las puertas y se aseguró de no estar rodeado de personas que pudieran detenerlo. Al conocerse el hecho, los sacerdotes dieron aviso a la Policía Nacional, cuyos funcionarios realizaron una inspección preliminar al lugar, determinando así que el ladrón se llevó dos computadores portátiles y un celular en un morral de color negro que llevaba consigo. A través de redes sociales, muchos internautas han lamentado el hecho, indicando también que este tipo de hechos son constantes en el barrio El Amparo.
La EPS Indigena Dusakawi continuará bajo vigilancia especial durante un año
La Superintendencia Nacional de Salud informó que continuarán las medidas de vigilancia especial aplicadas a la EPSI Dusakawi durante un año más, es decir, hasta el. Además, en la resolución informativa expedida por el ente de vigilancia y control se ordenó la puesta en marcha de acciones para fortalecer la atención de sus 258.000 afiliados en Cesar, La Guajira y Magdalena. Según la Superintendencia, la Asociación Indígena del Cesar y La Guajira (EPSI Dusakawi) no brinda garantías para el acceso oportuno a consultas médicas especializadas, la entrega oportuna de medicamentos así como demoras en la autorización para exámenes de laboratorio e imágenes diagnósticas.
Asimismo, pese a que se encuentra bajo vigilancia especial desde hace un par de años, los indicadores demuestran deficiencias en el manejo y control de la población materno-infantil, fallidas estrategias de promoción y prevención en salud para niños, pues se presentan casos de desnutrición, enfermedad diarreica y enfermedad diarreica que reciben tardíamente atención. Igual situación se presenta con las mujeres y niños con diagnóstico de sífilis. De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Salud, lo anterior evidencia la EPSI Dusakawi que no ha logrado superar las dificultades que motivaron la vigilancia especial.
Por ello y para brindar las garantías en salud a sus afiliados, la aseguradora debe llevar a cabo las algunas acciones, con carácter inmediato, entre ellas: Adelantar el proceso que determine el 100% de la identificación, alistamiento y presentación de cobros y recobros ante las entidades responsables de pago de servicios y/o tecnologías en salud. Adelantar una evaluación y reestructuración del proceso contractual, que permita garantizar el acceso oportuno y efectivo a los servicios y tecnologías en salud a la totalidad de la población afiliada.
85% de los casos de abusos sexual involucra a menores en Valledupar
Con el objetivo de concientizar a los padres y cuidadores sobre la importancia de vigilar y prevenir el abuso sexual infantil, la Secretaría Local de Salud y el Hospital Eduardo Arredondo Daza, a través del Plan de Intervenciones Colectivas, (PIC), se unen a la XII maratón contra el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en Valledupar, el pasado miércoles 15 de noviembre en la Institución Educativa Técnico La Esperanza.
Bajo el lema de este año «Mas unidos, más protegidos», se buscan establecer y promover compromisos para desarrollar acciones continuas que prevengan el abuso sexual a menores y fomentar la cultura de protección y denuncia. Según el reporte de las unidades generadoras de datos del Sivigila en Valledupar, se han registrado 257 casos de abuso sexual de los cuales el 85% se han registrado en menores de edad.
Las autoridades de salud enfatizan la importancia de la prevención y la responsabilidad de todos en la protección de los niños, de hablar con claridad y confianza con ellos sobre los riesgos que enfrentan. Dentro de la programación de la jornada, está el encuentro comunitario, apertura de la maratón, firma del pacto para la prevención del abuso sexual con menores de edad. Datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses revelan que cada hora, aproximadamente dos niños o niñas fueron víctimas de este delito, en la mayoría de los casos por un integrante de su familia y en su propia vivienda.
Aumento del precio de los peajes “es un golpe bajo”, dicen los transportadores
A través de un proyecto de decreto, el Ministerio de Transporte tiene todo listo para empezar a incrementar las tarifas de los peajes del país, las cuales están congeladas en su mayoría. En el plan que las carteras de Transporte y de Hacienda tienen listo, se espera que las tarifas de los peajes en Colombia se normalicen antes de finalizar el primer semestre del próximo año. Por ese motivo, dichos incrementos se empezarían a realizar de forma gradual con el fin de evitar un impacto negativo en las finanzas de los colombianos. Esa decisión fue criticada recientemente por los transportadores de carga, al asegurar que fue errónea puesto que estiman que al momento de que empiecen los respectivos ajustes de las tarifas, habrá sobrecostos que muchos transportadores no podrán soportar.
En total son 113 peajes por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y 29 estaciones de peajes por parte del Instituto Nacional de Vías (Invías) que empezarían con el respectivo ajuste. Sin embargo, esta decisión no ha caído bien en el gremio de los transportadores. Ánderson Quiceno, director de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), aseguró en diálogo con La W que para ellos es “un golpe bastante bajo”, pues las medidas del Gobierno en materia de peajes son “antiguas en relación con lo que tiene que ver con los términos tecnológicos tanto de operación como de adquisición de recursos para la financiación de la estructura vial”.
Acerca de la posibilidad de un paro de transportadores, Quiceno aseguró: “Cualquier gremio de orden nacional habla de paro. Otra cosa es que se sienten a concretar esta idea, pues lleva consigo una declaratoria de asamblea permanente, un pliego de condiciones y se agotan requisitos con el Gobierno Nacional. Eso no quiere decir que se haga un paro de forma inmediata, pero el Gobierno tiene que hablar con todos, no sentarse a hablar con tres o cuatro”. Se debe recordar que el congelamiento de los peajes se adoptó por parte del exministro de Transporte, Guillermo Reyes, ante el alto índice de la inflación con el que empezó el 2023.
En una carta, firmada por Víctor Manuel Escobar, los ancianos denuncian que el Mello Castro no les ha dado la comida a que tenían derecho durante el año.
Según los abuelitos, el Mello Castro no les ha dado la comida que les pertenece en el año y en la semana únicamente les da hasta el día viernes. Denuncian que las ayudas de la tercera edad también se las tienen embolatadas, ya que estaba programado para los dos primeros meses del año del 2023 y cada vez que van al CDV los aplazan para una nueva fecha el que venga el próximo mes y así se la han pasado todo el año, dijo el firmante.
Los adultos mayores, se preparan a elevar la denuncia ante la Procuraduría General de la Nación y ante la Presidencia de la República, porque ya se termina el año y de lo contrario todo va a quedar así. En concreto, los ancianos de Valledupar solicitan aumento de los subsidios y cumplimiento en la ración alimentaria.
Contraloría detectó hallazgos fiscales por valor de $12.088 millones para cumplir fallo sobre niños wayuu en La Guajira.
Con 21 hallazgos fiscales por $12.088 millones, 72 de carácter disciplinario y la solicitud de apertura de Indagación Preliminar por un total de $99.000 millones sobre 3 contratos suscritos por el Ministerio del Interior, entre otros resultados, concluyó la Actuación Especial de Fiscalización Intersectorial que adelantó la Contraloría General de la República en el marco del seguimiento a las órdenes contenidas en la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional. Mediante dicha sentencia de tutela, la Corte declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional, con relación al goce efectivo de los derechos fundamentales a la alimentación, la salud, el agua potable y a la participación de los niños y niñas del pueblo wayuu.
Un experto equipo auditor, integrado por funcionarios de 9 Contralorías delegadas sectoriales, 2 Contralorías delegadas generales, la Unidad de Regalías y la Gerencia Departamental de la CGR en La Guajira, verificó el impacto en la comunidad de las acciones realizadas por 42 entidades estatales del orden nacional y municipal que invirtieron recursos cercanos a los $2.1 billones en las vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022, en pro del cumplimiento de los objetivos constitucionales mínimos plasmados en la sentencia.
A pesar de las cuantiosas inversiones realizadas, la CGR evidenció falta de articulación entre las entidades, tanto del orden Nacional, como del orden Territorial y las Comunidades Indígenas. El Vicecontralor en funciones de Contralor General de la República, Carlos Zuluaga Pardo, entregó adicionalmente algunas conclusiones preocupantes de este informe. Las acciones que reportaron las entidades objeto de revisión tienen que ver con el normal desarrollo de sus actividades misionales, evidenciando que existe una ausencia de destinación de recursos específicos para la atención de lo solicitado en la sentencia T-302 de 2017 durante las vigencias auditadas.
¿Dónde queda la unidad nacional?
Según el Columnista – Luis Alonso Colmenares Rodríguez, la reciente reunión del presidente Gustavo Petro con tan solo 15 de los 32 gobernadores electos para el próximo período de gobierno 2024-2027, ha dejado por fuera a la mayoría de los elegidos, sembrando dudas sobre la imparcialidad y la inclusión en el gobierno nacional. En virtud del artículo 115 de la Constitución, el presidente es jefe de Estado, jefe de gobierno y máxima autoridad administrativa; asimismo el artículo 188 establece que el presidente de la República simboliza la unidad nacional y está obligado a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos.
Al actuar de manera selectiva con los gobernadores, está olvidando la responsabilidad que conlleva esa posición. La exclusión de gobernadores elegidos envía un mensaje preocupante sobre la forma de manejar las relaciones políticas. Además, al tenor de lo dispuesto en el artículo 339 de la Constitución Política, también se está olvidando de que, una vez los nuevos gobernadores tomen posesión de sus cargos, deben elaborar sus respectivos planes de desarrollo concertados con el gobierno nacional para asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones.
Al reunirse solo con los gobernadores que son considerados aliados, el presidente Petro está contribuyendo a la creación de una división innecesaria y perjudicial entre los gobernantes y, por ende, entre los ciudadanos que representan. La exclusión de algunos gobernadores elegidos no solo es un acto discriminatorio, sino que también limita el desarrollo de las entidades territoriales y contradice las promesas de Petro en cuanto a la construcción de un acuerdo nacional. Los gobernadores y alcaldes electos comparten la responsabilidad de trabajar en conjunto para el bienestar de la nación, independiente de sus diferencias políticas.
Gobernación de La Guajira emite decreto que fija nuevas elecciones en Fonseca: será este 17 de diciembre.
A través de un comunicado emitido por la Gobernación de la Guajira se informó que quedó fijada la fecha para las elecciones de alcalde y concejales del municipio de Fonseca para el 17 de diciembre. Es importante recordar que esta decisión se emite luego de que en las pasadas elecciones celebradas el 29 de octubre de 2023 en el municipio de Fonseca, se presentaron hechos de violencia y alteración de público.
Y donde luego de una evaluación realizada por delegados del Consejo Nacional Electoral, se pudo establecer que, la afectación electoral ocasionada por estos actos de violencia correspondió a un 42.27 % del potencial electoral del municipio. Lo que resultó en la destrucción y abandono de material electoral en tres de los doce puestos de votación, ubicados en la I. E. María Inmaculada, I. E. Calixto Maestre y Conejo.
En este comunicado se destaca que los tres puestos de votación en los que se presentaron alteraciones de orden público, se encuentran comprendidas un total de 41 mesas de votación con un potencial electoral, equivalente a 13.339 ciudadanos con la capacidad para ejercer el derecho al voto.
Un hombre fue capturado por agredir a un policía luego de que le solicitara una requisa
Durante acciones cumplidas por la Policía Nacional con el objetivo de asegurar la tranquilidad de la ciudadanía, un hombre fue detenido por el delito de agresión hacia un policía en Riohacha. En el patrullaje y control en la calle 14 D con la carrera 33, del barrio Nuevo Horizonte, los uniformados llevaron a cabo la captura de Nicolás Ignacio Ipuana Sijona.
La intervención se efectuó cuando el cuadrante solicitó un registro e identificación al ciudadano, quien, en lugar de cooperar, adoptó una actitud agresiva y violenta. En el altercado Ipuana Sijona arremetió contra uno de los uniformados de la patrulla, propinándole repetidos golpes en la rodilla izquierda. Como resultado de esta conducta, el individuo fue inmediatamente detenido en el lugar de los hechos.
Posteriormente, esta persona fue reducida y trasladado a las instalaciones de la URI, mientras el policial era atendido médicamente en un centro asistencial.
lOS USUARIOS SOMOS PAGANINIS DEL APAGÓN REGULATORIO DE LA CREG
Situación difícil, de larga data, extenuante para los habitantes del Caribe, en la que el Ministerio de Minas y Energía, en cabeza del ingeniero eléctrico Omar Camacho, no ha mostrado la diligencia esperada. En primer lugar, aparece el riesgo regulatorio que bien podría declararse como un apagón consumado. Es inédito como desconcertante que en un momento crítico como el actual, ad portas de lo más duro de ‘El Niño’, la CREG no tenga capacidad de tomar ninguna decisión normativa ni regulatoria para encarar actuaciones de generadores, transmisores, comercializadores u otros agentes del mercado en relación.
La inexplicable dilación en el nombramiento de los comisionados expertos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ha acentuado el riesgo de un triple apagón en el sistema energético colombiano. ¿Qué tan reales podrían ser estas amenazas advertidas al Gobierno nacional de manera insistente durante los últimos meses por la Contraloría General, la Procuraduría, exministros de Minas y Energía, actores del sector y hasta los mismos usuarios? Por lo pronto, el fantasma de vacío institucional en la ahora desmantelada CREG, encargada de regular el mercado de la energía, se convirtió ya en una preocupante realidad, que coincidió con un incremento del 19 % en el valor de las tarifas en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Es inédito como desconcertante que en un momento crítico como el actual, ad portas de lo más duro de ‘El Niño’, la CREG no tenga capacidad de tomar ninguna decisión normativa ni regulatoria para encarar actuaciones de generadores, transmisores, comercializadores u otros agentes del mercado en relación, por ejemplo, con la conformación del volátil precio de la energía en bolsa, o de las tarifas, porque no cuenta con quórum necesario. Así que volvemos al mismo punto de partida. Las decisiones regulatorias del sector energético pasan por las manos de la CREG, pero si no está integrada no delibera ni existe.
¿Cómo avanza el proceso judicial contra el concejal electo Leo Mestre?
El pasado 29 de octubre, Leonardo José Mestre Socarrás fue elegido concejal de Valledupar con 3.116 votos (pre conteo). Avalado por el partido Conservador, Mestre volvió al Concejo tras cuatro años ‘fuera’ de la política y defendiéndose dentro del proceso que siguen en su contra por la presunta participación en el ‘Cartel de la chatarrización’. Leo Mestre fue capturado en el 2017 siendo concejal y luego dejado en libertad en el 2018, acusado de dirigir junto a otros funcionarios de la Secretaría de Tránsito un desfalco por el orden de los $2.310 millones.
El proceso judicial no ha registrado avances en los últimos 6 años. Desde el 2017, cuando se vinculó a los exfuncionarios al proceso penal, el caso se encuentra en la etapa preparatoria. En esta fase las partes deben compartir todas las pruebas que harán valer en el juicio oral. Leo Mestre asegura que “ya está demostrado que no hubo ningún peculado de $2.300 millones”, como inicialmente se le acusó. En su opinión, este pleito judicial no impide el ejercicio de sus funciones como concejal. Además, dice tener pruebas para demostrar su inocencia. “En las audiencias de imputación simplemente leyeron unos cargos, pero no se pudo hacer la aclaración. Las pruebas las mostraremos en el juicio, por eso el más afanado que el proceso avance soy yo”, concluyó.
De 2014 a 2015, la Secretaría de Tránsito de Valledupar radicó documentos para que 52 carros fueran sometidos al proceso de chatarrización del Ministerio de Transporte, quienes pagaban entre $35, $50 y hasta $70 millones a cambio. El objetivo era modernizar el parque automotor de carga y sacar de circulación los vehículos viejos y obsoletos que generaban contaminación. Pero según la Fiscalía, esos vehículos no cumplían con los parámetros establecidos por el Estado, entre las que se encontraban que el vehículo estuviera registrado en el Runt, estuviera activo en la prestación de servicio, libre de gravámenes, tener un peso de 10.500 kilogramos, entre otros.
Cayó sindicado de mandar a matar a su exmujer en Valledupar
Han transcurrido 11 meses del asesinato a balas de Mabel De Los Reyes Escobar Muñoz y tras la detención del presunto autor material, el CTI hizo efectiva una captura contra el excompañero sentimental de la mujer, quien es sindicado de mandar a perpetrar el crimen. Se trata de Edgardo Bermúdez Bermúdez, de 50 años, quien fue sorprendido por los investigadores en Distracción, municipio de La Guajira al que habría ido a refugiarse de las autoridades.
Las investigaciones del crimen, ocurrido el 12 de diciembre de 2022 en las torres de Leandro Díaz, sur de la capital del Cesar, dan cuenta de que Bermúdez presuntamente le pagó a dos sicarios para que acabaran con la vida de Mabel De Los Reyes. La mujer había decidido terminar la relación debido a los constantes ataques de celos de su expareja y él no aceptaba la separación. Por mucho tiempo la acosó, incluso ella grabó videos donde dejaba constancia de ello y también había realizado las denuncias ante las autoridades.
Por estos mismos hechos, en febrero de 2023 fue capturado Osmer Enrique Mendoza Rodríguez, de 37 años, quien condujo la motocicleta que transportó al sicario identificado como Albeiro Torres Mejía, alias Azul, que aún se encuentra prófugo de la justicia. Además, la Fiscalía comprobó que el domingo 8 de diciembre de 2022 Bermúdez habría estado merodeando en el sector del barrio Villa Jaidith de Valledupar, cerca de una iglesia pentecostal donde se encontraba Mabel de los Reyes. El 12 de ese mismo mes, la víctima fue asesinada a tiros.
Indignación por el traslado a una cárcel de Riohacha, donde vivía, del condenado por asesinato de madre e hija.
Según se conoció Rubiel Díaz Londoño, capturado recientemente por el asesinato de Estela Toro Arias y Leonela Torres Arias, el pasado 9 de diciembre de 1997, en la Vía al Mar, fue “beneficiado” con un traslado desde la Penitenciaria de El Bosque, hasta la Cárcel de Riohacha, La Guajira. Este hombre fue detenido a inicios del mes de mayo del presente año, curiosamente también en Riohacha, luego de permanecer como prófugo de la justicia cerca de 26 años. Fuentes del Inpec confirmaron que al parecer Díaz Londoño, junto a su abogado, estaban buscando este traslado desde hace mucho tiempo, y al final fue logrado el primero de noviembre.
Por su parte, Arlex Torres, hijo y hermano de las fallecidas, afirmó que es triste que esto haya ocurrido: “Me parece una noticia triste e indignante, no solo para nosotros las víctimas, sino la sociedad en general, las mujeres, que este criminal, feminicida, le hayan otorgado un traslado a su zona de confort”. Esta indignación se debe por supuesto a que el condenado vivía en esa región del país y está casado con una mujer “poderosa” de la zona: “Él vivía allá. Estaba escondido en Riohacha, pues su núcleo familiar es de allá. Siento que lo que él pretende es eso, buscar jugadas jurídicas, como una casa por cárcel y cosas así, pero lamentablemente esta es la justicia que nosotros tenemos”, agregó.
“Espero que las autoridades investiguen bien el caso y los órganos de control estén vigilantes sobre este condenado”, declaró Torres. Por otro lado, desde la Dirección Regional del Inpec manifestaron que solo “siguieron órdenes”. “Estaba en Barranquilla y la Dirección General del Inpec recibió una instrucción de trasladarlo. Esto fue por una solicitud de la Oficina de Paz”, dijeron.
El Parqueadero Municipal de Valledupar, entre maleza y vehículos inmovilizados
El Parqueadero Municipal de Valledupar, ubicado exactamente sobre la avenida 44, y al lado de la Terminal de Transporte, se encuentra en pésimas condiciones debido a que la maleza sobrepasa a los vehículos que permanecen en este lugar tras haber sido inmovilizados en algún procedimiento policial o de tránsito. En este parqueadero hasta el 30 de septiembre de este año había un total de 8.765 motocicletas y 352 carros, muchos de estos automotores tienen años de estar ahí, bajo sol y lluvia, convirtiéndose en chatarra y guarida para animales roedores.
Esta situación está incomodando a los habitantes de la urbanización OGB, la cual está en la parte posterior, al igual que los residentes del barrio Veinticinco de Diciembre. En temporadas de lluvias, como la actual, el agua que queda represada se resume a dichos sectores, además de la proliferación de zancudos y moscas. Sindy Daza, habitante de OGB indicó que, “Se han hecho varios requerimientos a la Alcaldía, pero no hemos tenido respuesta, por estos días de intensas lluvias la situación se complica y por ello pedimos que le hagan una intervención al parqueadero”.
La administración del parqueadero está a cargo de la Terminal de Transporte de Valledupar, bajo la gerencia de Andrés Camilo Castro, quien explicó que en este año se han realizado dos limpiezas, la más reciente fue el 15 de agosto. Luego se fumigó todo el parqueadero. “Decirle a los vecinos que presupuestalmente se hacen tres mantenimientos al año y ya nos queda uno por hacer, lo cual dará tranquilidad al sector”, puntualizó Andrés Camilo Castro.
Indígena arhuaco habría abusado de su hijastra de 13 años en César
La Fiscalía General de la Nación logró que el Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de control de garantías de Valledupar impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra un integrante de la comunidad Arhuaca, judicializado como presunto responsable del abuso sexual de su hijastra.
La Fiscalía imputó al procesado como presunto responsable de los delitos de actos sexuales con menor de 14 años agravado y acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. La investigación inició tras una denuncia en la que se da cuenta de una menor de 13 años de edad perteneciente a la misma etnia quien fue abusada sexualmente por el compañero sentimental de su madre.
Agresiones que se habrían presentado en varias oportunidades, y para ello el agresor, habría recurrido a la violencia física y moral. La defensa del procesado planteó ante el Juez de Garantías un conflicto de jurisdicciones, la cual no fue aceptado.
Destruyen unas 12 mil plántulas de especie nativa en vivero en La Jagua del Pilar
El director de la Asociación Municipio Zona Sur Guajira, Rafael Augusto Soto, dijo a los medios de comunicación que varios vándalos ingresaron al vivero ubicado en la finca La Retirada, en La Jagua del Pilar, y destruyeron indiscriminadamente unas 12 mil plantas y plántulas de especie nativa de la región que estaba en proceso de reforestación. El hecho ocurrió el pasado 12 de noviembre en horas de la noche cuando personas inescrupulosas y de manera irregular ingresaron al lugar para cometer su fechoría. El vivero afectado se encuentra ubicado a unos 5 kilómetros de la cabecera municipal, detrás de las instalaciones del Ecoparque. Este vivero es supervisado por la Asociación de Municipios Zona Sur de La Guajira.
A pesar de todo el daño causado, se está trabajando con un equipo de funcionarios de la Administración municipal para salvar la mayoría de esa plantación. Soto dijo que hay algunas versiones que indican que este hecho ambiental se realizó para perjudicar el programa que se adelanta en beneficio del medio ambiente en el municipio. Las plantaciones afectadas están conformadas por caracolí maderable, y robles entre otras especies que iban a ser reincorporadas al ambiente dónde ya estaban germinando, proceso para ser reincorporadas en los próximos días en las zonas aledañas al municipio para la reforestación sobre las cuencas de los ríos y las fuentes hídricas que alimentan a los municipios de la Jagua del Pilar y Urumita, La Guajira.
Por su lado el alcalde Waldin Soto Durán manifestó su desconcierto sobre ese crimen cometido en el vivero por personas desadaptadas y enemigas de la población. El burgomaestre expresó su preocupación por los hechos y repudió esa actitud, al tiempo que indicó que instaurará la respectiva denuncia para castigar a los responsables de ese hecho atroz. El director de la Asociación Municipio Zona Sur Guajira, puntualizó que más allá del daño económico se trata de un daño ecológico al municipio y a las fuentes hídricas de la región.
Sala Especial de Primera Instancia condena al exgobernador de La Guajira Álvaro Cuello
La Corte Suprema de Justicia condenó a 72 meses y 1 día de prisión al exgobernador del departamento de la Guajira, Álvaro Cuello Blanchar, como autor del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, al tiempo que absolvió al exmandatario Hernando Deluque. En sala dual, ante la aceptación del impedimento manifestado por uno de los tres magistrados, la Sala Especial de Primera Instancia halló a Cuello Blanchar responsable de irregularidades registradas en el trámite y celebración del denominado “Convenio de Cooperación” entre la Gobernación y la Constructora Limos, para construir 150 viviendas de interés social (II Etapa de la urbanización Villa Sharín) en Riohacha, en la vía a Valledupar.
De acuerdo con la sentencia, el entonces mandatario, en calidad de oferente del proyecto, transgredió los principios de planeación, transparencia y selección objetiva al desatender su deber de garantizar, previo a la suscripción del contrato estatal, la selección, evaluación y aprobación económica, administrativa, financiera, jurídica y técnica del proyecto y del constructor. Entre otras irregularidades, la Sala determinó que Cuello Blanchar “ofertó y consintió la ejecución de un proyecto de vivienda de interés social que carecía de redes de alcantarillado, lo cual desencadenó una problemática social e hidrosanitaria de gran impacto”.
En la misma providencia, la Corte absolvió al también exgobernador de la Guajira, Hernando David Deluque Freyle, enjuiciado por peculado por apropiación en favor de terceros al haber autorizado el desembolso de pagos en favor de la Constructora Limos entre febrero de 2001 y mayo de 2002, pese a que el proyecto de vivienda enfrentaba graves inconvenientes que trastornaban su terminación y entrega. A juicio de la Sala, se demostró que Deluque Freyle actuó en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato estatal suscrito por su antecesor, el cual le imponía el deber de cancelar los peculios cuestionados, previa verificación del cumplimiento de ciertos requisitos, los cuales fueron verificados y acreditados por la interventoría del proyecto.
Cuatro anuncios del ministerio de minas y energías ratifican compromiso con La Guajira
Luego de una ardua jornada del ministro de minas y energías, Andrés Camacho en La Guajira, este informó que fueron cuatro los anuncios que ratifican el compromiso del gobierno nacional con el departamento. Estos anuncios los realizó el ministerio teniendo en cuenta que la Corte Constitucional declaró inexequible los decretos de emergencia social, económica y ecológica en el territorio. Por ello, Andrés Camacho, reveló que “la Corte Constitucional definió declarar inexequibles los decretos de emergencia destinados a atender las problemáticas de La Guajira, sin embargo, aquí estamos para ratificar nuestro compromiso con este territorio.
Los anuncios son: presentación de un Proyecto de Ley Guajira de superación de la pobreza energética con transición energética justa, orientada al desarrollo de la región y la garantía de condiciones de vida digna para las comunidades. Instalación del Comité Tripartito por la Transición Energética en La Guajira, integrado por comunidades del pueblo wayuu, empresas del sector energético y el Gobierno Nacional. “Este hecho histórico para La Guajira tiene el objetivo de fortalecer la participación y el seguimiento a los proyectos de energías renovables en el departamento”, advirtió el funcionario.
Otro anuncio fue que el equipo del Ministerio de minas y energías instalaron en La Guajira un refuerzo para que haya una mayor presencia en el territorio y atienda las necesidades de la gente. “Honramos el pacto con las comunidades, las entidades y el gobierno territorial”, indicó el encargado de la cartera. Al igual que, junto al Ministerio de Ambiente se seguirá en el fortalecimiento de Corpoguajira. “De parte del Ministerio de minas y energías dispondremos de un profesional en el equipo ambiental, para revisar con detalle el licenciamiento que viabilicen los proyectos planeados para el departamento”, sostuvo.
Corte Constitucional tumbó otros dos decretos emitidos por Petro por la emergencia en La Guajira
La Corte Constitucional continúa estudiando los decretos para atender la emergencia económica, social y ecológica declarada en La Guajira propuestos por Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro. Dos nuevos decretos fueron analizados en esta oportunidad, relacionados con temas de agricultura, desarrollo rural y recursos provenientes del Sistema General de Regalías y las medidas para la implementación de estos recursos.
Luego de su estudio, la Corte explicó que “Los efectos de la decisión fueron diferidos por un año respecto de la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua”, y precisó que los decretos de medidas adoptados “deberían ser revisados a partir de los criterios de conexidad y estricta necesidad, entre otros criterios constitucionales y jurisprudenciales”. En el caso del Decreto 1275 de 2023, referente a la focalización de los recursos provenientes del Sistema General de Regalías, la Corte difirió sus efectos a dicho tiempo por ser recursos indispensables para satisfacer las necesidades de agua.
Respecto del Decreto 1273 de 2023, relacionado con proyectos de agricultura y desarrollo rural, los efectos de la decisión también quedaron diferidos a un año, término que dio el tribunal para que el actual Gobierno empiece a tramitar un proyecto de ley con el fin de regular el uso del agua para proyectos desarrollados en la región. La Corte Constitucional señaló que, mientras el Gobierno tramita dicho proyecto, se permitirá el uso del agua en proyectos agrícolas una vez se haga la respectiva solicitud ante las autoridades competentes.
Con un cuchillo de la cocina un hombre intentó matar a una mujer en Fonseca
Hasta una clínica en Valledupar, fue trasladada Marian Yissell Brito Carrillo, de 29 años, quien fue atacada por un hombre desconocido y la apuñaló en el rostro y el cuello, en hechos ocurridos en un establecimiento nocturno del municipio de Fonseca, La Guajira. Desde el centro asistencial, la fémina relató como el sujeto, la atacó con un cuchillo que poco antes, obtuvo de la cocina del establecimiento comercial
La mujer, quien estaba departiendo con una amiga en el balcón del establecimiento abierto al público, manifestó que nunca había compartido con la persona que la agredió ni sabe de quien se trata. “Estábamos sentados en el balcón de la Fonda Paisa, de repente el sujeto se levantó llega a la cocina y al regresar solo dijo: ‘ustedes se van a llevar un recuerdo’, de inmediato sacó el cuchillo de la pretina del pantalón y me hizo la primera cortada en el rostro”, explicó.
Agregó que su amiga intentó defenderla, pero se cayó y el hombre aprovechó para propinarle la segunda puñalada en el cuello. Mal herida logró encerrarse en una pieza y cierra la puerta, luego bajó pidiendo ayuda. En el lugar se encontraban otras personas que servirán como testigo para las investigaciones de este repudiable hecho. El agresor, identificado como José Isidro Sánchez Agudelo, de 47 años y natural de Antioquía, fue capturado y judicializado por un Juez Promiscuo Municipal de Garantías a solicitud de la Fiscalía Local URI de Fonseca. Entre tanto, se conoció que este ataque sería por temas pasionales, sin embargo, las autoridades investigan otras hipótesis que permitan aclarar el caso.
75% de casos de reclutamiento corresponden a niños indígenas según la Defensoría
En lo que va del año, la Defensoría del Pueblo ha conocido 166 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes a través de su ‘Botón de registro de casos’, lo que indica el 75% del total de casos conocidos por la entidad. Sin embargo, hay un subregistro grande debido al silencio de las familias, pues temen ser víctimas de hechos como desplazamientos, amenazas y, en el peor de los casos, asesinatos, todo ejercido por los grupos armados ilegales. De los casos reportados a la entidad, el 59,6% corresponde a niños y adolescentes y el 40,3%, a niñas y adolescentes, lo cual indica una afectación diferencial por condiciones de género.
Los departamentos con mayor número de casos reportados este año son Cauca, con 124; Nariño, nueve; Arauca y Putumayo, cada uno con seis, y Caquetá, con cinco casos. Los departamentos de frontera y con alto flujo migratorio también se ven afectados por este fenómeno, a ello se suma el control territorial y social que ejercen los actores armados, lo cual hace más difícil que familias, lideresas y líderes sociales y sociedad en general denuncien. En el 2023 han sido emitidas 35 Alertas Tempranas por la Defensoría del Pueblo, 29 están relacionadas con riesgo de reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes.
Desde el 2021, cuando la entidad habilitó el ‘Botón’, ha sido reportado un total de 344 casos, de los cuales el 48% corresponde al 2023; es decir, ha habido un aumento proporcional del delito. Facciones disidentes de las Farc registran el mayor número de casos (con el 91,1%), les siguen el ELN (7%), otro (1,3%) y los grupos pos desmovilización AGC – Clan del Golfo, Bloque Virgilio Peralta Arenas, conocido también como Los Caparros (0,6%). “A la institucionalidad, le solicitamos fortalecer los entornos protectores y generar estrategias que permitan prevenir esta grave violación a los derechos humanos”, enfatizó Carlos Camargo Assis.
Varias Clínicas de La Guajira están en emergencia por deudas de las EPS
La Asociación de Empresas de Salud de La Guajira (ASEMPS) envió una carta al viceministro de Salud, Luis Alberto Martínez, en la que declara el estado de emergencia de 11 clínicas de ese departamento a causa de la falta de pago de las Empresas Promotoras de Salud (EPS). “La cartera vencida de todas las EPS vigentes asciende a alrededor de $239.993 millones”, de acuerdo con ASEMPS.
A la Clínica Maicao le deben $42.642 millones; a Medicenter $2.593 millones; a la Clínica de Alta Complejidad San Juan Bautista, más de $60.000 millones, y con la Clínica de Especialistas La Guajira la deuda es de $6.168 millones. A Clinivida le adeudan $16.446 millones, mientras que en la Unidad Materno Infantil Talapuin $13.003 millones; a Gyo Medical $ 29.566 millones; al Centro Diagnóstico de Especialistas 20.581 millones; a la Unidad de Cuidados Intensivos Renacer $28.624 millones; a la Clínica Someda un valor de $12.626 millones y a Anashiwaya $7.734 millones.
Según la asociación, las clínicas tienen flujo de caja hasta el 30 de noviembre de este año, lo cual pone aún más en riesgo la atención de los pacientes, el suministro de medicamentos, el pago de servicios públicos y podría generar el cese de actividades de las empresas en uno de los departamentos con más pobreza y problemas de salud del país. No obstante, el Gobierno nacional ha cuestionado las deudas de las EPS, de hecho, los problemas con estas empresas han motivado la reforma a la salud que cursa en el Congreso de la República.
Sanitas salta de un proveedor a otro y es el mayor deudor de hospitales y clínicas: MinSalud
En Colombia, las discusiones sobre el sistema de salud se muestran cada vez más complejas. Y no es para menos. Asuntos como el creciente desabastecimiento de medicamentos y la iliquidez financiera de algunas EPS no ofrecen el mejor contexto.
A las agudas discusiones de la reforma a la salud en el Congreso de la República, que ya va por su segunda legislatura allí, se suman la situación de la EPS Sanitas y su deuda con el dispensario de medicamentos Cruz Verde. Si bien la empresa pudo atender la crisis de negación a la entrega de medicamentos no PBS por parte de la Cruz Verde a sus pacientes, el Gobierno Nacional insiste en que la responsabilidad radica en manejos inadecuados de sus finanzas.
La EPS, por su parte, alega que la iliquidez financiera y las deudas, que cada vez se acumulan en cifras más grandes, se debe a los incumplimientos estatales en la entrega de los recursos completos con los que funciona el sistema de salud colombiano. El jefe de cartera expresó que los retrasos para tomar decisiones sobre la reforma se deben a su amplia discusión y reprochó el manejo de la crisis aplicado por Sanitas.
