El monto del salario mínimo para el año 2026 quedó en $ 1’750.905 de pesos (Un millón setecientos cincuenta mil novecientos cinco pesos) y un auxilio de transporte de $ 249.095 pesos (un salario mínimo y un auxilio de transporte suman en total $ 2’000.000 de pesos), decretado por el gobierno nacional después que no hubiera acuerdo entre las partes en la mesa de concertación.
Con la TRM del 30 de diciembre de 2025, el salario mínimo 2026 en Colombia equivale a $471.17 dólares estadounidenses ($539.52 dólares si se incluye el subsidio de transporte).
Este valor se estableció por la presidencia de la república luego de evaluar las posiciones de los representantes de los sindicatos, gremios de empresarios y pensionados, en cumplimiento con el mandato de la Constitución Política de Colombia en su artículo 56.
Las negociaciones del aumento en el salario mínimo en Colombia para el 2026 se desarrollaron en un contexto de inicio de campaña electoral, desafíos en las cuentas fiscales del país, críticas por el incremento en el número de empleados del gobierno central, un bajo desempleo histórico, y buscando proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y mantener el dinamismo en el mercado laboral frente a las proyecciones de inflación y tasas de interés para el nuevo año.
El incremento del salario mínimo para 2026 es del 23.00% frente al millón cuatrocientos veintitrés mil quinientos pesos ($ 1’423.500) del salario mínimo en 2025 (lo que representa un aumento de +$327.405 pesos). Este nuevo valor rige a partir del 1 de enero de 2026, junto con un incremento del 24.55% en el subsidio de transporte (+$49.095 pesos). En total, el incremento combinado que percibirán los empleados que devengan un salario mínimo con subsidio de transporte es del 23.19%, equivalente a un total de +$376.500 pesos adicionales respecto al año anterior.
Esta decisión representa un ajuste significativo en términos reales, situando la remuneración básica total (salario + transporte) en la cifra redonda de los dos millones de pesos.
Tras casi un mes de discusión sobre el incremento del salario mínimo para 2026 y luego de que no se lograra un consenso en la mesa de concertación, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que el nuevo ajuste salarial se haría bajo el concepto de ‘salario mínimo vital’, que, por primera vez, se menciona de manera abierta en la política salarial del país.
La decisión quedó manifestada en el decreto presidencial y está inspirada en los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que promueven un salario suficiente para garantizar condiciones de vida dignas a los trabajadores y sus familias.
“El salario es familiar, no individual, y ese concepto va en el decreto”, afirmó el mandatario durante su alocución, al señalar que el ingreso laboral no puede limitarse únicamente a compensar inflación o productividad, teniendo en cuenta que de un salario depende, a veces, una familia completa.
Ante la falta de consenso, el Gobierno fue el encargado definir el incremento, tal como lo establece la Ley 278 de 1996, que regula la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. De acuerdo con esta norma, el Gobierno tiene hasta el 30 de diciembre para fijar el nuevo salario.
¿Qué es el salario vital?
La OIT define el salario vital como “el ingreso necesario para asegurar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias”, teniendo en cuenta el contexto económico de cada país y calculado sobre una jornada laboral normal. Este modelo no es más que una forma de analizar si el ingreso alcanza a cubrir las necesidades esenciales que contempla el modelo en cuestión, teniendo como resultado un mayor bienestar y acceso efectivo a bienes y servicios fundamentales.
El salario deja de ser únicamente una variable económica y se convierte en una herramienta de justicia social, orientada a garantizar condiciones básicas de vida para los hogares trabajadores.
Los componentes que define la OIT
Actualmente la OIT establece una serie de componentes que deben ser considerados al estimar un salario vital. Entre ellos se encuentran:
• Alimentación suficiente y nutritiva, que cubra las necesidades básicas del hogar.
• Vivienda digna y servicios públicos, como agua, luz y gas, que permitan estabilidad familiar.
• Acceso a salud y seguridad social plena.
• Educación, considerada imprescindible para las oportunidades futuras del núcleo familiar.
• Transporte y otros gastos cotidianos.
Para la OIT, la fijación de salarios debe encontrar un equilibrio entre las necesidades de los trabajadores y las condiciones económicas del país, como la productividad, el crecimiento económico, el empleo y los niveles de informalidad. De ahí que, el salario mínimo vital no sólo se manifieste en ingresos justos para los ciudadanos sino también en políticas orientadas a fortalecer la productividad, incentivar la formalización laboral y promover prácticas empresariales sostenibles.
Vivir con dignidad, no solo subsistir
El debate sobre el salario mínimo vital también tiene sustento constitucional. El artículo 53 de la Constitución Política establece que la remuneración debe ser mínima, vital y móvil, y orientada a proteger el trabajo en condiciones dignas y justas. En esa línea, el Gobierno plantea que la discusión salarial deje de centrarse exclusivamente en porcentajes anuales y considere la canasta mínima vital de una familia, así como el número de integrantes del hogar que participan en el mercado laboral.
Este enfoque permite traspasar la mirada tradicional del salario mínimo, al incluir no solo alimentos, sino también rubros como servicios públicos, educación y transporte, que configuran el gasto real de los hogares colombianos en el día a día.
Más que un ajuste anual, el salario mínimo vital se plantea como una herramienta de equidad. Para el Gobierno, lograr una distribución más justa de los beneficios del crecimiento económico, es cumplir derechos fundamentales como la salud, la educación y la vivienda digna.
El desafío de incorporar este concepto en la política salarial colombiana será equilibrar el poder adquisitivo de los trabajadores con la sostenibilidad económica y la generación de empleo formal. Asimismo, dependerá de que el crecimiento económico se traduzca en mejores ingresos y de la capacidad del Estado para llegar a acuerdos mediante el diálogo social.
