Procuraduría formuló cargos contra 12 concejales de Valledupar y una excontralora
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra la excontralora municipal de Valledupar, Mary Flor Teherán Puello, por presunta vulneración al régimen de inhabilidades. Asimismo, formularon cargos contra los concejales Jorge Luis Arzuaga, Guido Castilla, Ronald Castillejo, Jorge Armando Daza, Luis Manuel Fernández, Jorge Eduardo Gnecco, Joserth Gómez, Manuel Gutierrez, Julio Julio Peralta, Pedro Manuel Loperena, Cesar de Jesús Maestre y Luis Fernando Quintero, por presuntamente elegir a Teherán Puello sin que cumpliera con los requisitos legales.
El ente de control investiga si la funcionaria se posesionó sin tener la experiencia establecida en la ley para desempeñar sus compromisos en el municipio, puesto que, al parecer, tiene una experiencia inferior a 24 meses en el sector público. Su elección representaría una transgresión de los funcionarios públicos al principio de legalidad y moralidad de la función pública. Finalmente, el ente de control calificó provisionalmente la falta de la servidora como grave, a título de culpa gravísima; mientras que para los cabildantes como grave, a título de dolo.
En septiembre de 2021, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado declaró la nulidad del acto de elección de Mary Flor Teherán como contralora municipal de Valledupar. El Consejo de Estado le dio razón al demandante que afirmaba que la contralora acusada no cumplía con el requisito previsto por la convocatoria de “haber ejercido funciones públicas por un período no inferior a dos años”.
“La única adicción que tengo es al café”: Petro respondió a los rumores
En su reciente columna, la periodista María Jimena Duzán le escribió una carta al presidente Gustavo Petro en la que le pide explicaciones y expresa su decepción frente a las decisiones que ha tomado como presidente. Duzán aseguró que no le fue fácil escribir la misiva y que lo hizo con respeto. Seguidamente sostuvo que ella fue una de las colombianas que votó por el presidente, confiada en que la situación del país podía cambiar, sin embargo, las cosas marchan igual.
“A usted se le ve cansado y embolatado con el poder, como si después de haberlo buscado tanto, no supiera qué hacer con él”. En su carta, la periodista también criticó las ausencias del presidente en diferentes escenarios alrededor del país, un panorama que solo sirve para que “sus subalternos asumen poder, gobiernen a su acomodo y le mientan al país fabricando historias para justificar sus ausencias que ya nadie cree”.
Luego de esto, Duzán hizo estallar la polémica al revelar que fuentes le han asegurado que Petro “ha querido mantener oculto un problema de adicción”. “Presidente si usted tiene un problema de adicción lo invito respetuosamente a que lo devele”. Luego de hacerse pública la carta, el presidente Petro, a través de sus redes sociales le respondió a Duzán con la siguiente frase: “La única adicción que tengo es al café por las mañanas”.
Cargos a exgerente de Hospital San José de Becerril (Cesar), por posible omisión en el pago del servicio de energía eléctrica
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra la exgerente de la ESE Hospital San José de Becerril (Cesar), Jakeline Henríquez Hernández, quien, al parecer, no habría garantizado los pagos de servicios públicos a Electricaribe S.A. E.S.P, generando intereses de mora que, junto a la deuda adquirida, superarían los $ 390 millones. Al parecer, entre los meses de agosto de 2016 y marzo de 2020, la investigada no habría girado los dineros para el pago del servicio público de energía eléctrica, adeudados por el hospital.
Según la liquidación efectuada por la empresa de servicios, con corte a 12 de febrero de 2020, el monto adeudado asciende a $ 279.118.970 y los intereses de mora corresponden a $112.274.401, para un total adeudado de 391.393.371. El ente de control advirtió que la disciplinable habría realizado las apropiaciones contables requeridas para viabilizar el pago del servicio de energía correspondiente a las vigencias de su gestión, pero al parecer, omitió disponer el giro de dichos recursos a Electricaribe.
La Procuraduría señaló que Henríquez Hernández habría permitido que los valores dejados de pagar mensualmente en cada vigencia se acumularan y se convirtieran en cuentas por pagar de vigencias anteriores, pretendiendo que los mismos fueran asumidos por los procesos de saneamiento fiscal y financiero. La conducta reprochada fue calificada provisionalmente como gravísima a título de culpa gravísima.
Registrador Nacional alertó de candidatos que serán capturados por los hechos de violencia en Manaure y La Jagua del Pilar.
En su reciente visita al departamento de La Guajira, el Registrador Nacional, Alexander Vega Rocha, aseguró que la Fiscalía General, estará capturando a los candidatos que provocaron los incendios en la sede de la Registraduría del municipio de Manaure, y en la biblioteca de La Jagua del Pilar, donde se realizaba el escrutinio electoral, y los que quisieron atentar también en el municipio de Villanueva. “Sí hay candidatos identificados, y la fiscalía va a ordenar esas capturas”, expresó el funcionario.
Aseguró, que, en el departamento de La Guajira, no se repetirá ninguna elección por los hechos de violencia que se presentaron contra los escrutinios en Manaure, La Jagua del Pilar y Albania, los cuales fueron traslados a la ciudad de Riohacha. “Tenemos claro, que esto no fue un acto espontáneo, fue igual que en Gamarra y el Cauca son candidatos que aducen que destruyendo el escrutinio quieren la posibilidad de repetir la elección, y realmente los determinadores son candidatos”, puntualizó. Puntualizó, que, en el puesto de mando unificado, con todas las Fuerzas Militares y de Policía, se anunció directamente por la Fiscalía que están investigando los hechos violentos presentados en tres municipios de La Guajira, para dar con la captura de los implicados.
“Vamos a recuperar nuestra registraduría, pero lo importante ahora es la judicialización y captura como se ha comprometido la Fiscalía y la Policía”, dijo. Sobre la biblioteca de La Jagua del Pilar, indicó que la administración municipal, estará haciendo efectiva las pólizas. “Cuando se afecta una registraduría es un atentado contra todos los niños, contra todas las personas del municipio, pero no lo recuperamos fácilmente, lo que es el tema de equipos de cómputo, infraestructura, pero el registro civil está a salvo”, manifestó. El funcionario, precisó que, en el departamento de La Guajira, se logró la transmisión en tiempo real y rápida, además de la biometría mesa para contener los delitos electorales de suplantación, pero obviamente lo mancharon los violentos liderado por candidatos que están plenamente identificados.
La ONG Nación Wayuu realizó la denuncia sobre la precaria situación en una comunidad indígena en área rural del municipio fronterizo de Maicao.
La denuncia revela que esta comunidad no tiene acceso al agua y por ello los indígenas se encuentran padeciendo de sed y hambre. “La situación en las comunidades indígenas wayuu, cada día más es precaria, centenares de comunidades aún consumen agua no apta para el consumo humano, agua que recogen de los reservorios o jagueyes”, afirmó Nación Wayuu. De igual manera, indicaron que la denuncia la recibieron de una líder indígena de la comunidad Botonchon 2, ubicada en jurisdicción del municipio de Maicao.
“Como pueden ver ustedes, este es el agua que nosotros consumimos aquí en nuestra comunidad. La mayoría de veces vienen personas acá, nos prometen que grandes oportunidades se vienen con el agua para el consumo, que oportunidades laborales para nuestros jóvenes wayuu, pero nunca vuelven”, afirmó Lorelvi Zúñiga Epieyu, líder indígena de dicha comunidad. A su vez, la dirigente afirmó que “no nos han demostrado un resultado para traernos el agua. No nos han dado resultado. Ustedes pueden observar el agua que consumimos”.
Finalmente, la líder manifestó que con dicha agua que recogen del jagüey, la utilizan para poder preparar los alimentos en la comunidad. “Con esta agua que fuimos a buscar, es con el que preparamos nuestros alimentos, lavamos, todo esto porque no tenemos agua potable. Esta agua la consumen nuestros niños, nuestros adultos, pero al igual esto no es apto para el consumo”, finalizó la líder.
¿Los mandatarios deben realizarse un examen para determinar si están bien de salud?
A raíz de los rumores alrededor de una posible adicción del presidente Gustavo Petro, revivió la discusión del proyecto de ley que busca que los mandatarios se realicen exámenes para determinar si están en la capacidad de ejercer bien sus funciones. El autor es el congresista Carlos Felipe Quintero, quien lo presentó en la Cámara de Representantes en marzo de este año, antes de que se abriera el debate alrededor de la salud del presidente.
“No es un tema político. En realidad, nos centramos en que hay un vacío normativo. Si un alcalde, gobernador o presidente se enferman o tienen una imposibilidad física o mental no hay un examen obligatorio que verifique su estado”, sostuvo el congresista Carlos Felipe Quintero. El proyecto establece que la Junta Médica Regional sería la encargada de determinar si el alcalde, gobernador o presidente están en condiciones. No obstante, la iniciativa se ‘hundió’ en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, en la cual tienen mayoría el Pacto Histórico y el Partido Verde.
“Esto no va en contra de un mandatario porque en caso de ser aprobado entraría a regir a partir del 2026”, agregó el congresista Liberal. Uno de los ‘cuellos de botella’ del proyecto es que modifica un derecho fundamental, pues quitaría la reserva de la historia clínica de las autoridades que se realicen los estudios. Pero dicha excepción solo se aplicaría en caso de que los mandatarios resulten sufriendo enfermedades graves que les imposibiliten desarrollar sus funciones.
Más de 500 docentes de Valledupar esperan nombramiento oficial
Docentes de colegios públicos de Valledupar y en general enfrentan una problemática al no tener el nombramiento oficial, cuyo proceso debe realizarlo la Secretaría de Educación Municipal, debido a que los educadores ganaron un concurso de méritos a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil. En esta situación se encuentran más de 500 docentes que aplicaron en el examen. Así lo explicó el profesor Diomedes Galindo, quien hizo un llamado al secretario de Educación Municipal, Iván Bolaños Baute, al mismo tiempo que anunció que para este martes los afectados realizarán un plantón en el ente territorial.
“Se nos están vulnerando los derechos adquiridos a través de un concurso de méritos que realizamos hace más de un año y había venido con transparencia mientras transcurría en manos de la Comisión Nacional del Servicio Civil, sin embargo, cuando caímos en el ente territorial cayó una ‘nube negra’ al proceso. Hay incertidumbre, negligencia y dilación”, explicó Galindo. Añadió que llevan más de un mes esperando que la Secretaría realice una audiencia pública para la escogencia de empleo e informe en cuáles colegios hay vacantes.
“Hemos enviado derechos de petición y también hacen caso omiso, por ello hemos decidido movilizarnos para ver sí cumplen con hacer las audiencias y nombramientos”, dijo el docente. Adicionalmente, Galindo indicó que esperan que el nombramiento se dé antes de finalizar el año, ya que esta es la única parte del país donde no se está llevando con transparencia la ubicación de docentes.
Capturado un hombre que vendía coca cerca un colegio en La Loma
Mediante la estrategia operativa ‘Plan Choque Seguridad 360’, En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito, personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, en las últimas horas, lograron la captura de una persona.
Mediante labores de patrullajes en el barrio primero la gente, se acerca un ciudadano manifestando, que en la carrera 21 se encuentra un joven de tex morena comercializando sustancias estupefacientes, de inmediato se dirige el cuadrante del sector al lugar antes indicado, donde al llegar se observa a una persona, este al observar la presencia policial toma una actitud nerviosa, al practicarle el registro se le halla en su poder, 10 bolsas plásticas trasparentes que en su interior contiene una sustancia pulverulenta que por su olor penetrante, color y demás características se asemeja a la base de cocaína.
Por lo anterior se le hace saber sus derechos como detenido a Yeiner Barraza, y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la Fiscalía.
El secuestro en Colombia se disparó en el Gobierno Petro
Durante el primer año de gestión del Gobierno del presidente Gustavo Petro, es decir entre agosto de 2022 y agosto de este año, el ministro de Defensa Iván Velásquez, confirmó que los secuestros en el país se incrementaron en un 90% con 264 casos a comparación del primer año del gobierno del expresidente Iván Duque con 154 casos. Por su parte, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, informó en su momento que entre enero y junio del presente año, se registraron 32 casos de secuestro en el territorio nacional, un aumento del 39% en comparación con el mismo periodo de 2022.
«(Estamos) en total alerta sobre la agudización del secuestro en el país y su recurrencia en los departamentos de Arauca, Antioquia y Norte de Santander, particularmente en la región del Catatumbo», dijo Camargo. «Libertad para papá», fue el mensaje que mostró Luis Díaz tras anotar el gol del empate con Liverpool ante Luton este domingo. La conmovedora imagen del futbolista colombiano pidiendo la liberación de su padre, que fue secuestrado por el ELN el pasado 28 de octubre le ha dado la vuelta al mundo.
Las voces de apoyo a Luis Díaz han llegado de todas partes, desde los hinchas colombianos e ingleses, sus compañeros y técnico en Liverpool y futbolistas de la Selección como Falcao y Juan Guillermo Cuadrado. Si bien el secuestro del papá de Lucho Díaz ha conmocionado a la opinión pública en Colombia y a nivel internacional, lo cierto es que el flagelo del secuestro está disparado en el país desde que empezó el Gobierno del presidente Gustavo Petro y son muchas las familias que tienen a alguien privado de la libertad.
Ernesto Orozco tendrá al general (r) Pablo Bonilla como líder en comité de empalme con administración de Mello Castro que inició al pasado martes 7 de noviembre.
Complacido con el contundente triunfo en las elecciones a la Alcaldía de Valledupar, Ernesto Orozco se prepara ahora para afrontar el proceso de empalme con la administración de Mello Castro, donde estará acompañado por un grupo expertos en seguridad, infraestructura, educación, planeación y todos los ítems que implica dicha transición. Para este crucial momento, Orozco invitó al general (r) del Ejército Nacional, Pablo Alfonso Bonilla Vásquez, quien asumirá lo concerniente a Secretaría de Gobierno, relación con las autoridades policivas, ejército, Fiscalía, entre otras involucradas en el tema de seguridad para el Municipio de Valledupar.
Con cerca de 40 años de carrera militar a cuesta y grandes logros como comandante de varias unidades tácticas entre ellas Comandante de la Décima Brigada Blindada, la Primera División del Ejército, subjefe del Estado Mayor Conjunto Operacional y muchos más, Bonilla Vásquez es todo un experto para desarrollar una estrategia de mayor seguridad para Valledupar y su área rural, pero además consolidar la estrecha colaboración entre la sociedad, núcleos comunitarios y la productividad con la institución militar.
Ernesto Orozco y Mello Castro ya tuvieron un primer encuentro en el despacho de la Gobernación del Cesar. Cabe destacar que la transición de gobierno, entre el saliente como es Mello Castro y el entrante de Ernesto Orozco, se presentará primero en un informe de gestión, luego vendrá la rendición de cuentas y finalmente el empalme, que consiste en intercambio de información sobre logros, gestiones, inversiones, proyectos en ejecución, planta de personal o contratistas, establecidas para las distintas sectoriales de la Alcaldía de Valledupar.
Procuraduría lideró mesa de trabajo con representantes de hospitales y acueductos por millonaria deuda de energía.
La Procuraduría General de la Nación lideró una reunión en la que participaron la empresa Air-e y representantes de hospitales y acueductos municipales que registran millonarias deudas por el servicio de energía. El organismo de control acompaña este proceso con el fin de articular y buscar soluciones dentro de un marco legal normativo para mitigar riesgos que afecten la prestación del servicio de energía de estas importantes entidades oficiales.
Dentro de los entes que registran millonarias deudas se encuentra la empresa de Acueducto, Aseo y Alcantarillado de Uribia con un total de $2.687 millones. Aunque se han realizado varias mesas de trabajo no ha sido posible lograr un acuerdo de pago, pese a que es el acueducto que registra mayor deuda en La Guajira. La empresa informó que también presentan una cartera pendiente el Hospital Nuestra Señora del Carmen de Hatonuevo de $934 millones, representadas en 68 facturas vencidas. Adicionalmente el Hospital San Rafael de Albania, Hospital Santa Rita de Cassia de Distracción y Hospital San Lucas de El Molino.
En la mesa de trabajo también se socializó que la deuda de energía de clientes oficiales en el departamento asciende a $8.409 millones. Ante esta situación se propuso establecer una hoja de ruta para realizar reuniones con estas entidades con el fin de lograr acuerdos de pago. Durante el encuentro se reiteró la disposición de la empresa Air-e de buscar soluciones, debido a que se adelantan acciones judiciales por el no pago, incluyendo también aquellas disciplinarias previstas en la ley. Air-e reitera su compromiso de seguir avanzando para mejorar la calidad del servicio y asegura que es necesario el pago oportuno del servicio para lograr estos avances.
Los gobernadores electos le pidieron a Petro que promueva la unidad
El gobierno de Gustavo Petro convocó a 15 gobernadores electos a una reunión este martes. La invitación fue solo a aquellos que el mandatario ha considerado como de Gobierno. Antes del encuentro con el mandatario, estos hablaron sobre las peticiones que le traen al presidente en su primer encuentro tras las elecciones del 29 de octubre. Varios dijeron que las mayores peticiones al presidente apuntan a que sus propuestas de campaña sean articuladas con el plan nacional de desarrollo del gobierno. Varios señalaron que sus propuestas se articulan completamente con lo que busca el Ejecutivo.
Este encuentro de alto nivel se llevó a cabo el 7 de noviembre en la Casa de Nariño y contó con la presencia de los gobernadores electos que comparten afinidad con el proyecto político del presidente. Esta iniciativa, sin embargo, ha generado cierta controversia, ya que parece contradecir el llamado previo de Petro en el que insistía en la necesidad de un Gran Acuerdo Nacional que involucrara a todas las fuerzas políticas, independientemente de su orientación ideológica.
En la misma línea, recientemente, el presidente Petro desató la polémica al proclamar que había obtenido la victoria en 15 gobernaciones, lo que se basó en un mapa electoral que no fue elaborado por la Presidencia de la República. Estas reuniones próximas con los gobernadores electos que respaldan al presidente Petro son vistas por algunos como un intento de consolidar una mayoría política alineada con su proyecto. A pesar de que Petro ha enfatizado la necesidad de un Gran Acuerdo Nacional que involucre a todas las corrientes políticas, las críticas han surgido en torno a la aparente selectividad de estos encuentros.
La Procuraduría profirió cargos y suspendió provisionalmente por tres meses al Superintendente de Subsidio Familiar
La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos y suspendió provisionalmente por tres meses al superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez Casas, por las modificaciones realizadas a la lista de elegibles para los cargos de director administrativo y agentes interventores de las cajas de compensación. En la misma decisión, el órgano de control profirió en su contra un segundo cargo disciplinario por solicitar a las cajas vigiladas un aporte en dinero para la población de Buenaventura, Valle del Cauca.
La suspensión provisional y el primer cargo se fundamentaron en que Pérez Casas habría modificado, sin justificación constitucional, legal o reglamentaria, la lista de elegibles mediante la variación de los requisitos inicialmente exigidos, con lo que fueron incluidas personas que no habían participado en la convocatoria realizada en mayo de 2022 o que no cumplían los requisitos mínimos para integrarla. Esa situación le permitió designar a Juan Carlos Carvajal Rodríguez como director administrativo de la Caja de Compensación Familiar del Huila -Comfamiliar Huila-. Por esos hechos, la Procuraduría profirió dos cargos disciplinarios calificados como faltas gravísimas cometidas a título de dolo.
Para el Ministerio Público, el superintendente habría desconocido los principios de igualdad, legalidad, moralidad, entre otros, dado que disminuyó los requisitos exigidos en la convocatoria original con la finalidad de incluir nuevos aspirantes en la lista de elegibles, que era definitiva, obligatoria e inmodificable. La suspensión provisional en el cargo se fundamentó en el hecho que, mientras el superintendente Pérez Casas lo ejerza, podría seguir modificando la lista de elegibles, vigente desde el 5 de agosto de 2022 hasta el 5 de agosto de 2024 y, por tanto, designar directores o agentes liquidadores que no participaron en la convocatoria inicial.
Se rompieron las relaciones entre la Superintendencia y los sindicatos de Emdupar
El pasado martes 7 de noviembre, la Superindentendencia de Servicios Públicos y los sindicatos de Emdupar planeaban firmar la nueva convención colectiva dentro de la reestructuración que busca salvar la empresa. Sin embargo, la ‘Super’ puso como condición eliminar la tabla de indemnización por despido sin justa causa, lo cual no fue aceptado por los sindicatos. Fabián González, presidente de Sintraemsdes-subdirectiva Valledupar, aseguró que no están dispuestos a eliminar ni un punto de dicha tabla.
“Ellos quieren que nosotros quitemos esa tabla porque la intención es una masacre laboral. Pero no vamos a mover ese derecho”, señaló González. Por su lado, el agente interventor, Pablo Jaramillo, aseguró que dicha tabla impide despedir a cualquier trabajador que tenga más de 10 años de trabajo, “por lo tanto no se puede reestructurar la empresa y se vuelve inviable”. Dentro de la reestructuración de Emdupar, además de reducir los costos de algunos contratos, la Superintendencia tiene planeado reducir la planta laboral de la empresa. Esta tensión entre las partes revive la posibilidad de la liquidación de Emdupar.
El artículo 22 de la Convención Colectiva establece que Emdupar solo podrá despedir a un trabajador por justa causa, de lo contrario pagará al trabajador una indemnización de acuerdo al tiempo de trabajo. En caso de los que tienen un año debería pagar como indemnización 58 días de salario. De 3 a 4 años de servicios pagaría 116 días de salario. Para los trabajadores de 6 años de servicios 188 días de salario. Y de 10 años en adelante, 574 días de salario, más 52 días adicionales por cada año de servicio o fracción de año.
La Secretaría de Salud trabaja en disminuir casos de desnutrición en Valledupar
El equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Secretaría Local de Salud realiza intervenciones para atender y prevenir el bajo peso y la desnutrición a través de acciones en alimentación, nutrición y fortalecimiento familiar; además de tamízales en poblaciones vulnerables tanto en la zona urbana como rural. A la fecha, en Valledupar se han reportado 290 casos de desnutrición en menores de 5 años, con una taza de 0,46 por 100 niños; mientras que en el departamento del Cesar se han reportado 710 casos y en Colombia 19.845 casos.
Frente a este escenario la Secretaria Local de Salud impulsa la implementación del Plan de Desaceleración Mortalidad por Desnutrición con sus cinco líneas estratégicas para garantizar las atenciones en salud y nutrición en niños menores de 5 años en el marco de la atención integral. “El objetivo es asegurar la atención de los niños y niñas con riesgo de desnutrición aguda y garantizar la atención oportuna y adecuada de los menores identificados con desnutrición aguda moderada y severa, según lo establecido en la Resolución 2350 de2020”, explicó Holmer Jiménez Ditta, secretario de salud.
De esta manera también se realizan acciones de educación y comunicación para la salud con miras en la prevención de la desnutrición y detección temprana, desparasitación de niños de edades de 1 hasta 14 para la disminución de la anemia y aprovechamiento de los nutrientes, así como la promoción de la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad, en el marco del plan decenal de lactancia materna.
La Guajira se encuentra en emergencia por las fuertes lluvias: van más de 10.000 familias damnificadas.
Las fuertes lluvias que se han venido presentado en gran parte de Colombia tienen en alerta a los entes gubernamentales de La Guajira, debido al desbordamiento de río Ranchería que ha dejado cerca de 10.000 familias afectadas. Entre las zonas afectadas se encuentran los barrios Villa Fátima, Flor de Olivo, Waipé, Pasito Cangrejito y Pancho, en Riohacha que, según la autoridades, contabiliza más de 1.000 familias damnificadas.
Hasta el momento, se han habilitado tres centros de refugio para atender a las personas afectadas por la inundación. Uno de estos albergues se ubica en el colegio Divina Pastora, específicamente en la sede de Villa Fátima, donde se encuentran alojadas aproximadamente 600 personas, entre los que hay niños, ancianos y mujeres embarazadas, quienes han buscado refugio en medio de la crisis desatada por el desbordamiento del río Ranchería. A propósito, la directora de Gestión del Riesgo Distrital, Shirley Iguarán, se pronunció al respecto, asegurando que se están distribuyendo kits de alimentos para garantizar que las familias afectadas puedan preparar sus comidas.
Además, destacó la atención brindada por la Secretaría de Salud Distrital, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el equipo de apoyo psicosocial de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres, que están trabajando conjuntamente para ofrecer asistencia integral a quienes se encuentran en esta situación de emergencia. Por último, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) hizo una advertencia de máxima urgencia respecto a las alertas hidrometeorológicas en la región; anunciaron que las alertas se encuentran en nivel rojo, lo que indica una situación crítica. La entidad hizo un llamado urgente a los entes territoriales y a los comités de Gestión del Riesgo de Desastre para que refuercen sus acciones de contingencia en previsión de posibles emergencias.
Apuñalado estudiante por un compañero de clases
En la Institución Educativa Francisco Molina Sánchez, un estudiante de sexto grado, fue agredido por un compañero con un arma cortopunzante dentro del salón de clases, la mañana del pasado miércoles. Las razones no están claras, pero sí el peligro que representa permitir la entrada a un menor de edad al colegio con un arma blanca. Los hechos se suscitaron delante del grupo de alumnos y del profesor, quienes desconocen los motivos del ataque, ya que pensaron que estaban jugando y no peleando.
El menor, de 13 años, recibió una herida en el tórax, por lo que fue trasladado de inmediato a la clínica donde ayer estaba siendo valorado para cirugía. Entre tanto, el agresor fue trasladado a la dirección del colegio a disposición del Grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional. “Mi hijo, Luis Santiago Arzuaga, estaba en el aula de clases y según conocimos ambos comenzaron a jugarse y a darse puñito y en ese momento el otro estudiante sacó la navaja y me le dio una puñalada en tórax”, explicó Lidia Navarro, madre del estudiante herido.
“En este colegio pasa de todo y nadie hace nada. Aquí muchos estudiantes meten cuchillos, navajas e incluso hay problemas de distribución de sustancias estupefacientes y no hay ley que lo impida. Ahora como el agresor es menor de edad, no habrá ningún tipo de sanción”, aseguró Navarro. Aseguró que agresor es un estudiante problemático en la institución, en varias oportunidades le han llamado al acudiente y hacen caso omiso. “Lamentablemente en el colegio ningún directivo me ha dado la cara, nadie dice nada, y por ello instauraré una denuncia en Fiscalía porque a mi hijo pudieron haber matado”.
Alto precio de la energía en bolsa dispara la tarifa del servicio
Hay preocupación por las altas “desmesuradas” de las tarifas de energía en los últimos dos meses. El kilovatio/hora pasó de costar $944 para octubre a $1.123 en noviembre. Los usuarios en la región Caribe resultan con el mayor impacto de esta tendencia alcista, no solo porque tienen que cargar con la opción tarifaria impuesta a través de resoluciones de la Creg en el Gobierno pasado para suplir las pérdidas técnicas y no técnicas, sino que además se le suma esta vez el comportamiento de los mercados de la energía en bolsa.
El exministro de Minas y Energía, Amilkar Acosta, explicó que en el mes de octubre se dio una espiral alcista de los precios de la energía en bolsa que llegó a cotizarse por encima de $1.500 kilovatios/hora, rebasando el llamado precio de escasez. “En la factura que están recibiendo los usuarios está reflejándose ese incremento inusitado en los precios de la energía y eso que no se le está trasladando en su totalidad el aumento con la opción tarifaria que ya suma una deuda que supera los $5 billones a las empresas distribuidoras de la energía”, sostuvo.
Por su parte, Norman Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios en la región Caribe, insistió en la necesidad de derogar el régimen especial tarifario impuesto en esta zona del país y que sigue presionando el bolsillo de los costeños con el alto costo de la energía. Señaló que se necesita de una política pública que se discuta y sea concertada entre el Gobierno nacional y las fuerzas vivas de la región Caribe para poner punto final a las altas tarifas de energía. Carlos Diago, experto en temas de energía, señaló que la situación es más severa para la empresa Air-e debido a que le ha tocado recurrir al mercado mayorista de la energía con unos altos costos.
Advierten posible déficit en salud por disminución de tarifas del SOAT
Varios anuncios y advertencias entregaron el vicecontralor con funciones de Contralor General, Carlos Mario Zuluaga, a su llegada el pasado miércoles a Barranquilla. Entre las preocupaciones que maneja el ente de control se encuentra el déficit fiscal que podría generarse por la disminución en las tarifas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). El alto funcionario alertó que para la vigencia 2023 se proyecta un déficit de $810 mil millones por el pago de servicios de salud de rango diferencial que van entre los 300 a los 800 salarios mínimos legales vigentes que ahora asume la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y no las aseguradoras.
“Estamos advirtiendo que para el cierre del año van a ser en promedio $810 mil millones de esfuerzo adicional en recursos de salud para garantizar estas atenciones por accidentalidad que se tienen que cargar al presupuesto nacional. También se proyecta que haya una disminución en las contribuciones y transferencias que superan los $300 mil millones, también afectando los recursos para el pago de siniestros ocasionados por vehículos no identificados y no asegurados”, mencionó Zuluaga. Precisó que en el estudio realizado por la Contraloría con el apoyo de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) sobre el impacto de la siniestralidad vial en el sistema de salud saltaron alertas sobre el riesgo de sostenibilidad del SOAT.
En cuanto a las reclamaciones que radican las personas cuando tienen accidentes en el Adres para los meses de agosto y septiembre de 2023, sostuvo que el Atlántico fue el departamento en donde se radicó el mayor valor de reclamaciones concentrando alrededor de 20% del total en todo el país. En total de las reclamaciones en el departamento oscilan entre el 79% y el 84 %. Por último, el contralor Zuluaga recomendó hacer seguimiento y establecer los patrones de ocurrencia de estos eventos y a modo de reflexión cuestionó la poca vigilancia de las autoridades frente a estos casos de reclamaciones.
Proponen plebiscito para negociar con el ELN
El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, propuso la creación de un plebiscito para que los colombianos decidan si están de acuerdo con la implementación de acuerdos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como con otras bandas criminales que operan en el país. De acuerdo con las declaraciones del funcionario, el ejecutivo ha beneficiado a los grupos delincuenciales.
De hecho, según Barbosa, desde el Gobierno de Gustavo Petro no se ha defendido la institucionalidad sino que, por el contrario, “se han puesto la camiseta de los presos de la cárcel y La Picota” y se ha implementado un concepto de paz que no tiene resultados concretos y con el que se ha aumentado el terror en la población: la Fiscalía ha negado la suspensión de al menos 103 órdenes de captura contra extraditables. De acuerdo con las cifras presentadas por Barbosa, en lo que va corrido de este año han ocurrido más de 610 ataques terroristas en el país y más de 60 uniformados pertenecientes a la fuerza pública han sido asesinados.
El fiscal cuestionó, además, la posición del Gobierno Petro frente a los continuos y graves incumplimientos de los acuerdos establecidos entre el ejecutivo y la guerrilla del ELN. Por esta razón, Barbosa propuso la creación de un plebiscito para identificar cómo deberían avanzar las negociaciones con este grupo criminal. Según sus declaraciones, la población civil es una de las principales afectadas por el conflicto armado y, por lo tanto, debería intervenir en el desarrollo de las conversaciones, pues los delincuentes están cobijados por un concepto de ‘Paz Total’ que no tiene reglas ni control.
Según la Federación de Departamentos, En Colombia no hay cumbre de gobernadores e la oposición.
Ante la negativa del presidente Gustavo Petro a asistir esta semana a la cumbre de gobernadores salientes y entrantes convocada por la Federación Nacional de Departamentos, FND, en Santa Marta, la entidad advirtió que el Campus FND no es el evento de los gobernadores de la oposición y le reiteraron la invitación al primer mandatario. Afirma además la FND que respeta el mandato de Petro y le reitera su voluntad y disposición para construir un camino de fortalecimiento de la autonomía y la descentralización desde un proceso de unidad nacional.
“Este encuentro no fue, es, ni debe ser entendido como el encuentro de ‘los otros gobernadores’ o de los ‘gobernadores de la oposición’. Respetando los estatutos y la naturaleza de la FND, fueron convocados los mandatarios de los 32 departamentos actuales y electos, quienes integran la Asamblea General de Gobernadores, máxima instancia de definición administrativa y política de la FND”, se lee en el comunicado publicado este miércoles. “Presidente de la República solo hay uno y en su llamado constitucional a ser símbolo de la unidad, le reiteramos nuestra invitación al Campus FND. Los gobernadores de Colombia lo esperan”, concluye el documento.
A su vez, el fiscal Francisco Barbosa dijo este miércoles en el marco de la cumbre de la Federación que este “es el momento en el cual la institucionalidad tiene que hablar unida y enviar un mensaje para construir país. Aquí no cabe la exclusión”. Entre tanto, la procuradora Margarita Cabello, quien intervino el pasado martes en el Campus FND, hizo un llamado a los gobernadores salientes para que garanticen la debida planeación de los proyectos y procesos contractuales para el funcionamiento de la próxima vigencia, en consideración a que la administración pública es una sola y no se detiene.
El Cesar es el tercer departamento con mayor número de niños muertos por desnutrición
La Procuraduría General de la Nación instó a los actuales mandatarios de los 32 departamentos del país y de las ciudades capitales a tomar medidas urgentes para abordar los casos de mortalidad y morbilidad infantil que siguen afectando al país. Estos problemas se derivan de patologías como desnutrición, enfermedad diarreica aguda e infección respiratoria aguda. Según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Salud para la semana epidemiológica 43 de 2023, se reportaron 299 casos de niños menores de cinco años que fallecieron por desnutrición, de los cuales 202 fueron confirmados.
La mayoría de estos casos se registraron en La Guajira, Chocó, Cesar, Antioquia, Bolívar y Magdalena, y también incluyeron a la población de niños extranjeros, que representaron el 62% de los casos notificados y el 74% de los casos confirmados. La infección respiratoria aguda se ha convertido en una de las principales causas de mortalidad infantil, afectando principalmente a Bogotá, la población de niños extranjeros y seis departamentos: La Guajira, Chocó, Antioquia, Meta, Magdalena y Valle del Cauca, que concentran la mayoría de los 474 casos notificados y 237 casos confirmados.
La Procuraduría también destacó la preocupante prevalencia de la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), que, después de la Infección Respiratoria Aguda, representa el evento infeccioso más relevante en menores de 5 años en Colombia. Según datos del INS, se han notificado 122 casos de EDA, de los cuales 74 fueron confirmados, con una alta incidencia en La Guajira, Chocó, Santander, Risaralda, Casanare, Antioquia y Cauca. Según las cifras, en el Cesar han fallecido 7 menores por Infección respiratoria Aguda, y 3 casos por Enfermedad Diarreica Aguda.
Proyecto de Estampilla Pro-hospitales de La Guajira, a un paso de convertirse en Ley de la República.
En Comisión del Senado de la República, fue aprobado el proyecto de Ley de la autoría del representante a la Cámara, Jorge Cerchiaro Figueroa, que busca la implementación de la Estampilla Pro hospitales de La Guajira, con el objetivo de mejorar y garantizar los servicios de la salud a los habitantes del Departamento. De acuerdo con el texto del proyecto, que ahora solo depende de un debate en el Senado para convertirse en Ley, se le otorgarán facultades a la Asamblea Departamental de La Guajira, para que ordenen la emisión de la Estampilla Pro-Hospitales Públicos en todo el territorio peninsular, hasta por la suma de 300 mil millones de pesos.
“El valor de la emisión que se autoriza, será el correspondiente a pesos colombianos a la fecha que entre en vigor la presente Ley y se suspenderá una vez se alcance el tope autorizado”. Hay que indicar que, en el marco de este Proyecto, la tarifa con que se gravan los distintos actos no podrá exceder del 3% del valor de los hechos a gravar. Este proyecto que surtió su trámite completo en Cámara de Representantes, y que contó con la ponencia positiva del senador Antonio Zabaraín en el debate de Comisión VI del Senado de la República, está enfocado en la búsqueda de generación de recursos para combatir la mala prestación de los servicios de salud en la red hospitalaria en el territorio guajiro.
Para el representante Jorge Cerchiaro, autor del proyecto con la coautoría del senador Alfredo Deluque, es un logro importante que deja en claro el compromiso con sus coterráneos, en el ejercicio de las gestiones que se deben realizar desde el Congreso a favor de la población guajira. “Ya solo falta un debate en el Senado de la República; y confiamos que será aprobado y pasará a sanción presidencial, para bien del departamento de La Guajira”, indicó Cerchiaro Figueroa.
Alfredo Saade ya no será director del Instituto de la Gestión del Agua de La Guajira: Corte Constitucional tumbó su nombramiento.
Alfredo Saade ya no será director del Instituto de la Gestión del Agua de La Guajira. La medida fue tomada por la Corte Constitucional luego de que el tribunal declaró inexequibles dos artículos estipulados en la emergencia económica y social del departamento. Los puntos anulados por el organismo fueron el 1276 de 2023, en el que se abarcan las medidas planeadas para el proceso de transición energética, y el 1250 de 2023, bajo el cual se estipulaban las medidas relacionadas con el tratamiento del agua y el “saneamiento básico”.
Precisamente, el artículo basado en las “medidas en materia de agua” representaba además la creación de la entidad que iba a liderar Saade. Sin embargo, al ser este declarado inexequible, el nombramiento del pastor cristiano tampoco será válido. El organismo que iba a liderar Saade tenía entre sus funciones “gestionar el recurso hídrico en el territorio del departamento de La Guajira y reducir la vulnerabilidad de la población ante amenazas económicas, sociales y ambientales relacionadas con la falta de acceso al agua de la población”.
El líder político iba a contar con cinco asesores de despacho para integrar su equipo de trabajo, además de un secretario general y tres subdirectores técnicos. El grupo habría estado conformado por un jefe de oficina, otro para la oficina asesora de planeación, otro para la oficina asesora jurídica, además de 47 profesionales especializados, siete profesionales universitarios, cinco secretarios ejecutivos, dos conductores mecánicos y dos auxiliares administrativos. El mismo exfuncionario se manifestó en sus redes sociales, haciendo énfasis en que “no es cierto que se haya tumbado su nombramiento”, sino que la Corte Constitucional, según él, negó la oportunidad a La Guajira de solucionar sus problemas de abastecimiento de agua por los próximos meses.
