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Las noticias destacadas de la semana

Un grupo de etnoeducadores de los departamentos de La Guajira, Sucre y Córdoba protestan en contra del Gobierno nacional por un decreto que, según denuncian, privatiza la educación a niños en resguardos indígenas.

30 profesores de la región Caribe se manifestaron este jueves, 5 de octubre frente a las instalaciones del Ministerio de Educación Nacional, en Bogotá. El Decreto 1345 del 15 de agosto de 2023, que originó la molestia de los educadores, establece un Sistema Transitorio de Equivalencias para el Régimen de Carrera Especial de los Dinamizadores Pedagógicos o Educadores Indígenas.

La preocupación de los educadores es que esto también implicaría el manejo de recursos. Los líderes del plantón pacífico, además, señalaron que el decreto otorgaría a las comunidades indígenas autonomía para tomar decisiones administrativas en el contexto educativo. “Los pueblos indígenas determinan autónomamente sus instituciones, estructuras, autoridades de gobierno y sus procesos de educación indígena propio, así como el ejercicio de funciones jurisdiccionales, culturales, políticas, pedagógicas y administrativas en su ámbito territorial”, explica el Decreto.

Según los etnoeducadores, con esta determinación su vinculación laboral pasará del Ministerio de Educación Nacional a los resguardos indígenas, pues esta entidad se encargaría de girar los recursos directamente a las comunidades. Otra de las intranquilidades de los educadores está relacionada con el proceso educativo de los niños de estas comunidades. Según advierten los educadores, el Gobierno del presidente Gustavo Petro avaló este decreto por su cercanía con los pueblos indígenas. ===============================================

La Alcaldía de Valledupar adquirió un crédito de 39 mil 493 millones ante Findeter para construir dos vías en el municipio, luego de que el Concejo autorizara el empréstito en diciembre del 2022. Según los documentos, el crédito se dividió en dos: 24 mil 999 millones para la construcción de las dos calzadas de la carrera 38 entre la Avenida Sierra Nevada y el barrio Divino Niño y 14 mil 716 millones para el mejoramiento de 6,5 kilómetros de la vía de acceso al corregimiento Sabana Crespo. 

El municipio pagará el préstamo durante 10 años, a través de los ingresos corrientes de libre destinación, provenientes de lo recaudado por Industria y comercio, predial y sobretasa a la gasolina. Ambos impuestos tenían una disponibilidad del 97 %. Durante el 2022, el municipio destinó $16.867 millones para el pago de los compromisos de la Ley 550 y $4.698 millones del SGP Agua Potable para  abonar a la deuda de los polémicos Bonos de Agua.           

Entendiendo la importancia de las obras, lo cierto es que el próximo alcalde de Valledupar tendrá algunas limitaciones en el manejo de los ingresos corrientes de libre destinación, que representan los ingresos para inversión. Y es que los tres impuestos comprometidos en este crédito (predial, industria y comercio y la sobretasa a la gasolina) representan más del 60% de los ingresos corrientes de Valledupar. Parte de este impuesto se comprometió para pagar el crédito. Por otro lado, en el 2022 disminuyó el recaudo del predial, que pasó de $37.338 millones en 2021 a $36.753 millones en 2022. 

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La Superintendencia Nacional de Salud impuso medida cautelar de cesación provisional a la Clínica Erasmo de Valledupar, la cual principalmente atiende pacientes víctimas de accidentes de tránsito por su capacidad de reacción en cuanto a equipos médicos y especialistas. La medida se origina en una auditoría realizada por el ente de control a la clínica, en la cual se evidenció inadecuado almacenamiento de medicamentos, falta de control con las fechas de vencimiento de insumos, falta de seguimiento a los dispositivos médicos y condiciones inadecuadas en la infraestructura de las salas de cirugía donde había riesgo de contaminación e inmobiliario con óxido.

Esta medida cautelar obliga a la clínica a realizar de manera obligatoria acciones prioritarias con el fin de garantizar la debida prestación de los servicios, mediante el diseño y ejecución de un plan de acción, que deberá ser presentado en los próximos cinco días para la correspondiente verificación de implementación. En la auditoría se identificó además falta de mantenimiento a los equipos biomédicos contraviniendo lo establecido por el fabricante, así como la carencia de bomba de infusión en la sala de recuperación.

En el área de esterilización, se encontraron insumos en el piso, espacios reducidos y falta de mantenimiento preventivo y correctivo de las autoclaves, así como inadecuadas condiciones de orden, limpieza, aseo y desinfección. Frente al material de osteosíntesis se evidenció que no hay control de inventarios ni se cuenta con las tarjetas de implante por triplicado que son las que permiten verificar la trazabilidad e idoneidad de este proceso. Por su parte, la Clínica Erasmo, mediante un comunicado de prensa dio a conocer que todos los servicios se encuentran en normal funcionamiento.

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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar fortalece la atención de menores de edad en La Guajira. Con el objetivo de mejorar la ruta de atención a la niñez y adolescencia migrante, defensores y comisarios de familia, así como cooperación internacional y organizaciones, realizaron un evento en Maicao, La Guajira, para analizar los desafíos y plantear propuestas que permitan garantizar los derechos de esta población de manera integral.  A través del taller “Ruta de atención a niñez y adolescencia no acompañada y/o separada”, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Instituto Colombiano de Bienestar, UNICEF y el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos propiciaron un diálogo constructivo con integrantes del Sistema de Justicia Familiar.

En dicho dialogo se resaltó la importancia de fortalecer y capacitar el talento humano, así como mejorar la articulación con las instituciones para garantizar derechos sin tener que hacer apertura de un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos; cómo vincular de manera ágil a un niño o niña al sistema de salud o facilitar su identificación por medio de un registro civil. El ICBF profundizó sobre la necesidad de implementar el enfoque diferencial a la hora de atender a la niñez y adolescencia indígena migrante con el objetivo de eliminar prejuicios, estereotipos, generar acción sin daño y respetando el principio constitucional de la diversidad étnica cultural. 

También se presentaron conceptos básicos de Derecho Internacional aplicado a los PARD por apátrida, con necesidades de protección internacional y otras características derivadas de la protección de los niños, niñas y adolescentes. Este fue un escenario para que las autoridades administrativas, junto con cooperación internacional, fortalecieran mecanismo que permitan garantizar la adecuada atención con un enfoque territorial, bajo una mirada de respeto y protección de los derechos humanos.

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Familiares de una paciente sometida a cirugía denunciaron posible negligencia médica en la Clínica Santo Tomás de Valledupar, lo que habría causado consecuencias graves en la salud de la intervenida. Erika López, prima de la afectada, alega que los médicos dejaron un marcador de compresa en el abdomen de la paciente durante la cirugía, lo que la obligó a someterse a una segunda operación en el mismo centro médico. 

“Cuando mi prima fue operada, presentó una hemorragia vaginal, por ello se fue de urgencia a la misma clínica en busca de que la atendiera el mismo profesional que ya conocía su situación, sin embargo, fue dada de alta sin especificar el origen de la hemorragia. Luego el 1 de septiembre reingresa con dolor abdominal y después de 4 días es que deciden intervenirla, lo cual probablemente empeoró su situación”, señaló la familiar de afectada. La familia también afirma que el equipo médico no adquirió a tiempo un dispositivo médico necesario para el monitoreo de la paciente, lo que resultó en lavados fuera del plazo establecido por los facultativos. 

Los familiares llevaron a cabo un plantón en la Clínica Santo Tomás para lograr la remisión de la paciente a la Clínica Cardiovascular del Cesar, donde esperan que reciba una atención más adecuada debido a sus complicaciones de salud. Según los familiares, la atención que recibió la paciente no fue la que una persona en avanzadas complicaciones de salud debió recibir en la Clínica Santo Tomás.

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Los exministros de Energía piden actuar rápido ante situación energética. En una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, exministros de Minas y Energía, se refirieron al panorama desafiante que enfrenta el sector eléctrico. Según se explica en la misiva, esto se ha derivado de diferentes situaciones como el retraso en la puesta en marcha de nuevos proyectos de generación y transmisión; las presiones al alza de los precios de la energía que ya se observan con la llegada del fenómeno del niño; las barreras que han dificultado la recuperación de saldos producto de la opción tarifaria; entre otras. 

Los exministros también hacen referencia al impacto que podría significar para la operabilidad del sistema las dificultades financieras que atraviesan al menos 17 comercializadoras de energía que atienden el 40 % de la demanda. En ese sentido, advierten que ese riesgo podría trasladarse a otros agentes del mercado. Entre las medidas para hacer frente a esta crisis se incluyen la financiación por parte del gobierno de la totalidad de los saldos de la opción tarifaria vigentes y la definición de incentivos de precios para buscar las eficiencias en el consumo. 

A lo anterior también se le suman el “mantener y asegurar la provisión de combustibles para la generación térmica. Y por supuesto, el nombramiento en propiedad de Comisionados en la Creg con la debida solidez técnica”. El grupo de firmantes, que integran a los exministros Amylkar Acosta, Germán Arce, Mauricio Cárdenas, Diego Mesa, Federico Rengifo, Juan Camilo Restrepo, entre otros) hacen un llamado a atender la situación con urgencia para no perjudicar a los usuarios. “Hay que actuar ya señor Presidente. Está en sus manos evitarle al país un costoso e innecesario riesgo de apagón”, concluye la carta. 

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En el Cesar buscan a reclamantes de tierras. La Agencia Nacional de Tierras informó la apertura de la convocatoria masiva de actualización de datos de solicitantes de tierras o títulos de propiedad de sus predios que iniciaron su proceso en años anteriores, algunos desde 1.960, y cuyas solicitudes reposaban en el archivo documental de la Agencia por no haber sido resueltas en su momento. En el departamento del Cesar, buscan que 3.136 reclamantes de tierras, actualicen y/o complementen sus datos de contacto e información mínima necesaria para iniciar, continuar o excluir sus solicitudes del Registro de Sujetos de Ordenamiento, como herramienta para la identificación de beneficiarios de acceso a tierras.

El director general de la ANT, Gerardo Vega Medina, informó que “esto permitirá a la Agencia Nacional de Tierras actualizar sus bases de datos, y de los procesos heredados de entidades de tierras anteriores al Acuerdo de Paz, así como disminuir el rezago institucional en garantía del debido proceso de los solicitantes, regulado por el Decreto Ley 907 de 2017. Los cinco municipios con más solicitantes en el departamento son Valledupar con 684 solicitantes, Pailitas (211), Tamalameque (207), Curumaní (201) y Chimichagua (190). Los interesados podrán consultar por nombre o cédula en www.ant.gov.co si tiene activo un expediente o solicitud archivada; si el sistema le indica que aparece registrado deberá actualizar los datos en la sede de la UGT de la Agencia ubicada en Valledupar.

Asimismo, indicaron que los datos básicos recolectados permitirán a la ANT procesar cada requerimiento y dar apertura al trámite administrativo que beneficie principalmente los derechos del campesinado y de las comunidades étnicas del país, o de lo contrario, se procederá al cierre y depuración de solicitudes. Esta convocatoria estará vigente por 30 días. No serán tenidos en cuenta los ciudadanos cuyas solicitudes ya hayan iniciado su proceso o se encuentren en fase de decisión o con acto administrativo definitivo pendiente de notificación.

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Padres de familia y estudiantes hicieron bloqueos en Barrancas y Hatonuevo. Con dos nuevos bloqueos amaneció el pasado lunes La Guajira, donde los wayuu reclamaban las garantías del transporte escolar, por ello interrumpieron el tránsito entre el norte y el sur del departamento. El cierre se generó en dos puntos de la carretera nacional, uno de ellos en Tamaquito, jurisdicción de Barrancas y el otro en La Critica en el municipio Hatonuevo.

Los padres de familia y los estudiantes de las zonas indígenas, salieron a la vía desde las 4 de la madrugada, reclamando por la suspensión de las rutas escolares. Ellos indicaron que la contratación de los vehículos está confirmada hasta la finalización de este mes de octubre, situación que los tiene altamente preocupados.

Aseguraron que los estudiantes quedarían sin el transporte en noviembre, en esta parte del departamento y no se tiene una certificación que indique la continuación de la prestación del servicio. Se conoció que el viernes anterior estuvieron reunidos las autoridades wayuu de la zona y funcionarios de la Gobernación, pero las explicaciones no los dejaron satisfechos.

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Un grupo de abogados ha dispuesto un modelo de derecho de petición que solicita la revisión del consumo por el incremento injustificado en los precios de los servicios públicos en Valledupar. Muchos habitantes de la ciudad de Valledupar, por no decir la mayoría, en los últimos años han visto reflejado en las facturas o recibos de los servicios públicos domiciliarios de sus hogares un aumento significativo del precio de los servicios que reciben de agua, electricidad, gas, aseo, entre otros, en relación con otros cánones anteriores. 

Los problemas más preocupantes han sido con el tema de la electricidad, los cuales obligaron a que algunas familias con muchos esfuerzos realizaran las diligencias necesarias para abastecerse de electricidad, recurriendo al uso de paneles solares. “En lo corrido del 2020 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ha impuesto multas por 45 mil 157 millones de pesos a 72 empresas de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas, al comprobarse incumplimientos a la normatividad vigente de acuerdo con información suministrada de la revista Semana.

Frente a tanta inconformidad ciudadana, un grupo de abogados preocupados por los problemas sociales de la ciudad, ha dispuesto un modelo de derecho de petición que solicita la revisión del consumo, el cual se suministrará de manera gratuita a través del siguiente correo: villarrealyasociadoss@gmail.com. Al hacer esa reclamación, la empresa está en la obligación de expedir una nueva factura por el valor que reconoces deber, la cual pagarás como habitualmente lo haces. No es justo que los habitantes de la ciudad, los más vulnerables, sean los que estén asumiendo los sobrecostos ilegales y desproporcionados en las tarifas de sus servicios públicos, los cuales en esencia tienen precios de servicios privados.

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Valledupar es la segunda ciudad donde más aumentó el costo del transporte. El Dane publicó el informe del Índice del Precio del Consumidor, IPC, el cual mide el aumento del costo de vida en el país. Aterrizando la cifra al departamento, de septiembre de 2022 a septiembre de 2023, el costo de vida en Valledupar aumentó un 11,3%. El mayor aumento en el último año se dio en el sector transporte, con un 36,22%, convirtiendo a Valledupar en la segunda ciudad con la mayor variación, solo detrás de Sincelejo.

El incremento en el precio de los ‘pasajes’ va acorde con el aumento del precio de la gasolina. Los vallenatos pasaron de pagar el galón de gasolina a 7 mil 800 pesos el año pasado a pagar 12 mil 211 pesos en septiembre del 2023. Ese 63,9% de más impactó en el precio de los pasajes de taxi urbano e intermunicipal. En el caso de las carreras urbanas la tarifa subió de 6 mil pesos a 8 mil pesos y 10 mil pesos. “Antes para trabajar durante todo el día al taxi se le echaban 50 mil pesos. Ahora toca echar 110 mil pesos. Eso es algo más del doble”, explicó Carlos Montes, taxista urbano. 

Pero no solo aumentó el precio de la carrera de taxi. A finales de septiembre, el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar, por un buen recaudo que tuvo el día sin carro, confirmó el aumento de 400 pesos por ruta, por lo que pasó a costar 2 mil 400 pesos. Contrario al transporte, el sector alimentos no sufrió variaciones exageradas. La variación fue de 11,2%. El costo de las bebidas alcohólicas aumentó un 10.3%; el de los restaurantes y hoteles un 15%. 

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‘Prolatam sigue sin cumplir obligaciones contractuales’, aseguran empleados de Empaz. Los trabajadores de la empresa Empaz continúan esperando que la empresa Prolatam, ubicada en el municipio de La Paz, Cesar, cumpla con sus deudas, después de realizar una protesta frente a la Alcaldía hace más de un mes siguen exigiendo el pago de salarios atrasados y prestaciones de ley. Según Junior Guerra Márquez, líder social, la empresa Prolatam ha comenzado a pagar a los empleados cuatro meses de salarios atrasados, así como las pensiones de mitad de año, las prestaciones y la seguridad social.

Sin embargo, el proceso de liquidación y pensiones para aquellos que ya tienen derecho a ellas aún no se ha completado, ya que la empresa afirma tener solo 530 millones de pesos disponibles, mientras que la deuda total asciende a Mil Ochocientos millones de pesos. Luis Peroza, abogado que representa a los empleados, señaló que no se han producido avances significativos desde el inicio de los pagos parciales, y la empresa Prolatam no parece estar comprometida en cumplir con sus obligaciones”. El defensor afirmó que, por la prórroga que ha tenido la empresa Prolatam y entidades involucradas, se inició el proceso de trámite de demandas para ser presentadas en contra del municipio de La Paz. 

“Ante la situación de incumplimiento del contrato LP06 2022 las demandas ya se encuentran listas contra el municipio de La Paz, porque el municipio asumió la carga laboral de los trabajadores de Empaz, pero por tratar de cubrir la falta de operador privado ha permitido que la empresa privada, es decir Prolatam, incumpla y tome acciones como bien les parezca. “La empresa Prolatam, en estos días nos ha dejado sin agua, lo que se suma a la situación que se viene presentado con los 15 empleados de la empresa Empaz, a quienes la entidad que opera en La Paz no les ha querido liquidar por completo. Además, las facturas están llegando en un valor elevado como si el servicio de agua estuviera permanentemente cuando no es así”, reiteró Junior Guerra Márquez.

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El Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar tomó medidas drásticas y prohíbe actividades políticas en sus instalaciones. A través de un comunicado, el gerente interventor del Hospital Rosario Pumarejo de López, Duver Dickson Vargas, anunció restricciones en el centro médico en relación con las campañas políticas de los candidatos para las elecciones populares del 29 de octubre. El comunicado está dirigido específicamente a “candidatos a cargos de elección popular, funcionarios, contratistas y colaboradores de la Empresa Social del Estado, Hospital Rosario Pumarejo de López”.

Estas acciones incluyen convocar y llevar a cabo reuniones políticas, acosar o presionar a subordinados para respaldar causas o campañas políticas, difundir propaganda electoral a favor o en contra de candidatos, partidos o movimientos políticos, utilizar las instalaciones, equipos, logotipos o el nombre del hospital para campañas electorales, emplear el cargo para participar en actividades políticas, influir en procesos electorales partidistas y presionar a terceros o subordinados para respaldar causas o campañas políticas.

La circular advierte que, si se evidencian conductas que infrinjan estas restricciones, el agente especial interventor, en cumplimiento de su deber legal, presentará denuncias ante los entes de control competentes. En el documento, el funcionario informa que, “según la Ley 996 de 2005 y la Circular 010 del 10 de julio de 2023 de la Procuraduría General de la Nación”, deben abstenerse de realizar cualquier acción que beneficie su candidatura dentro de las instalaciones hospitalarias”.

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Gustavo Petro presentará al Congreso decretos de em