Con el propósito de articular una respuesta integral frente a los crecientes retos de la seguridad ciudadana, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), con el apoyo de la Alcaldía de Valledupar, liderará este sábado 15 de noviembre el Encuentro Nacional de Seguridad de Ciudades Capitales, un espacio de coordinación estratégica entre los gobiernos locales, la Fuerza Pública y el Gobierno Nacional.
El encuentro reunirá a más de 20 alcaldes y secretarios de seguridad de las ciudades capitales, así como a las principales autoridades de defensa y organismos de control del país. Participará el ministro de Defensa Nacional, Pedro Arnulfo Sánchez; el almirante Francisco Hernando Cubides, comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia; el brigadier general William Oswaldo Rincón, director general de la Policía Nacional; y la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz. Asimismo, participarán delegados de la Procuraduría General de la Nación, quienes trabajarán de manera articulada con las demás autoridades para fortalecer la convivencia ciudadana, la justicia y la prevención del delito en todo el territorio nacional.
“La seguridad no se resuelve de manera aislada. Requiere coordinación, corresponsabilidad y acción permanente entre la Nación y los territorios. Desde Asocapitales impulsamos un diálogo que fortalezca las capacidades locales y mejore la confianza ciudadana”, afirmó Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales.
_Temas estratégicos del encuentro_
Durante la jornada se desarrollarán mesas de trabajo y presentaciones enfocadas en los principales desafíos de la seguridad urbana y la convivencia ciudadana. Los temas prioritarios incluyen:
• Lucha contra el microtráfico y fortalecimiento de la política de salud pública.
• Control de armas ilegales y articulación interinstitucional con la Fuerza Pública.
• Estrategias integradas contra la extorsión y el secuestro, con apoyo de la Fiscalía.
• Prevención del delito y fortalecimiento de la justicia local.
• Financiamiento y sostenibilidad de los sistemas de seguridad territorial.
• Fortalecimiento de la inteligencia y la capacidad operativa de la Fuerza Pública.
• Articulación Nación–Territorio para la acción coordinada frente al crimen urbano.
• Garantías electorales 2026 y protección a liderazgos locales.
_Un contexto que demanda acción_
De acuerdo con cifras recientes de la Policía Nacional y el DANE, los delitos de alto impacto muestran una tendencia a la estabilización, aunque con incrementos puntuales en la extorsión (+9%) y el hurto a personas (+6%) en varias capitales durante 2025. En contraste, la tasa nacional de homicidios cerró en 23,7 por cada 100.000 habitantes, la más baja de la última década. Sin embargo, las ciudades capitales concentran el 62% de los delitos urbanos del país, lo que subraya la necesidad de avanzar en acciones conjuntas y diferenciadas.
“El Consejo de Seguridad de las Capitales se consolida como el principal espacio técnico de diálogo entre alcaldes, el Gobierno Nacional y la Fuerza Pública. Su propósito es pasar del diagnóstico a la acción y fortalecer la gobernanza de la seguridad en los territorios”, destacó Santamaría.
_Un compromiso con los territorios_
Las conclusiones del encuentro serán recogidas en la Declaración de Valledupar, documento que establecerá los compromisos de cooperación entre las ciudades capitales y el Gobierno Nacional en materia de seguridad y convivencia.
Esta hoja de ruta buscará alinear los esfuerzos locales con la política nacional de seguridad, fortalecer la capacidad operativa territorial y avanzar hacia un modelo preventivo, integral y ciudadano.
Conclusiones:
El evento, que se desarrolló en el corazón del Cesar bajo la presidencia de Asocapitales a cargo del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y con la dirección ejecutiva de Andrés Santamaría, expuso las crecientes alertas de los mandatarios locales. “Ya no hay una sola ciudad capital que no enfrente problemas graves de seguridad”, advirtió Galán durante la apertura, destacando la evolución de las dinámicas delictivas hacia estructuras criminales más sofisticadas y transnacionales. Amenazas como el uso de artefactos explosivos, bombas incendiarias y la violencia organizada han escalado, afectando no solo a la ciudadanía, sino también a los propios líderes territoriales, varios de los cuales han recibido intimidaciones directas que demandan una protección estatal más robusta.
El ministro Sánchez, por su parte, enfatizó la urgencia de una respuesta integrada: “La información salva vidas. Hemos incrementado en un 49% la ofensiva contra el crimen organizado y en un 18% la judicialización de grupos delictivos, pero necesitamos una cooperación más estrecha con los municipios y la participación activa de la comunidad para anticipar y neutralizar amenazas”. Su intervención marcó el tono de unidad entre el Gobierno nacional y los entes locales, reconociendo que las capitales no solo absorben la mayoría de los homicidios, hurtos y extorsiones, sino que también sirven como corredores para flujos ilícitos como el narcotráfico urbano y la explotación sexual infantil.
Tras intensas mesas de trabajo, los participantes sellaron cuatro ejes estratégicos que conforman la agenda común de seguridad urbana, diseñada para ser técnica, moderna y sustentada en datos. El primero se centra en una articulación operacional más efectiva, que potencie la interoperabilidad entre la Fuerza Pública, los gobiernos locales y los entes judiciales. Esta medida busca intensificar la ofensiva contra las bandas que operan en entornos urbanos, facilitando operaciones conjuntas y una respuesta más ágil a emergencias.
El segundo eje prioriza el fortalecimiento de la inteligencia y el intercambio de información. Se creará un protocolo de coordinación para compartir datos sensibles entre la Nación y los municipios, acompañado de inversiones en capacidades tecnológicas que permitan prever riesgos. “La prevención empieza con el conocimiento compartido”, subrayó Santamaría, quien llamó a convertir la seguridad en una tarea social, institucional y colectiva.
En tercer lugar, se acordó un apoyo directo a las capacidades de la Fuerza Pública, incluyendo la incorporación de 20 nuevas unidades operativas distribuidas en las regiones más críticas. Esto se complementará con un acompañamiento permanente a los Programas de Mantenimiento Urbano (PMU) y el refuerzo del cuerpo auxiliar de Policía, con el objetivo de ampliar la presencia territorial y la disuasión en barrios vulnerables.
Finalmente, el cuarto eje apuesta por la prevención, la inversión y la cooperación internacional. Se impulsarán mecanismos de alianza con organismos multilaterales y agencias globales para combatir delitos que trascienden fronteras, como el tráfico de estupefacientes en entornos citadinos y la trata de personas. Este pilar también contempla fondos para programas de inclusión social que ataquen las raíces de la delincuencia, promoviendo la convivencia en comunidades marginadas.
La hoja de ruta resultante no solo representa un compromiso inmediato, sino una plataforma para monitoreo continuo y ajustes basados en indicadores reales. Asocapitales se posiciona como líder en su implementación, con el respaldo explícito del Ministerio de Defensa. Para los alcaldes presentes, como los de Medellín, Cali y Barranquilla, este pacto es un “punto de inflexión” que podría restaurar la confianza ciudadana y reactivar la vitalidad económica de las urbes.
Con este encuentro, Valledupar no solo fue sede de un diálogo crucial, sino testigo de un giro hacia la corresponsabilidad. En un país donde la inseguridad urbana erosiona el tejido social, estos acuerdos podrían marcar el inicio de una era de mayor blindaje para las capitales, epicentros de la población colombiana.
