Los abusos de grupos armados, el acceso limitado a la justicia y los altos niveles de pobreza, especialmente entre las comunidades indígenas y afrodescendientes, continúan siendo problemas de derechos humanos preponderantes en Colombia.

El acuerdo de paz de 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno puso fin a un conflicto de cinco décadas y trajo una reducción inicial de la violencia. Sin embargo, la violencia adoptó nuevas formas y los abusos por parte de grupos armados aumentaron en muchas zonas remotas durante los años posteriores; en 2022 alcanzaron niveles similares a los que existían inmediatamente antes del proceso de paz.

Defensores de derechos humanos, periodistas, combatientes desmovilizados de las FARC, líderes indígenas y afrodescendientes y otros activistas han sufrido amenazas de muerte y actos de violencia constantes.

Gustavo Petro asumió la presidencia en agosto y la ambientalista Francia Márquez se convirtió en la primera vicepresidenta de origen afrocolombiano. El nuevo gobierno se comprometió a combatir el cambio climático, implementar el acuerdo de paz de 2016 y priorizar una política de “paz total” que procuraría alcanzar un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el desarme negociado de otros grupos armados, incluidos grupos criminales.

En febrero, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en todas las circunstancias hasta la semana 24 de gestación.

Abusos por parte de grupos armados

Numerosos grupos armados operan en Colombia, impulsados por economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal. Estos grupos incluyen al ELN, que se formó en los años sesenta; más de 30 “disidencias” que surgieron de la desmovilización de las FARC ocurrida en 2017; y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que se formaron a partir de la desmovilización de grupos paramilitares a mediados de la década de 2000 y que también son conocidas como “Clan del Golfo”. Muchos de estos grupos tienen vínculos fluidos y complejos entre sí y algunos son parte de conflictos armados no internacionales.

Los grupos armados siguieron cometiendo graves abusos contra civiles, incluidos asesinatos, reclutamiento infantil y violaciones sexuales, especialmente en zonas rurales de la región del Pacífico y a lo largo de las fronteras con Venezuela y Ecuador. La fuerza pública y las autoridades judiciales no han protegido de forma efectiva a la población, ni garantizado un acceso suficiente a la justicia ni el desmantelamiento de los grupos armados.

En mayo, las AGC impusieron un “paro armado” con restricciones a la circulación de civiles en más de 170 municipios de 11 departamentos. Las restricciones sugirieron una expansión geográfica alarmante, en comparación con el paro armado de 2012, que afectó a 26 municipios. Realizaron el paro armado en respuesta a la extradición a Estados Unidos de su principal jefe, Darío Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”. El grupo también mató a 36 policías entre junio y agosto de 2022.

El temor a minas antipersonales, las amenazas de grupos armados y la posibilidad de ser alcanzados por el fuego cruzado impidieron que 96.000 personas pudieran salir de sus comunidades entre enero y octubre, una situación conocida como “confinamiento”.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) reportó 60 “masacres”, un término definido como el asesinato intencional de tres o más civiles en un solo incidente, hasta octubre de 2022.

En el departamento de Nariño, los enfrentamientos entre grupos disidentes de las FARC han dado lugar al desplazamiento de miles de personas, principalmente afrodescendientes e indígenas awá, que también sufren amenazas, confinamiento, secuestros y asesinatos.

En el departamento del Cauca, el ELN y grupos disidentes de las FARC han reclutado a más de 500 niños y niñas, en su mayoría indígenas, desde 2021, según organizaciones locales. Miembros de comunidades indígenas nasa que se oponen a los abusos por parte de grupos armados han sido amenazados y asesinados. Los enfrentamientos de grupos armados, principalmente en el municipio de Argelia, dejaron un saldo de más de 2.600 personas desplazadas y confinadas.

En las zonas fronterizas entre el departamento colombiano de Arauca y el estado de Apure en Venezuela, los enfrentamientos entre el ELN y una coalición de disidencias de las FARC han generado un aumento drástico de la violencia, incluida una escalada en el número de asesinatos. Más de 12.000 personas fueron desplazadas o confinadas. En Apure, miembros del ELN realizaron operaciones conjuntas con miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, que fueron cómplices de sus abusos.

En el departamento de Putumayo, en la frontera con Ecuador, Comandos de la Frontera y el Frente Carolina Ramírez, dos grupos que surgieron de las FARC, controlan a la población, imponen códigos de vestimenta y toques de queda y amenazan con matar a quienes no cumplan con sus reglas.

Abusos cometidos por miembros de la fuerza pública 

Los abusos perpetrados por agentes de fuerza pública continúan siendo un problema grave.

El 28 de marzo de 2022, 11 personas murieron durante una controvertida operación del Ejército realizada en El Remanso, departamento de Putumayo, en el sur de Colombia. El Ejército alegó haber cumplido con el Derecho Internacional Humanitario y señaló que el operativo había estado dirigido a Comandos de Frontera. Al menos cuatro civiles murieron, entre ellos un líder indígena y un líder comunitario. Hasta octubre, continuaban en curso las investigaciones penales para determinar si el Ejército incurrió en un uso excesivo de la fuerza.

La policía cometió graves violaciones de derechos humanos en respuesta a protestas mayormente pacíficas realizadas en Colombia desde 2019. Los esfuerzos por investigar y judicializar a los responsables han sido limitados.

Human Rights Watch examinó evidencias que vinculaban a policías con 25 asesinatos de manifestantes y transeúntes, así como decenas de lesiones y arrestos arbitrarios, en el contexto de manifestaciones pacíficas ocurridas en 2021. Al mes de octubre de 2022, cuatro policías habían sido imputados y otros cinco acusados en relación con los homicidios. Nadie ha sido imputado en relación con las lesiones o detenciones arbitrarias.

Ha habido reformas limitadas para mejorar la rendición de cuentas y prevenir futuras violaciones de derechos humanos.

En agosto, el presidente Petro nombró como ministro de Defensa a Iván Velásquez, un exjuez y exfiscal ampliamente respetado por su lucha contra la corrupción. Velásquez dijo que el gobierno buscaría una reforma policial, incluso mediante la transferencia de la policía fuera del ámbito del Ministerio de Defensa, donde la línea divisoria entre sus funciones y las del Ejército a menudo se ha desdibujado.

Violencia contra defensores de derechos humanos y otros líderes comunitarios

Más de 1.000 defensores de derechos humanos y líderes sociales han sido asesinados en Colombia desde 2016, según la Defensoría del Pueblo de Colombia.

El derecho colombiano incluye un amplio conjunto de políticas, mecanismos y leyes orientados a prevenir abusos contra defensores de derechos humanos y a proteger a excombatientes de las FARC. Pero la implementación, especialmente de medidas establecidas conforme al acuerdo de paz de 2016, ha sido deficiente.

La Defensoría del Pueblo reportó 182 asesinatos de defensores de derechos humanos entre enero y octubre de 2022. 

En febrero de 2022, en el municipio de San Martín, departamento del César, hombres armados asesinaron a Teófilo Acuña y Jorge Tafur, dos importantes líderes campesinos que, durante décadas, dirigieron comunidades de pequeños agricultores y de minería a pequeña escala. Al mes de octubre, una persona había sido acusada en relación con los asesinatos.

Fuente: https://www.hrw.org/es/world-report/2023/country-chapters/colombia