Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado colombiano reconoció su responsabilidad por el asesinato del periodista y líder de opinión Jaime Hernando Garzón Forero, por la violación de sus derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad de pensamiento y expresión de la víctima.