Un grupo de etnoeducadores de los departamentos de La Guajira, Sucre y Córdoba protestan en contra del Gobierno nacional por un decreto que, según denuncian, privatiza la educación a niños en resguardos indígenas.
30 profesores de la región Caribe se manifestaron este jueves, 5 de octubre frente a las instalaciones del Ministerio de Educación Nacional, en Bogotá. El Decreto 1345 del 15 de agosto de 2023, que originó la molestia de los educadores, establece un Sistema Transitorio de Equivalencias para el Régimen de Carrera Especial de los Dinamizadores Pedagógicos o Educadores Indígenas.
La preocupación de los educadores es que esto también implicaría el manejo de recursos. Los líderes del plantón pacífico, además, señalaron que el decreto otorgaría a las comunidades indígenas autonomía para tomar decisiones administrativas en el contexto educativo. “Los pueblos indígenas determinan autónomamente sus instituciones, estructuras, autoridades de gobierno y sus procesos de educación indígena propio, así como el ejercicio de funciones jurisdiccionales, culturales, políticas, pedagógicas y administrativas en su ámbito territorial”, explica el Decreto.
Según los etnoeducadores, con esta determinación su vinculación laboral pasará del Ministerio de Educación Nacional a los resguardos indígenas, pues esta entidad se encargaría de girar los recursos directamente a las comunidades. Otra de las intranquilidades de los educadores está relacionada con el proceso educativo de los niños de estas comunidades. Según advierten los educadores, el Gobierno del presidente Gustavo Petro avaló este decreto por su cercanía con los pueblos indígenas. ===============================================
La Alcaldía de Valledupar adquirió un crédito de 39 mil 493 millones ante Findeter para construir dos vías en el municipio, luego de que el Concejo autorizara el empréstito en diciembre del 2022. Según los documentos, el crédito se dividió en dos: 24 mil 999 millones para la construcción de las dos calzadas de la carrera 38 entre la Avenida Sierra Nevada y el barrio Divino Niño y 14 mil 716 millones para el mejoramiento de 6,5 kilómetros de la vía de acceso al corregimiento Sabana Crespo.
El municipio pagará el préstamo durante 10 años, a través de los ingresos corrientes de libre destinación, provenientes de lo recaudado por Industria y comercio, predial y sobretasa a la gasolina. Ambos impuestos tenían una disponibilidad del 97 %. Durante el 2022, el municipio destinó $16.867 millones para el pago de los compromisos de la Ley 550 y $4.698 millones del SGP Agua Potable para abonar a la deuda de los polémicos Bonos de Agua.
Entendiendo la importancia de las obras, lo cierto es que el próximo alcalde de Valledupar tendrá algunas limitaciones en el manejo de los ingresos corrientes de libre destinación, que representan los ingresos para inversión. Y es que los tres impuestos comprometidos en este crédito (predial, industria y comercio y la sobretasa a la gasolina) representan más del 60% de los ingresos corrientes de Valledupar. Parte de este impuesto se comprometió para pagar el crédito. Por otro lado, en el 2022 disminuyó el recaudo del predial, que pasó de $37.338 millones en 2021 a $36.753 millones en 2022.
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La Superintendencia Nacional de Salud impuso medida cautelar de cesación provisional a la Clínica Erasmo de Valledupar, la cual principalmente atiende pacientes víctimas de accidentes de tránsito por su capacidad de reacción en cuanto a equipos médicos y especialistas. La medida se origina en una auditoría realizada por el ente de control a la clínica, en la cual se evidenció inadecuado almacenamiento de medicamentos, falta de control con las fechas de vencimiento de insumos, falta de seguimiento a los dispositivos médicos y condiciones inadecuadas en la infraestructura de las salas de cirugía donde había riesgo de contaminación e inmobiliario con óxido.
Esta medida cautelar obliga a la clínica a realizar de manera obligatoria acciones prioritarias con el fin de garantizar la debida prestación de los servicios, mediante el diseño y ejecución de un plan de acción, que deberá ser presentado en los próximos cinco días para la correspondiente verificación de implementación. En la auditoría se identificó además falta de mantenimiento a los equipos biomédicos contraviniendo lo establecido por el fabricante, así como la carencia de bomba de infusión en la sala de recuperación.
En el área de esterilización, se encontraron insumos en el piso, espacios reducidos y falta de mantenimiento preventivo y correctivo de las autoclaves, así como inadecuadas condiciones de orden, limpieza, aseo y desinfección. Frente al material de osteosíntesis se evidenció que no hay control de inventarios ni se cuenta con las tarjetas de implante por triplicado que son las que permiten verificar la trazabilidad e idoneidad de este proceso. Por su parte, la Clínica Erasmo, mediante un comunicado de prensa dio a conocer que todos los servicios se encuentran en normal funcionamiento.
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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar fortalece la atención de menores de edad en La Guajira. Con el objetivo de mejorar la ruta de atención a la niñez y adolescencia migrante, defensores y comisarios de familia, así como cooperación internacional y organizaciones, realizaron un evento en Maicao, La Guajira, para analizar los desafíos y plantear propuestas que permitan garantizar los derechos de esta población de manera integral. A través del taller “Ruta de atención a niñez y adolescencia no acompañada y/o separada”, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Instituto Colombiano de Bienestar, UNICEF y el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos propiciaron un diálogo constructivo con integrantes del Sistema de Justicia Familiar.
En dicho dialogo se resaltó la importancia de fortalecer y capacitar el talento humano, así como mejorar la articulación con las instituciones para garantizar derechos sin tener que hacer apertura de un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos; cómo vincular de manera ágil a un niño o niña al sistema de salud o facilitar su identificación por medio de un registro civil. El ICBF profundizó sobre la necesidad de implementar el enfoque diferencial a la hora de atender a la niñez y adolescencia indígena migrante con el objetivo de eliminar prejuicios, estereotipos, generar acción sin daño y respetando el principio constitucional de la diversidad étnica cultural.
También se presentaron conceptos básicos de Derecho Internacional aplicado a los PARD por apátrida, con necesidades de protección internacional y otras características derivadas de la protección de los niños, niñas y adolescentes. Este fue un escenario para que las autoridades administrativas, junto con cooperación internacional, fortalecieran mecanismo que permitan garantizar la adecuada atención con un enfoque territorial, bajo una mirada de respeto y protección de los derechos humanos.
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Familiares de una paciente sometida a cirugía denunciaron posible negligencia médica en la Clínica Santo Tomás de Valledupar, lo que habría causado consecuencias graves en la salud de la intervenida. Erika López, prima de la afectada, alega que los médicos dejaron un marcador de compresa en el abdomen de la paciente durante la cirugía, lo que la obligó a someterse a una segunda operación en el mismo centro médico.
“Cuando mi prima fue operada, presentó una hemorragia vaginal, por ello se fue de urgencia a la misma clínica en busca de que la atendiera el mismo profesional que ya conocía su situación, sin embargo, fue dada de alta sin especificar el origen de la hemorragia. Luego el 1 de septiembre reingresa con dolor abdominal y después de 4 días es que deciden intervenirla, lo cual probablemente empeoró su situación”, señaló la familiar de afectada. La familia también afirma que el equipo médico no adquirió a tiempo un dispositivo médico necesario para el monitoreo de la paciente, lo que resultó en lavados fuera del plazo establecido por los facultativos.
Los familiares llevaron a cabo un plantón en la Clínica Santo Tomás para lograr la remisión de la paciente a la Clínica Cardiovascular del Cesar, donde esperan que reciba una atención más adecuada debido a sus complicaciones de salud. Según los familiares, la atención que recibió la paciente no fue la que una persona en avanzadas complicaciones de salud debió recibir en la Clínica Santo Tomás.
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Los exministros de Energía piden actuar rápido ante situación energética. En una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, exministros de Minas y Energía, se refirieron al panorama desafiante que enfrenta el sector eléctrico. Según se explica en la misiva, esto se ha derivado de diferentes situaciones como el retraso en la puesta en marcha de nuevos proyectos de generación y transmisión; las presiones al alza de los precios de la energía que ya se observan con la llegada del fenómeno del niño; las barreras que han dificultado la recuperación de saldos producto de la opción tarifaria; entre otras.
Los exministros también hacen referencia al impacto que podría significar para la operabilidad del sistema las dificultades financieras que atraviesan al menos 17 comercializadoras de energía que atienden el 40 % de la demanda. En ese sentido, advierten que ese riesgo podría trasladarse a otros agentes del mercado. Entre las medidas para hacer frente a esta crisis se incluyen la financiación por parte del gobierno de la totalidad de los saldos de la opción tarifaria vigentes y la definición de incentivos de precios para buscar las eficiencias en el consumo.
A lo anterior también se le suman el “mantener y asegurar la provisión de combustibles para la generación térmica. Y por supuesto, el nombramiento en propiedad de Comisionados en la Creg con la debida solidez técnica”. El grupo de firmantes, que integran a los exministros Amylkar Acosta, Germán Arce, Mauricio Cárdenas, Diego Mesa, Federico Rengifo, Juan Camilo Restrepo, entre otros) hacen un llamado a atender la situación con urgencia para no perjudicar a los usuarios. “Hay que actuar ya señor Presidente. Está en sus manos evitarle al país un costoso e innecesario riesgo de apagón”, concluye la carta.
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En el Cesar buscan a reclamantes de tierras. La Agencia Nacional de Tierras informó la apertura de la convocatoria masiva de actualización de datos de solicitantes de tierras o títulos de propiedad de sus predios que iniciaron su proceso en años anteriores, algunos desde 1.960, y cuyas solicitudes reposaban en el archivo documental de la Agencia por no haber sido resueltas en su momento. En el departamento del Cesar, buscan que 3.136 reclamantes de tierras, actualicen y/o complementen sus datos de contacto e información mínima necesaria para iniciar, continuar o excluir sus solicitudes del Registro de Sujetos de Ordenamiento, como herramienta para la identificación de beneficiarios de acceso a tierras.
El director general de la ANT, Gerardo Vega Medina, informó que “esto permitirá a la Agencia Nacional de Tierras actualizar sus bases de datos, y de los procesos heredados de entidades de tierras anteriores al Acuerdo de Paz, así como disminuir el rezago institucional en garantía del debido proceso de los solicitantes, regulado por el Decreto Ley 907 de 2017. Los cinco municipios con más solicitantes en el departamento son Valledupar con 684 solicitantes, Pailitas (211), Tamalameque (207), Curumaní (201) y Chimichagua (190). Los interesados podrán consultar por nombre o cédula en www.ant.gov.co si tiene activo un expediente o solicitud archivada; si el sistema le indica que aparece registrado deberá actualizar los datos en la sede de la UGT de la Agencia ubicada en Valledupar.
Asimismo, indicaron que los datos básicos recolectados permitirán a la ANT procesar cada requerimiento y dar apertura al trámite administrativo que beneficie principalmente los derechos del campesinado y de las comunidades étnicas del país, o de lo contrario, se procederá al cierre y depuración de solicitudes. Esta convocatoria estará vigente por 30 días. No serán tenidos en cuenta los ciudadanos cuyas solicitudes ya hayan iniciado su proceso o se encuentren en fase de decisión o con acto administrativo definitivo pendiente de notificación.
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Padres de familia y estudiantes hicieron bloqueos en Barrancas y Hatonuevo. Con dos nuevos bloqueos amaneció el pasado lunes La Guajira, donde los wayuu reclamaban las garantías del transporte escolar, por ello interrumpieron el tránsito entre el norte y el sur del departamento. El cierre se generó en dos puntos de la carretera nacional, uno de ellos en Tamaquito, jurisdicción de Barrancas y el otro en La Critica en el municipio Hatonuevo.
Los padres de familia y los estudiantes de las zonas indígenas, salieron a la vía desde las 4 de la madrugada, reclamando por la suspensión de las rutas escolares. Ellos indicaron que la contratación de los vehículos está confirmada hasta la finalización de este mes de octubre, situación que los tiene altamente preocupados.
Aseguraron que los estudiantes quedarían sin el transporte en noviembre, en esta parte del departamento y no se tiene una certificación que indique la continuación de la prestación del servicio. Se conoció que el viernes anterior estuvieron reunidos las autoridades wayuu de la zona y funcionarios de la Gobernación, pero las explicaciones no los dejaron satisfechos.
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Un grupo de abogados ha dispuesto un modelo de derecho de petición que solicita la revisión del consumo por el incremento injustificado en los precios de los servicios públicos en Valledupar. Muchos habitantes de la ciudad de Valledupar, por no decir la mayoría, en los últimos años han visto reflejado en las facturas o recibos de los servicios públicos domiciliarios de sus hogares un aumento significativo del precio de los servicios que reciben de agua, electricidad, gas, aseo, entre otros, en relación con otros cánones anteriores.
Los problemas más preocupantes han sido con el tema de la electricidad, los cuales obligaron a que algunas familias con muchos esfuerzos realizaran las diligencias necesarias para abastecerse de electricidad, recurriendo al uso de paneles solares. “En lo corrido del 2020 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ha impuesto multas por 45 mil 157 millones de pesos a 72 empresas de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas, al comprobarse incumplimientos a la normatividad vigente” de acuerdo con información suministrada de la revista Semana.
Frente a tanta inconformidad ciudadana, un grupo de abogados preocupados por los problemas sociales de la ciudad, ha dispuesto un modelo de derecho de petición que solicita la revisión del consumo, el cual se suministrará de manera gratuita a través del siguiente correo: villarrealyasociadoss@gmail.com. Al hacer esa reclamación, la empresa está en la obligación de expedir una nueva factura por el valor que reconoces deber, la cual pagarás como habitualmente lo haces. No es justo que los habitantes de la ciudad, los más vulnerables, sean los que estén asumiendo los sobrecostos ilegales y desproporcionados en las tarifas de sus servicios públicos, los cuales en esencia tienen precios de servicios privados.
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Valledupar es la segunda ciudad donde más aumentó el costo del transporte. El Dane publicó el informe del Índice del Precio del Consumidor, IPC, el cual mide el aumento del costo de vida en el país. Aterrizando la cifra al departamento, de septiembre de 2022 a septiembre de 2023, el costo de vida en Valledupar aumentó un 11,3%. El mayor aumento en el último año se dio en el sector transporte, con un 36,22%, convirtiendo a Valledupar en la segunda ciudad con la mayor variación, solo detrás de Sincelejo.
El incremento en el precio de los ‘pasajes’ va acorde con el aumento del precio de la gasolina. Los vallenatos pasaron de pagar el galón de gasolina a 7 mil 800 pesos el año pasado a pagar 12 mil 211 pesos en septiembre del 2023. Ese 63,9% de más impactó en el precio de los pasajes de taxi urbano e intermunicipal. En el caso de las carreras urbanas la tarifa subió de 6 mil pesos a 8 mil pesos y 10 mil pesos. “Antes para trabajar durante todo el día al taxi se le echaban 50 mil pesos. Ahora toca echar 110 mil pesos. Eso es algo más del doble”, explicó Carlos Montes, taxista urbano.
Pero no solo aumentó el precio de la carrera de taxi. A finales de septiembre, el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar, por un buen recaudo que tuvo el día sin carro, confirmó el aumento de 400 pesos por ruta, por lo que pasó a costar 2 mil 400 pesos. Contrario al transporte, el sector alimentos no sufrió variaciones exageradas. La variación fue de 11,2%. El costo de las bebidas alcohólicas aumentó un 10.3%; el de los restaurantes y hoteles un 15%.
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‘Prolatam sigue sin cumplir obligaciones contractuales’, aseguran empleados de Empaz. Los trabajadores de la empresa Empaz continúan esperando que la empresa Prolatam, ubicada en el municipio de La Paz, Cesar, cumpla con sus deudas, después de realizar una protesta frente a la Alcaldía hace más de un mes siguen exigiendo el pago de salarios atrasados y prestaciones de ley. Según Junior Guerra Márquez, líder social, la empresa Prolatam ha comenzado a pagar a los empleados cuatro meses de salarios atrasados, así como las pensiones de mitad de año, las prestaciones y la seguridad social.
Sin embargo, el proceso de liquidación y pensiones para aquellos que ya tienen derecho a ellas aún no se ha completado, ya que la empresa afirma tener solo 530 millones de pesos disponibles, mientras que la deuda total asciende a Mil Ochocientos millones de pesos. Luis Peroza, abogado que representa a los empleados, señaló que no se han producido avances significativos desde el inicio de los pagos parciales, y la empresa Prolatam “no parece estar comprometida en cumplir con sus obligaciones”. El defensor afirmó que, por la prórroga que ha tenido la empresa Prolatam y entidades involucradas, se inició el proceso de trámite de demandas para ser presentadas en contra del municipio de La Paz.
“Ante la situación de incumplimiento del contrato LP06 2022 las demandas ya se encuentran listas contra el municipio de La Paz, porque el municipio asumió la carga laboral de los trabajadores de Empaz, pero por tratar de cubrir la falta de operador privado ha permitido que la empresa privada, es decir Prolatam, incumpla y tome acciones como bien les parezca. “La empresa Prolatam, en estos días nos ha dejado sin agua, lo que se suma a la situación que se viene presentado con los 15 empleados de la empresa Empaz, a quienes la entidad que opera en La Paz no les ha querido liquidar por completo. Además, las facturas están llegando en un valor elevado como si el servicio de agua estuviera permanentemente cuando no es así”, reiteró Junior Guerra Márquez.
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El Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar tomó medidas drásticas y prohíbe actividades políticas en sus instalaciones. A través de un comunicado, el gerente interventor del Hospital Rosario Pumarejo de López, Duver Dickson Vargas, anunció restricciones en el centro médico en relación con las campañas políticas de los candidatos para las elecciones populares del 29 de octubre. El comunicado está dirigido específicamente a “candidatos a cargos de elección popular, funcionarios, contratistas y colaboradores de la Empresa Social del Estado, Hospital Rosario Pumarejo de López”.
Estas acciones incluyen convocar y llevar a cabo reuniones políticas, acosar o presionar a subordinados para respaldar causas o campañas políticas, difundir propaganda electoral a favor o en contra de candidatos, partidos o movimientos políticos, utilizar las instalaciones, equipos, logotipos o el nombre del hospital para campañas electorales, emplear el cargo para participar en actividades políticas, influir en procesos electorales partidistas y presionar a terceros o subordinados para respaldar causas o campañas políticas.
La circular advierte que, si se evidencian conductas que infrinjan estas restricciones, el agente especial interventor, en cumplimiento de su deber legal, presentará denuncias ante los entes de control competentes. En el documento, el funcionario informa que, “según la Ley 996 de 2005 y la Circular 010 del 10 de julio de 2023 de la Procuraduría General de la Nación”, deben abstenerse de realizar cualquier acción que beneficie su candidatura dentro de las instalaciones hospitalarias”.
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Gustavo Petro presentará al Congreso decretos de emergencia económica que le tumbó la Corte: “No se puede abandonar La Guajira a su suerte”. El jefe de Estado indicó que el Gobierno nacional adelanta una operación para evitar la escasez de agua en el departamento. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó que los decretos de emergencia de La Guajira sean enviados al Congreso con mensaje de urgencia. Luego de que la Corte Constitucional tumbara la emergencia económica y social que había decretado el presidente Gustavo Petro en La Guajira, el jefe de Estado colombiano anunció que ya tenía un plan B para atender la situación social que se vive en esa región.
El pasado 2 de octubre el Gobierno nacional recibió un fuerte golpe, luego de que el alto tribunal declarara como inexequible el decreto 1085 de 2 de julio de 2023, “por medio del cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira”, al considerar que la normativa es inconstitucional. El jefe de Estado colombiano decidió contraatacar la decisión de la Corte Constitucional e informó que los decretos de declaratoria de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira serían presentados al Congreso de la República con mensaje de urgencia. “No se puede abandonar La Guajira a su suerte.
Todos los decretos de emergencia serán presentados al Congreso con mensaje de urgencia”, aseguró el mandatario nacional colombiano a través de su cuenta de X. Por ahora, se desconoce cuándo se presentará el decreto de emergencia de La Guajira ante el Congreso de la República. Hasta el defensor del Pueblo aseguró que tres de los decretos que soportan la emergencia social son contrarios a la constitución. Otra mosca que le cae al pastel.
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Continúan las muertes selectivas en La Guajira que en el mes de septiembre fue sobresaltado con quince atentados. La tarde del pasado lunes, las balas fueron nuevamente las protagonistas de un hecho de sangre y que le costó la vida a un hombre cuando se encontraba en una tienda en un populoso barrio de Maicao, segunda localidad más importante en el departamento de La Guajira. En esta oportunidad, la víctima mortal fue identificada como José Gregorio Fernández Moreno, de 30 años de edad, a quien desde pequeño le decían cariñosamente ‘Pirulo’, este había llegado a la tienda de razón social La Chiqui en compañía de José Antonio González Jiménez, conocido como el Cobra diario.
Minutos después llegó una motocicleta con dos ocupantes, el parrillero desenfundó un arma de fuego y la accionó contra José Gregorio, pero que también resultó hiriendo a otras personas, alterándose el orden público en el sector de la calle 21 con carrera 1A bis del barrio Santa Isabel. Los presentes y observadores quienes vinieron a mirar lo que estaba sucediendo, resultaron auxiliando a los tres heridos, quienes fueron trasladados en motocicletas a centro médico, en donde se recuperan satisfactoriamente. En la escena del atentado criminal quedó el cuerpo sin vida de José Gregorio Fernández Moreno.
Los policiales del cuadrante acordonaron la escena del crimen con el fin de que no se alteraran las posibles evidencias y al cabo rato llegó la comisión de criminalística que se encargó de realizar el levantamiento del cadáver. Sobre los tres heridos se conoció que, dos son de sexo masculino y una femenina quienes resultaron lesionados en diferentes partes de sus cuerpos; todos se encontraban adquiriendo algún producto en la tienda. A cada rato se presentan en territorio guajiro atentados a bala que acaban con la vida de varias personas, las autoridades hacen silencio, mientras que la sociedad espera que se entreguen resultados de los hechos de sangre que enlutan a varias familias guajiras.
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Según Luis Alonso Colmenares Rodríguez, en los últimos veinte años, La Guajira ha sido testigo de un panorama desolador. A pesar de su riqueza cultural y potencial económico, este departamento ha sufrido la falta de un liderazgo visionario y comprometido con su desarrollo sostenible y equitativo. En lugar de tener líderes dedicados al bienestar colectivo, hemos sido testigos de una vergonzosa saga de oportunismo, corrupción y egoísmo que ha sumido a la región en un oscuro túnel de incertidumbre y desigualdad.
Resulta desgarrador ver a nuestros líderes llegando al poder con el único objetivo de satisfacer sus ambiciones personales, olvidando por completo las necesidades y aspiraciones de la gente. En lugar de ser forjadores de un futuro próspero, han sido saqueadores sin escrúpulos que se han enriquecido a costa del sufrimiento de quienes confiaron en ellos. Entre los años 2012-2023 le han sido transferidos al departamento de La Guajira aproximadamente 4 billones de pesos por concepto de regalías, pero la pregunta que nos asalta es: ¿Dónde está ese dinero? ¿En qué se ha invertido para mejorar la calidad de vida de los guajiros?
Ahora, más que nunca, es hora de actuar con determinación y responsabilidad. El próximo 29 de octubre, la ciudadanía de La Guajira tiene una oportunidad crucial para reflexionar y elegir a los mejores candidatos, a los más idóneos, que estén dispuestos a servir a la comunidad en lugar de enriquecerse ilícitamente. La Guajira y su gente merecen un liderazgo comprometido con el progreso y el bienestar de todos. Es hora de darle un nuevo rumbo a esta tierra bendecida por la NATURALEZA, pero olvidada por el progreso.
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Con Frente de Seguridad atacan la delincuencia en el sector comercial en Valledupar. La Policía Nacional en coordinación con la Secretaría de Gobierno Municipal, y con la participación activa de la comunidad, crearon Frente de Seguridad, en aras de fortalecer una red de cooperación ciudadana con los comerciantes para abordar problemáticas sociales y trabajar colectivamente por la seguridad y convivencia de esta zona tan dinámica de la ciudad. La iniciativa fue dada a conocer en el Centro Artesanal Calle Grande, a donde asistió el gremio de comerciantes, comunidades vallenatas y autoridades policiales, con el fin de socializar la estrategia que busca disminuir los índices delictivos en la zona comercial de la ciudad.
A través del Grupo GAULA se socializó la estrategia antisecuestro y extorsión: “¡Yo no pago, yo denuncio!”. También se distribuyeron volantes con el listado de los más buscados por los delitos de hurto y homicidio en el Cesar, se compartieron las líneas de atención en caso de emergencia y medidas de autoprotección a cargo de la Seccional de Inteligencia Policial. A su vez, los Comandantes de la Estación Valledupar y del Comando de Atención Inmediata del barrio El Carmen, explicaron ampliamente que la operatividad del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes ha sido más eficaz desde que la Alcaldía de Valledupar se encargó del mantenimiento preventivo y correctivo del circuito cerrado de televisión.
Aura Ovalle, comerciante, dijo que, por la cercanía de la temporada decembrina, se requiere del acompañamiento de las autoridades policiales en la zona comercial de la ciudad, pero además crear acciones que permitan actuar en caso de presentarse hechos delictivos. Por su parte, Octavio Linares, artesano, aseguró que vienen los meses donde los turistas recorren los sitios emblemáticos de la ciudad y la zona comercial, especialmente en las ventas de artesanías. Es importante que estas medidas se cumplan para que entre todos se haga frente a la delincuencia organizada. Más acción y menos chateo se le pide a las autoridades.
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Un magistrado de la Corte Suprema pide cambiar la terna de mujeres para fiscal general por atentar contra la equidad de género. El magistrado Gerardo Botero Zuluaga, de la sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha presentado este martes una tutela ante el Consejo de Estado. Argumenta que la alta corte a la que pertenece erró al aceptar la terna presentada por el presidente Gustavo Petro para el cargo de fiscal general de la Nación. En su opinión, al ser integrada por solo mujeres, atenta contra la equidad de género.
El pasado 2 de agosto, el presidente Petro envió a la Corte Suprema ―encargada de elegir a quien sucederá al actual fiscal, Francisco Barbosa― una primera terna en la que estaban Amparo Cerón Ojeda y las mencionadas Buitrago y Pérez. Sin embargo, el 26 de septiembre anunció el cambio de Cerón, cuestionada por presuntas inconsistencias durante su investigación del caso Odebrecht. En su lugar postuló a Luz Adriana Camargo, una exmagistrada auxiliar de la Corte Suprema que ha investigado las alianzas entre políticos y grupos paramilitares.
Según describe el magistrado Botero, el 14 de septiembre la sala plena de la Corte Suprema de Justicia rechazó un derecho de petición presentado por el ciudadano Belisario Jiménez Duque, quien pedía al tribunal devolver la primera terna que había presentado Petro. En su opinión “violaba el derecho a la igualdad y equidad de género”. El magistrado, expresó estar de acuerdo con la petición de Jiménez Duque. La elección del nuevo fiscal general es un asunto que ha tomado una relevancia nacional incluso mayor a la usual, ya que el actual jefe del ente acusador, Francisco Barbosa, quien termina su periodo en 2024, ha sido un crítico constante del Gobierno y del presidente Gustavo Petro.
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Apagón en elecciones afectaría transparencia de resultados, según advierte la Procuraduría. Un duro llamado hizo al Gobierno la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, para que pronto se encuentre una solución a los problemas de energía que se presentan en el país y que nos tienen en riesgo de un posible apagón. Durante la más reciente reunión de la Comisión de Seguimiento Electoral, la jefa del Ministerio Público alertó que existe la posibilidad de que se presenten problemas del suministro de este servicio el día de las elecciones, lo cual pone en riesgo la transparencia de la jornada de votaciones que se llevará a cabo el próximo 29 de octubre.
A raíz de esta situación, Cabello convocó al Gobierno y a todos los sectores a conformar una mesa técnica a instancias de la Procuraduría, con el ánimo de encontrar una salida que evite el racionamiento. “Urge que se sienten todas las partes, la Procuraduría los cita, los llama a que nos sentemos todos y se busquen soluciones para que el 29 de octubre no estemos lamentando lo que hoy está haciendo como llamado de atención la Procuraduría General de la Nación”, sostuvo.
La alta funcionaria afirmó que sería muy grave que el proceso electoral en Colombia se vea afectado por cuenta de los problemas de energía que estamos atravesando por la crisis financiera de las empresas que suministran este servicio. En el Congreso de la República fue convocado un debate de control político para que el Gobierno Nacional responda y entregue un plan de acción que permita superar esta problemática que se presenta en el territorio colombiano.
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Entró en vigencia la ley ‘dejen de fregar’: ya no podrán llamar a cobrarle o a ofrecerle productos y servicios los domingos y festivos. Desde el martes 10 de octubre, entró en vigencia la Ley 2300 de 2023, conocida como ‘dejen de fregar’, con la cual los bancos y otras instituciones que realicen cobranzas tienen prohibido llamar a sus clientes y deudores fuera del horario laboral, así como domingos y festivos. Esta norma regula la periodicidad, los canales y los horarios en que estas entidades pueden contactar a los usuarios para temas relacionados con cobranza.
De esta manera, por un lado, se limitan los horarios en los cuales las entidades financieras y de comercio en general pueden contactar a sus usuarios; y, por el otro, se le pide al Gobierno nacional que cree un “registro de números excluidos”, en el que se puedan inscribir los consumidores que no deseen recibir llamadas, mensajes o correos de este tipo o de contacto comercial y publicitario. La nueva ley establece que las empresas del sector financiero y de comercio en general solo podrán contactar a las personas de lunes a viernes entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche, y sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Los domingos y festivos está completamente prohibido contactarse con los clientes so pena de recibir multas.
Así mismo, esta ley prohíbe contactar a las referencias personales de los clientes, únicamente podrán contactarse con el deudor directamente o con el codeudor. Además, solo se puede contactar una vez al día y mediante un solo canal dentro de la misma semana, aplicando las restricciones de horario a las que obliga la ley. Por otra parte, las entidades que se dediquen a actividades de cobranza ya no podrán preguntarles a los deudores los motivos por los cuales haya incumplido con los pagos. Sin embargo, se le sugiere a los usuarios expresar las razones de los incumplimientos, como desempleo, calamidades, reducción del poder adquisitivo, debido a que eso permitiría a la entidad ofrecer algún tipo de solución.
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La Misión de Observación Electoral dio a conocer el mapa de riesgo electoral en La Guajira. Cuando faltan 17 días para que se desarrollen las elecciones regionales, la Misión de Observación Electoral (MOE) presenta los mapas y factores de riesgo electoral en La Guajira. El mapa consolidado muestra el conjunto de municipios donde coinciden tanto los riesgos por violencia que podrían afectar el último proceso electoral como donde se presentan anomalías o irregularidades electorales. Se indica que los factores de fraude electoral y de violencia se observa en los municipios: Albania en riesgo alto, Maicao, Manaure y Uribia en riesgo extremo.
En cuanto a los factores de riesgo por violencia, en seis municipios se observa esta situación. En Riohacha y Maicao, violencia extrema, riesgo alto en San Juan del Cesar y Uribia, riesgo medio en Manaure y Albania. Señaló Alejandra Barros Cabrera, directora de la MOE «la identificación de los riesgos electorales es un proceso dinámico… puede sufrir modificaciones en las semanas restantes… es por eso que se realizarán actualizaciones semanales del mapa de riesgo». A nivel nacional 166 municipios están en algún nivel de riesgo, de estos 27 en riesgo medio, 56 en riesgo alto y 83 en riesgo extremo.
en La Procuraduría General de la Nación se han recibido 2.130 quejas contra servidores públicos relacionadas con quejas electorales. «En la Comisión de nacional de Seguimiento a los procesos electorales, con corte al 1 de octubre, se recibió 375 quejas de ciudadanos contra funcionarios públicos, 337 contra funcionarios de elección popular, 75 contra miembros de la Registraduría y 9 de la organización electoral», señala la procuradora Margarita Cabello Blanco. Para el ente de control también es una preocupación la seguridad y la financiación de campañas; por eso instó al Gobierno Nacional y a las Fuerzas Militares a tomar medidas contundentes y ofrecer garantías plenas para elegir y ser elegido.
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Un hombre mató a su mujer a machetazos en Bosconia. Al tratar de impedir que causara daños a su residencia, una mujer de 49 años fue asesinada a machetazos por parte su compañero sentimental, quien, en estado de embriaguez, llegó hasta la casa propiciando la discusión que terminó en tragedia, la madrugada de este miércoles en la invasión Avenida Brasil del municipio de Bosconia, Cesar.
La víctima, Luz Mary Paz Leones, recibió la herida con arma blanca tipo machete, a la altura del cuello parte lateral derecha, que le causó la muerte de forma inmediata dentro de la vivienda. El presunto homicida, de nombre Avelino Antonio Ariza Orozco, de 50 años, se entregó a la Policía Nacional y será procesado inicialmente por el delito de homicidio. La pareja se dedicaba a la venta de gaseosas y fritos en el cruce del municipio de Bosconia.
El hecho ha causado conmoción entre la comunidad, por los altos índices de violencia intrafamiliar que se registran en el territorio. Al parecer, las peleas entre la pareja eran frecuentes, incluso ella en algunas oportunidades se iba a Santa Marta y él la buscaba, la convencía y regresaba a la casa, dijo un familiar. La inspección técnica a cadáver será realizada por parte del personal de la Sijín; entre tanto las autoridades investigan para determinar si se trata de un feminicidio, ya que presuntamente el hombre agredía constantemente a la mujer, hasta que la mató.
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El Gobierno del Cesar continúa con las demostraciones de respaldo al fortalecimiento del Hospital Rosario Pumarejo de López. En esta oportunidad entregó en funcionamiento la nueva Unidad de Urgencias, una de las más grandes de Colombia en la red pública. Son 3.000 metros cuadrados construidos, en los que son atendidos bajo la mayor calidad humana 107 pacientes, aumentando en 58% su capacidad, en comparación con la antigua área de Urgencias, que no cumplía con estándares para atender con dignidad a los enfermos. En el acto oficial de entrega hizo presencia el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, quien felicitó la labor del Gobierno del Cesar por enfocar sus esfuerzos en mejorar la atención en salud.
“Es una obra muy importante. Vamos a seguir con la Gobernación y el gobierno nacional aportándole al hospital. Vamos a construir totalmente nueva el área de salud mental, es nuestro compromiso adicional. Seguiremos entregando equipos y dotación, además de los que entregó ya el Gobierno del Cesar”, dijo. La nueva Unidad de Urgencias del Rosario Pumarejo cuenta con los servicios de Urgencia Pediátrica, un área con capacidad para 16 niños, incluyendo nueve cunas electrónicas, además de una zona en que podrán acceder los pequeños a lecturas y otras actividades lúdicas, mientras reciben atención.
De esta manera, el gobierno que lo hace mejor supera los $40 mil millones en inversiones para este centro asistencial, puesto que además de la infraestructura entregada este miércoles se ha aportado dotación y ambulancias, sumado al pago de pasivos que hoy nos tiene a paz y salvo, para elevar el nivel de atención y a su vez la facturación, lo que fortalece la sostenibilidad financiera del hospital. El Gobierno del Cesar ha considerado primordial atender la necesidad en salud para los cesarenses y siempre ha contribuido robustecer al Rosario Pumarejo de López, sin discriminar que se encuentra bajo la administración de un agente interventor de la Superintendencia de Salud. Los esfuerzos conjuntos se mantendrán. Dios quiera y el Cesar siga en marcha.
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Preocupación en Valledupar por encuentros de jóvenes que se citan a través de redes sociales para peleas callejeras. Miembros de la comunidad vallenata están consternados por los hechos que vienen ocurriendo en diferentes sectores de la ciudad, los cuales involucran a adolescentes y jóvenes entre los 12 y los 17 años de edad, quienes se reúnen en distintos puntos para enfrentarse y fomentar riñas, especialmente en horas de la noche. De acuerdo con la información conocida a través de redes sociales y denuncias ciudadanas, se está convirtiendo en un fenómeno el hecho de que grupos de jovencitos se citan a través de las redes sociales para, según ellos, solucionar problemas.
Luego, en el punto de encuentro, se hacen provocaciones mediante insultos, y en la mayoría de los casos las reuniones terminan en enfrentamientos en los que ha tenido que intervenir la Policía Nacional para disuadir las reyertas. En los últimos días, se conocieron las incidencias de dos eventos ocurridos en los sectores del Centro Histórico de Valledupar y en el Mega parque del barrio Garupal, en donde, según muestran los videos captados por vecinos, se observan grupos de más de una docena de muchachos a pie y en bicicleta, enfrentándose. Lo más delicado, según dicen las fuentes ciudadanas, es que no solo se trata de varones, sino también de niñas muy jovencitas que se agreden físicamente, lo que evidencia un problema social muy serio, sin que ninguna autoridad intervenga en sus factores de riesgo.
En el caso del Centro Histórico, el ciudadano que fue testigo de la riña, comentó que la cantidad de jóvenes, quienes se gritaban palabras de grueso, estaban bajo efectos de sustancias psicoactivas. El reporte del barrio Garupal, un grupo de cerca de 15 muchachos también llegaron al Mega parque, luego de citarse por redes sociales, y dos jovencitas resultaron enfrentadas. En ese sentido, la comunidad hace un llamado a los padres de familia para que intervengan en estos comportamientos de sus hijos y ejerzan vigilancia, y hagan seguimiento a las actividades de la juventud.
===============================================Luego de una acalorada discusión con su excompañera sentimental, Edwin Martínez Pérez, de 41 años, la atacó con un cuchillo causándole heridas al igual que a su hija, Estefanía Martínez Palomino, de 21 años, cuando ella trató de intervenir para que su papá no lesionará más a su mamá Edith Johana Palomino Acevedo, de 41, quien se encuentra recuperándose de las heridas.
Los hechos se produjeron este sábado en horas de la tarde en el conjunto residencial Altos de La Popa, Torre 4, apartamentos 203, de Valledupar. Se supo que Edwin Martínez Pérez, quien está señalado de atacar a las dos mujeres, tenía restringido el ingreso a la residencia de las víctimas, pero en un descuido del vigilante entró, y apenas llegó hasta donde estaba su excompañera sentimental y su hija se desencadenó la riña.
El presunto agresor después de atentar contra la vida de las dos personas, se causó varias heridas en el cuello, quedando rodeado de un charco de sangre en la puerta del apartamento. Este sujeto que se dedica a trabajar como albañil se encuentra recuperándose de las heridas en la clínica Laura Daniela de Valledupar, bajo vigilancia policial. En las próximas horas será llevado ante un juez de control de garantías, sindicado por el delito de feminicidio en grado de tentativa.
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Luis Alfredo Garavito quería morir y renunció a la atención médica. Tras conocerse la muerte del máximo violador y asesino de niños de Colombia, Luis Alfredo Garavito, la tarde del pasado jueves, 12 de octubre, Ciro Pérez Escalante, funcionario de la Personería Municipal, detalló que este había decidido abandonar su tratamiento contra el cáncer. Garavito fue diagnosticado con leucemia y cáncer ocular, lo que le produjo que perdiera su ojo izquierdo. Según detalló el funcionario, este había renunciado a asistir a las citas médicas en los centros de salud de la capital del Cesar.
“Estaba en un estado delicado de salud. Meses atrás la Personería Municipal había hecho seguimiento al estado de salud del señor Garavito. Él había renunciado a salir a sus citas médicas. Nosotros como Personería le dijimos que servíamos de garantes para que pudiera asistir a sus citas médicas y dijo que no”, aseguró Ciro Pérez a medios de comunicación. Añadió que por el momento no han tenido contacto con sus familiares, pero que un sobrino siempre estaba pendiente del estado de salud de ‘La bestia’. “Sus familiares no se han comunicado con nosotros, hay un sobrino que estuvo muy atento, pero en el momento no ha hecho ninguna aparición, pero esperamos que en el transcurso del día aparezca (jueves)”, contó.
Por último, agregó que Garavito, pese a que no le gustaba compartir con los demás reclusos de la Cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como ‘La tramacúa’, era buscado por algunos internos para redactar derechos de petición. Luis Alfredo Garavito pagaba una condena de 40 años de prisión por los crímenes de cerca de 150 menores de edad en Colombia, a los que engañaba para acercarse a ellos.
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Confeso feminicida fue enviado a la cárcel en Bosconia. El Juzgado Promiscuo Municipal de Bosconia envió a la cárcel a Abelino Antonio Ariza Orozco, de 50 años, por el brutal asesinato de Luz Mary Paso Leones, de 49 años, pareja sentimental del acusado, en hechos ocurridos durante la mañana de este miércoles en Bosconia, Cesar. La Fiscalía impuso la medida de aseguramiento privativa de la libertad por el delito de feminicidio con condiciones agravadas, luego del ataque a machete, perpetrado en la invasión Avenida Brasil, ubicada al norte de este municipio.
Según el relato del fiscal, Abelino Antonio Ariza Orozco llegó en horas de la madrugada a la vivienda que compartía con la víctima, y donde se encontraban también, dos de los siete hijos que tenía la pareja, dos niñas de 13 y 8 años. Ariza Orozco habría encendido un equipo de sonido y lo habría puesto con alto volumen, lo que generó una discusión. En medio de la discusión, el hombre amenazó de “arrancarle la cabeza”, luego de que la mujer le reclamara por el alto volumen de la música.
“Mi papá llegó en la noche y nosotros estábamos durmiendo. Llegó descamisado y estrelló el portón. Yo salí a abrirle la puerta, cuando entró comenzó a discutir con mi mamá porque mi otro hermano estaba dormido en un colchón. Mi papá prendió el parlante y mi mamá le dijo que ‘ya vas tú con el parlante’, y mi papá le dijo, ‘ya verás que te voy a cortar la cabeza, vas a ver que te metiste con el propio diablo’ y mi mamá le dijo que no tenía miedo”, indicó el testimonio de la menor de 14 años, referenciado por el fiscal. Abelino Antonio Ariza Orozco aceptó haber cometido el hecho. “Sí señor, yo acepto ser el culpable de todo esto. Tengo que pagar por lo que hice”, indicó el asesino.
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La Procuraduría denuncia delincuentes están suplantando a procuradores delegados. La Procuraduría General de la Nación emitió una alarmante denuncia, alertando a la opinión pública y a las autoridades competentes sobre la suplantación de procuradores delegados por parte de delincuentes sin escrúpulos. Estos individuos malintencionados están utilizando esa figura para extorsionar a servidores públicos, empresas y candidatos a elecciones regionales en Colombia.
Ante esta seria amenaza a la integridad de la institución y al buen funcionamiento del sistema de justicia en el país, los procuradores delegados que han sido suplantados tomarán medidas enérgicas. Según fuentes de la Procuraduría, se espera que este viernes presenten denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación . Estos funcionarios afectados por la suplantación están comprometidos en garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley en Colombia.
La Procuraduría General de la Nación también emitió una advertencia a funcionarios públicos, empresas y candidatos a elecciones regionales. Ha enfatizado que todas las actividades relacionadas con su misión se realizan a través de canales oficiales y de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales. Cualquier actividad que no cumpla con estos estándares debe ser considerada sospechosa. La Procuraduría hizo un llamado a la cooperación ciudadana y a la colaboración con las autoridades para identificar y detener a los responsables de estas suplantaciones y extorsiones. Pero también es necesario que se tomen medidas contra los demonios que a través de la mentira y la calumnia pretenden robarles votos a sus oponentes. Esas son las armas que utiliza en diablo, para dividir, porque de otra manera no puede ganar.
