La Procuraduría General de la Nación conceptuó que destinar un porcentaje de los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de Entidades Territoriales –Fonpet- para que municipios y gobernaciones los utilicen en la atención de la emergencia sanitaria por la covid-19 es inconstitucional, porque esos dineros están destinados exclusivamente a la atención de sus pasivos pensionales.