El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, ordenó revisar los impactos fiscales del Acuerdo 002 de 2020 expedido por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y alertar, si es del caso, sobre la legalidad del otorgamiento de facultades para que particulares y privados ejerzan funciones administrativas propias de esta entidad.