La Procuraduría General de la Nación condena los actos de barbarie realizados por los grupos armados ilegales en la región del Catatumbo, en los que se ha visto afectada la población civil, firmantes del Acuerdo de Paz, mujeres y menores de edad, entre otros, producto de las confrontaciones y disputas territoriales asociadas al narcotráfico por parte de estas estructuras, violando los derechos humanos y cometiendo infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
En consecuencia, la Procuraduría solicitó al Gobierno nacional intensificar sus esfuerzos para identificar a los responsables, garantizar la presencia de la Fuerza Pública en los territorios, así como dirigir sus capacidades integrales para el restablecimiento de derechos de los afectados y suministrar las ayudas humanitarias de emergencia a las víctimas.
El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, ordenó la intervención inmediata de sus funcionarios regionales y provinciales de la jurisdicción, e indicó “que es necesario brindar las garantías a las comunidades del Catatumbo y de manera oportuna suministrar las ayudas humanitarias que se requieren ante este grave hecho, y de esa forma lograr que se garantice el adecuado funcionamiento de las instituciones. Es inconcebible que los grupos armados ilegales de esta región no respeten los derechos y el Derecho Internacional Humanitario“, puntualizó.
Actuaciones
La Procuraduría General de la Nación, a través de sus provinciales en Ocaña y Cúcuta, adelanta acciones para atender la crisis humanitaria por desplazamientos masivos en el Catatumbo.
Desde Ocaña, se coordinan medidas de protección y se documentan declaraciones de víctimas para activar las rutas de atención necesarias.
En Cúcuta, tras un Comité de Justicia Transicional, se declaró la emergencia humanitaria. En las últimas horas han llegado 70 desplazados desde Sardinata y Tibú, mientras que en el Seminario de Tibú se refugian 120 personas provenientes de “Campo 3” y La Gabarra.
La Procuraduría hace un llamado a reforzar la atención y garantizar los derechos de las víctimas.
