El Gobierno nacional declaró emergencia carcelaria en todos los centros de reclusión del país en respuesta a los recientes casos de homicidios, atentados y amenazas contra el personal de guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en diferentes cárceles de Colombia.

La decisión fue tomada en la mañana de este lunes, durante la Sesión del Consejo Directivo del Inpec, en la cual participaron el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña; la vicefiscal, Martha Mancera; el director del Inpec, Daniel Gutiérrez; y el representante de la Policía, brigadier general Nicolás Alejandro Zapata; entre otros funcionarios.

“Por unanimidad, hemos declarado la emergencia carcelaria en todo el país. Esta emergencia obedece, por una parte, a la materialización e incremento de homicidios de guardianes del Inpec, que han tenido lugar en los últimos días, en distintos lugares del país; y a las amenazas y atentados contra la seguridad y la vida de estos funcionarios. Esta emergencia procura la protección de vida, integridad y trabajo tranquilo del cuerpo de vigilancia. El otro asunto está relacionado con la extorsión que se ha exacerbado con los hechos registrados recientemente en Tuluá e implica refuerzo de medidas para acabar con este delito”, señaló Néstor Iván Osuna Patiño, ministro de Justicia y del Derecho.

Asimismo, señaló que estos actos criminales podrían ser represalias de las organizaciones delictivas de alto calibre, en respuesta a las operaciones contundentes llevadas a cabo por la Fuerza Pública bajo las directrices del Gobierno nacional.

Medidas de la emergencia carcelaria

Esta emergencia carcelaria permitirá la implementación de diversas medidas, incluyendo traslados presupuestales y contratación directa de recursos. Asimismo, se solicitará apoyo adicional a la fuerza pública para reforzar la vigilancia en los establecimientos penitenciarios y se contempla suspender o reemplazar al personal en situaciones especiales para salvaguardar su seguridad. Además, se podrán regular las visitas presenciales al interior de los centros de detención.

El Inpec explicó que, entre los antecedentes que llevaron a esta determinación, también se destaca un incremento del 41 % en los casos de extorsión, lo cual ha generado preocupación en la sociedad colombiana. Además, se observa un aumento del 100 % en los incidentes de seguridad relacionados con el personal penitenciario respecto al año anterior, con dos lamentables pérdidas humanas registradas en Cúcuta y Cartagena, cinco atentados y 10 amenazas directas contra funcionarios.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación indicó que está trabajando estratégicamente para desarticular y debilitar a la banda “La Inmaculada”, que opera en Tuluá, Valle.

“Consideramos que es el momento de actuar unidos. El enemigo son esas estructuras criminales que están heridas y es el momento para que el Gobierno y los sindicatos del Inpec actuemos conjuntamente. La semana pasada firmé un decreto que creó una ‘prima de la vida asistida’ para los trabajadores del Inpec que está en trámite para su gestión. Además, estamos acelerando el diseño del esquema jurídico y la consecución de recursos para ver qué viabilidad tiene un seguro de vida para los guardias”, agregó el jefe de esta cartera.

Esta es la cuarta vez que se declara una emergencia carcelaria en Colombia. La primera fue en 2013 por hacinamiento; la segunda, en 2016 tras la liquidación de Caprecom; y la tercera, en 2020 debido a la emergencia sanitaria producida por el covid 19.

El Gobierno del Cambio reafirma su compromiso con la protección de la integridad de toda la ciudadanía y continuará trabajando de manera decidida para garantizar la seguridad y el orden en el sistema penitenciario colombiano.

Viceministerio de Justicia se reúne con los 126 centros penitenciarios del orden nacional con ocasión de la declaratoria de emergencia carcelaria

El viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña, se reunió con los directores, comandantes de vigilancia y cónsules de los 126 centros carcelarios, para manifestarles su apoyo y solidaridad por los hechos de violencia ocurridos recientemente contra guardias y funcionarios del sistema penitenciario. Asimismo, tuvo ocasión de recibir sus inquietudes y preguntas sobre la situación actual y sus iniciativas para optimizar las medidas por adoptar en el contexto de la crisis carcelaria.

“Decir que la vida de un guardia se pierde es un fracaso para el sistema en general y para el Estado colombiano. En este ministerio ustedes van a tener apoyo, respaldo y cercanía suficientes. Sé que muchas veces la gestión de las cárceles, en el día a día, en las noches largas, en ser ‘pabelloneros’ y cuidar a tantas personas, es una tarea difícil. Por eso, hemos trabajado por rodear el sistema carcelario llevando iniciativas y acercando a otras instituciones para que sepan que no están solos”, expresó el viceministro.

En el encuentro, que se realizó de manera virtual con los altos mandos de los establecimientos, Camilo Umaña indicó que esta declaratoria de emergencia carcelaria se sostiene sobre dos argumentos: primero, la protección y preservación de la vida e integridad de la guardia y, segundo, el incremento del fenómeno de extorsión desde las cárceles. En ese sentido, explicó que, entre las acciones que se van a implementar, se consolidará una articulación con la Fiscalía General de la Nación que propuso la designación de un fiscal y 10 policías judiciales dedicados únicamente a investigar los casos de hostigamiento, amenazas y crímenes contra funcionarios de la guardia del Inpec.

Asimismo, indicó que se hizo una articulación con la fuerza pública, para que haya una asistencia perimetral en los centros penitenciarios con énfasis en las horas en las que la guardia hace cambios de turno o desplazamientos fuera de las cárceles. Además, afirmó que, en caso de amenazas o potencial riesgo para los funcionarios, eventualmente se podrán realizar traslados o el estudio de la situación laboral de los funcionarios para determinar la medida idónea de protección.

El viceministro agregó que se está trabajando en la posibilidad de materializar la solicitud elevada por funcionarios del Inpec respecto a ser cobijados por un seguro de vida colectivo. 

Frente al fenómeno de extorsión desde las cárceles indicó que continuará la lucha frontal y determinada contra este delito con estrategias de registro y control como la Operación Dominó, que también procura combatir la corrupción dentro del sistema. Además, agregó que se están realizando unas mesas de diálogo con los operadores de telefonía para consensuar la implementación de tecnologías que restrinjan las comunicaciones en los establecimientos carcelarios.

Finalmente, el viceministro puso sobre la mesa la necesidad de que los directores de las cárceles puedan dar a entender y comunicar, de manera clara y precisa, los impactos que la emergencia carcelaria puede traer sobre las personas privadas de la libertad y sus familias, de manera que estén informados frente a lo que está ocurriendo y que se dé un cabal cumplimiento de las condiciones de dignidad que les corresponde.

“Nuestra idea de humanización del sistema penitenciario parte por un criterio básico: pensar que quienes integramos el sistema somos personas con familia, intereses, inquietudes, deseos de progresar y de no ser amenazados por nuestra función. Como Estado, tenemos el deber de actuar de una forma contundente y de observar lo que pasó, no como una simple noticia más de nuevas amenazas, ataques y acosos al sistema penitenciario, sino que seamos capaces de trascender esa zozobra y generar las acciones que hagan que el sistema sea más seguro para las personas privadas de la libertad y para la guardia”, concluyó el viceministro Umaña.