Mujeres arhuacas denuncian casos de abuso sexual y exigen que los casos sean investigados a fondo.

Un grupo de mujeres indígenas arhuacas se presentaron en las instalaciones de la Casa de Gobierno en el municipio de Pueblo Bello para levantar su voz contra una serie de casos de abuso sexual que han afectado a mujeres y niñas de su etnia. Estas mujeres aseguran que, a pesar de sus denuncias, estos incidentes no han sido investigados de manera adecuada, y denuncian una apatía por parte de las autoridades tradicionales en la atención de estos casos. Estas denuncias son un llamado urgente a la justicia y una demanda para que se esclarezcan estos terribles incidentes.

Las denunciantes, entre las que se encuentra Rosa Torres, relataron experiencias desgarradoras. «Bueno, yo hago la denuncia, esta semana que tuve una crisis en mi hogar, violaron a mi hermana, se metieron y violaron a una hermana que tengo incapacitada y le pido justicia a las autoridades” anotó al señalar que “No queremos dejar que se quede impune porque dentro de nuestra comunidad están sucediendo muchos abusos sexuales con nuestras personas, nuestras comunidades, y niños niñas y mi hermana es una tercera edad y le pido justicia.»

Estos trágicos incidentes no solo involucran a personas externas a la comunidad arhuaca, como se detalla en el caso de Rosa, sino que también hay miembros de la propia comunidad implicados. Mandiba Torres, otra de las voces valientes que se alzaron en esta protesta silenciosa, destacó que: «También está involucrado, claro, muchísimos indígenas arhuacos, lo que pasa es que últimamente nos han querido callar, callar y nosotros hemos dicho, pues tenemos que hablar» anotó. “Por eso aquí vengo, porque se nos dificulta muchas veces, las que sufrimos realmente se nos dificulta expresarnos ante ustedes como hablar en español y esas cosas y eso nos silencia más.»dijo.

Comunidades indígenas serán afiliadas por primera vez a riesgos laborales

Para beneficiar a las doce comunidades que conforman el Resguardo Indígena Kankuamo, de la Sierra Nevada de Santa Marta, se está capacitando en seguridad y salud en el trabajo a 100 familias de esta población. El viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Jaramillo, quien visitó el resguardo, en el municipio de Atanquez, Cesar, anotó: “estamos aquí para explorar y compartir las mejores alternativas en materia de extensión y garantía de protección social del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y todo el ámbito de estándares del trabajo decente”.

En la actividad convocada por la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo y la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del sector agropecuario, se realizó en simultáneo una feria de servicios con entidades del orden nacional. Durante la iniciativa, que se adelantó en el salón de la comunidad conocido como: “Oscar Carillo Luquez”, del municipio de Atanquez, participaron trabajadores del sector panelero, mujeres artesanas, trabajadores de productos pan coger, de los cabildos menores del Resguardo Indígena Kankuamo.

En Colombia, según el último reporte el número de trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales es de 12,4 millones, cifra que aumentó con respecto a 2021 cuando fue de 11,4 millones. Desde la pandemia por la covid-19 en 2020 se han venido afiliando por año, en promedio 1 millón de nuevos trabajadores. Las empresas también registran un aumento al pasar de 1.015.000 en 2021 a 1.081.000 en 2022 es decir, 66 mil nuevas compañías se vincularon al Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL).

Valledupar es pionera en nuevo modelo MI CASA YA con subsidios entregados Villa Bolivariana

«Estoy emocionada al ver la alegría de estas familias porque Valledupar se consolida como pionera en la ejecución del nuevo modelo del programa Mi Casa Ya, gracias al esfuerzo del alcalde Mello Castro». Esas fueron algunas de las palabras de la Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Catalina Velasco Campuzano, en el evento de la entrega de los subsidios a los beneficiarios de la unidad inmobiliaria Villa Bolivariana.

Fueron 266 los hogares a los que se le asignaron estos aportes para realizar el cierre financiero de la compra del apartamento. Cada beneficiado recibió $42,867,764 de los cuales, $34.800.000 corresponden al Gobierno Nacional y $8.067.764 por parte de la Administración Municipal. «Feliz de entregar este proyecto. El esfuerzo de muchas personas se vio reflejado para que las familias hicieran realidad el sueño de un techo propio. Además de eso destacamos la generación de empleo porque la Villa fue construida con mano de obra local», indicó el alcalde Mello Castro.

Oscar Alcides Morón, vigilante y padre cabeza de hogar, es uno de los nuevos propietarios de este importante proyecto. Recibió junto a sus dos hijos los documentos que lo formalizan como propietario en la Villa Bolivariana. «Siento una alegría inmensa, hoy tengo un techo que darle a mis hijos. Aproveché esta oportunidad y aquí estoy recibiendo mi casa. Le doy gracias a Dios, a la Ministra pero sobre todo al alcalde que luchó para que hoy muchas familias tengamos casa propia».

“Vuelve el perro y jala el cuero”

El título de la columna corresponde a una expresión de la sabiduría popular en la provincia que significa la reiterada insistencia de una persona para alcanzar un objetivo que se propone hasta alcanzarlo venciendo todos obstáculos que se le interpongan. El dicho popular lo podemos aplicar al jefe de Estado, Gustavo Petro por su persistencia en hacer en la práctica por La Guajira lo que no ha hecho ningún presidente en la historia republicana de Colombia. Las evidencias de la anterior afirmación están sustentadas en la situación económica, social, ambiental, cultural, política e institucional del Departamento de La Guajira de la cual hay suficiente ilustración.

En relación con la “tumbada” del decreto 1082 de 2023 por 6 votos contra 3 votos hay que recordar a los opositores, incluida la Procuradora General de origen guajiro que conceptuó negativamente, la existencia de antecedente de esta decisión con resultados paradójicos que muestran a la clara actuaciones contra La Guajira y sus municipios. En el segundo gobierno de Álvaro Uribe (Decreto 4955 de 2009) y en el primero de Juan Manuel Santos (Decreto 4580 de 2010) también se declararon emergencias económicas y ambientales. En el 2009 para salvar a las EPS, expidió el presidente de entonces, más de cuarenta decretos legislativo al amparo de una emergencia económica del quebrado sector salud. Del 2010, por el fenómeno de La Niña se aprobaron más de 15 decretos legislativos.

A propósito de las dos primeras sentencias aludidas, preguntamos: ¿Qué relación hay entre un decreto que aumenta la velocidad por las carreteras de 80 a 100 km y la emergencia del 2009? ¿Cuál es la diferencia entre el fenómeno de La Niña (2010) y de El Niño como ya estamos viviendo y padeciendo?
Parodiando la canción vallenata de Hernando Marín se aplica para este fallo de la Corte Constitucional la “ley del embudo: Lo ancho para ellos y lo angosto para uno. En este caso, para las poblaciones más vulnerables del departamento de La Guajira.

Petro vuelve a pedir ´sepultar´ al SOAT

El presidente Gustavo Petro hizo nuevos cuestionamientos y críticas relacionadas con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) y señaló que ese seguro se debe transformar en una contribución a la salud. A través de su cuenta de X, el mandatario se pronunció sobre el tema a propósito de una pelea entre dos trabajadores de ambulancias, quienes se agarraron a puños por la atención de un accidentado. En su mensaje, Petro indicó que la discusión se debe al dinero que el paciente les representa más no el de su atención.

“Esta disputa tiene que ver con que, al ser un accidente de tránsito, las ambulancias y las clínicas que reciben el paciente serán pagadas por el SOAT que representa mayores ganancias que el sistema de EPS y su unidad de capitación. Es una pelea por el dinero y no por la atención del paciente”, afirmó. Posteriormente publicó otro mensaje en el que propuso que “El SOAT debe ser convertido en una contribución a la salud”. Cabe mencionar que el presidente ya se ha referido a ese tema, tras indicar que “el Soat se ha convertido en un instrumento de captura delictiva de dineros de la salud”.

Tras la polémica por la pelea entre los trabajadores de las ambulancias, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, sostuvo que «tras desastre de la improvisada tarifa diferencial del SOAT que creó un hueco de $850 mil millones en el sistema de salud, @petrogustavo dobla la apuesta y ahora, sin estudios técnicos de respaldo y sin un plan claro, plantea acabar por completo con ese seguro». De otro lado, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, hace algunas semanas lanzó una propuesta para eliminar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), por el supuesto fraude millonario que se comete para el Estado.

Usuarios recibirán dinero recaudado por decreto de emergencia de La Guajira.

Un posible apagón o un posible de racionamiento, así como el precio de la energía y un posible impacto inflacionario, el proyecto de reforma a los servicios públicos domiciliarios del Gobierno de Gustavo Petro, el decreto de emergencia económica de La Guajira y la exploración de gas son asuntos que tienen en vilo a los colombianos. Esto, principalmente, a causa de la sequía generada por el fenómeno de El Niño, que afecta la generación de energía, así como dificultades financieras de las empresas de generación de energía eléctrica.

Con el tema de La Guajira hay que esperar del fallo definitivo de la Corte Constitucional para ver cómo se implementa eso. La buena noticia es que esa plata que se recogió está en la caja de los distribuidores comercializadores. En el pasado ha habido mecanismos con los cuales se devuelven recursos de la gente, pero más allá de eso es, básicamente, como poner un letrero en la factura, o sea, si el usuario pagó más en un mes, se le compensa y se le disminuye el pago. Por ejemplo, por esos $1.000 que pagó, entonces se disminuirían el mes siguiente.

Eso está en cabeza de los distribuidores comercializadores, porque no había todavía mecanismo para que ellos lo trasladaran al Gobierno. Con el tema de gas es muy claro el mensaje que hemos venido dando hacia el Gobierno desde el comienzo. Se necesita gas, no solamente para la coyuntura de El Niño, sino hacia adelante para tener una transición ordenada, porque necesitamos plantas térmicas a gas para permitir la entrada de energías renovables a futuro.

En el Cesar, la mitad de los hogares están en riesgo de pasar hambre

Cada 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación, día proclamado por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), con el objetivo de disminuir el hambre en el mundo. Establecido como uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030, el departamento del Cesar está lejos de erradicar el hambre entre sus 1,3 millones de habitantes. El hambre está relacionada con las tasas de pobreza. Según el Dane, 404.000 hogares cesarenses sufren de prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave, similar cantidad de hogares que viven en pobreza monetaria. 

Siguiendo con esa estadística, en el Cesar, cerca de 130.000 hogares viven con prevalencia de inseguridad alimentaria grave, es decir, tienen mayores dificultades para conseguir alimento y están en riesgo de pasar hambre. La Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria es una herramienta de medición del acceso a los alimentos en términos de cantidad y calidad diseñada por la FAO. Los resultados para 32 departamentos muestran a La Guajira (59,7%), Sucre (47,9%), Atlántico (46,1%), Magdalena (45,3%), Chocó (43,2%) y Cesar (41,1%) con las mayores prevalencias de inseguridad alimentaria moderada o grave.

En estos departamentos más de 40 de cada 100 hogares experimentaron dificultades para acceder a alimentos en calidad y cantidad suficientes durante los últimos 12 meses, según datos del 2022. Datos del Dane marcan que a medida que crece el número de integrantes en un hogar aumenta la inseguridad alimentaria. La tasa promedio de inseguridad de un hogar de 3 personas es de 26,8%, mientras que la de 5 o más es de 39,7%. También es más alta cuando hay jefatura femenina, lo que marca una desigualdad en la sociedad en materia de ingresos.

Continúa proceso para elegir personero de Valledupar, aunque juzgado ordenó ‘tumbarlo’

A pesar de que el pasado 4 de octubre, el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Valledupar ordenó al Concejo de Valledupar, en un plazo de 48 horas, rehacer el proceso contractual para elegir al personero de Valledupar en el periodo 2024-2027, la Universidad del Magdalena continuó el proceso. La institución de educación superior contratada por el Concejo publicó los resultados preliminares del análisis de estudios y experiencia de los cuatro candidatos que obtuvieron los mejores resultados en la prueba de conocimiento: María Mercedes Mendoza, Cindy Monet Barrios, Jean Carlos López Rolón y Lianis Surelys Gutiérrez Córdoba. 

En este caso, la ex personera encargada, Lianis Surelys Gutiérrez, fue la mejor calificada con 100 puntos; le siguió Jean Carlos López (40 puntos). María Mercedes Mendoza y Cindy Monet Barrios obtuvieron 0 puntos. Ante la continuidad del proceso, el abogado Belisario Jiménez anunció que interpondrá un incidente de desacato y medidas cautelares. El pasado 22 de septiembre, 72 abogados presentaron la prueba de conocimiento dentro del concurso de méritos para elegir al personero de Valledupar para el periodo 2024-2027. De la prueba solo quedaron cuestionamientos. 

Por ejemplo, varias fuentes dijeron que las preguntas tenían serias inconsistencias en materia de ortografía y gramática, y las hojas de respuesta no tenían ningún tipo de serial o número de identificación para su seguridad. Otro participante denunció que “no hubo cadena de custodia en el traslado de los cuadernillos de las pruebas hacia Santa Marta”. “Pueden ser alterados fácilmente”, agregó. Cabe recordar que la Universidad del Magdalena es la encargada de realizar el proceso, contratada por el Concejo de Valledupar.

En La Guajira reaccionan ante la designación de un cesarense en la gerencia del instituto del agua.

Según Luís Alonso Colmenares Rodríguez, nadie tiene dudas respecto al interés que anima al presidente Petro de ayudar a resolver la crisis humanitaria del departamento de La Guajira; y una prueba fue el hecho de haber decretado el estado de emergencia económica, social y ecológica para tomar decisiones de manera inmediata. Sin embargo, expresa su inquietud y sorpresa sobre la reciente designación del señor Alfredo Saade como director del Instituto de Gestión del Agua de La Guajira.

Y deja claro que lo hace con todo respeto al presidente Gustavo Petro, pero en serio, esta decisión merece una revisión más profunda. No estoy desconociendo las capacidades que pueda tener el señor Saade, pero se trata de un tema de arraigo y valoración de las capacidades de los guajiros. En La Guajira, hay muchos profesionales con suficiente experiencia y conocimiento que pueden ser considerados para ese cargo: hice una lista de diez con suficiente capacidad, conocimiento, idoneidad, y sin ninguna tacha ética, moral o judicial.  

Es que para ocupar un cargo en la administración pública no solo se requieren requisitos en papel, sino también idoneidad, y esto es lo que parece faltar en la hoja de vida del señor Saade, porque de agua parece que solo sabe lo mismo que sabe el resto de la humanidad: que moja y calma la sed. ¿Entonces cómo puede alguien liderar una institución crucial para nuestra región sin una experiencia clara en la gestión del agua? La pregunta que muchos se hacen es ¿por qué no considerar a guajiros con experiencia y conocimiento local para liderar el Instituto de Gestión del Agua? Nuestra región es única, con desafíos y contextos especiales, y la designación de alguien ajeno a nuestra realidad plantea dudas legítimas.

Indignación en San Juan del Cesar por brutal golpiza que una mujer le propinó a sus dos pequeños hijos.

Repudio y sentimientos de indignación ha generado el video difundido en las últimas horas a través de redes sociales, donde una mujer es sorprendida en flagrancia propinándole una brutal golpiza a su hija. El caso de maltrato infantil contra una niña de 5 años y un niño de 3 años, ocurrió el pasado fin de semana en el barrio Los Olivos de San Juan del Cesar. En las imágenes grabadas al parecer por otro familiar desde la puerta de la habitación de la vivienda donde golpeaba a los menores, se observa cuando la madre agrede físicamente a la niña, mientras lanza improperios y palabras soeces porque según dice, dañó sus cosas.

Todo esto, con el niño más pequeño de testigo y según el relato que hace el pariente que grababa el momento, el maltrato físico y sicológico contra los dos pequeños es recurrente. Conocido el caso y teniendo como evidencia el video, personal de la Policía Nacional de la Estación San Juan del Cesar llegó al inmueble este lunes 16 de octubre a las 6:20 p.m, e iniciaron inmediatamente las labores para poner a salvo a los niños.

Ante esta situación, por intermedio de la Policía de Infancia y Adolescencia, se hizo el rescate de los niños, para posteriormente dejarlos a disposición del Icbf en un hogar sustituto en el municipio de Fonseca gestionado por parte de la administración municipal del municipio San Juan del Cesar. La Policía precisó que los niños se encuentran en buen estado de salud y en estos momentos se están realizando los procedimientos legales para el restablecimiento de sus derechos. De la madre maltratadora se conoció que no fue capturada pero sí el Icbf le inició un proceso penal, para que sea un juez quien determine su situación jurídica.

Polémica en Valledupar: Constructora M&S derriba salón comunal del barrio Chiriquí en disputa por terreno.

Luego de una denuncia presentada por la Junta de Acción Comunal del barrio Chiriquí en Valledupar, se confirmó que la constructora M&S ordenó la demolición de un proyecto de construcción que serviría como salón comunal para beneficio de cinco sectores en la zona. La líder comunal, Mayerlis Camelo, notificó sobre esta interrupción de la obra, alegando que el terreno había sido cedido por el municipio de Valledupar para este propósito. Sin embargo, la constructora M&S afirmó que el predio era de su propiedad.

Camelo explicó que el terreno había sido cedido como parte de un área de cesión en el sector. “Este terreno forma parte del área 64, que está cerca de la terraza de una de las viviendas en el sector. Hay solo una Junta de Acción Comunal formada en el sector debido a que abarca cinco barrios. Gracias a la ubicación de la terraza, se cedió esta propiedad que es un área de cesión, pero ahora parece ser propiedad privada”. Ante esta situación, la Junta de Acción Comunal y la comunidad realizaron diversas solicitudes y llamados a las autoridades municipales para resolver la situación legal que afecta a los habitantes de la zona.

El secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, atendió esta petición y se presentó en el lugar donde la constructora M&S llevó a cabo la demolición. Esquivel manifestó su intención de iniciar procesos legales contra la empresa, ya que consideró que actuó de manera “abrupta” al demoler una construcción que se estaba llevando a cabo con fondos de regalías. El funcionario, asimismo señaló que le fue “enviado a la Alcaldía de Valledupar un oficio solicitando información acerca de esta decisión, con el fin de determinar de dónde procede la orden de demoler dicha construcción”.

Así van los acuerdos entre campesinos de La Guitarra y la ANT tras marcha en Valledupar

Tras más de un mes de conversaciones entre representantes de los 50 campesinos que marcharon encadenados desde la vereda La Guitarra, del corregimiento de Mariangola, en Valledupar, y funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras en la ciudad, los pactos presentados se estarían cumpliendo en favor de las familias víctimas del desplazamiento en el país. Entre los compromisos se establecieron varias reuniones con la ANT y 12 familias que habitan en el predio Las Delfinas, quienes serían informadas sobre la situación de legalización de las tierras. 

La Procuraduría convocó a una mesa interinstitucional el pasado 29 de septiembre, para tratar  el caso Minas Iracal, donde  estuvieron presentes  ANT, URT, Unidad de Víctimas y asistentes José Luis peralta, Joaquín, Luis Hincapié. La ANT realizó una jornada de inscripción a la Asociación Semillas de Riego el pasado 9 de octubre en el corregimiento de Mariangola. Procuraduría solicita al director territorial regional del Instituto Geográfico Agustín Codazzi el polígono de la vereda La Guitarra completa. La ANT se comprometió a realizar cruce de listados La Guitarra el día 22 de septiembre a la organización ICOLDEVI (relación nombre, cédula, estado ante la ANT).

Finalmente, se concretó que los campesinos víctimas del conflicto en Colombia, serían verificados a través de un listado que viene elaborando la Agencia Nacional de Tierras, Territorial Cesar, donde no solo estarían en funciones la entidad departamental, sino también miembros del grupo de campesino. Esto con la finalidad de avanzar con los procesos de restitución de tierras. Dicho listado hace referencia al Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) en el cual hasta la fecha se encuentran inscritos 490 solicitantes.

Un Hombre celoso apuñaló a su mujer.

En la invasión Emanuel en Valledupar, un hombre fue capturado en flagrancia cuando apuñalaba a su mujer, de 23 años, en varias partes del cuerpo durante una discusión dentro de su vivienda. Los uniformados fueron alertados por la comunidad sobre las agresiones, por lo que de inmediato se acercaron al inmueble donde dieron captura a Marlon Julio, quien fue señalado por algunos familiares de la víctima como el agresor de la joven.

La mujer recibió varias heridas con un arma cortopunzante, siendo trasladada de urgencia a la sede del HEAD San Martín, donde recibió asistencia médica y se encuentra fuera de peligro. El capturado fue trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el delito de violencia intrafamiliar y puesto a disposición de la Fiscalía.

En otro hecho judicial, la Fiscalía General de la Nación logró que un juez con funciones de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Wilmer Atilano Pimentel Medina, como presunto responsable del delito de violencia intrafamiliar agravada. Los hechos se habrían registrado el pasado 8 de mayo, en un sector del barrio El Centro de Valledupar, donde, al parecer, el hoy imputado en medio de una discusión atacó con arma blanca a su ex compañera sentimental, integrante de la etnia Arhuaca, provocándole heridas en las piernas y manos.

Se quitó la vida menor de 17 años en su habitación

Dolor y consternación invaden a una familia vallenata, luego que una menor de 17 años decidiera quitarse la vida, mediante la modalidad de ahorcamiento, la madrugada de este martes en el interior de su habitación, en su residencia ubicada en el barrio José Antonio Galán de la capital del Cesar. Luzneis Katiannys Cueva Cogollo, cursante del grado once en la Institución Educativa José Eugenio Martínez, fue encontrada sin vida por su madre, quien al llegar a la vivienda y notar el silencio, entró a la habitación y se encontró con la terrible escena.

La desesperada mujer salió en busca de ayuda, y con la ayuda de una vecina intentó auxiliarla, pero ya era demasiado tarde, estaba sin signos vitales. Sus familiares desconocen los motivos por los cuales la jovencita tomó la fatal determinación, solo reconocen que estaba muy rebelde y en algunas oportunidades se molestaba por los regaños de sus padres.

Este medio conoció, que poco antes su madre la encontró tratando de colgar una soga en una de las vigas del techo de su habitación, por lo que procedió a quitársela, sin imaginarse que en los planes de su hijo estaba tomar esta fatal determinación. Personal del CTI de la Fiscalía, llevaron a cabo la inspección técnica al cadáver y lo trasladaron hasta la morgue de Medicina Legal en Valledupar.

El Gobierno publicó el decreto del programa ‘Jóvenes en Paz’, que beneficia a 100 mil personas entre 14 y 28 años en condición de vulnerabilidad.

El Gobierno Nacional publicó el decreto del subsidio ‘Jóvenes en Paz’, que beneficiará a 100 mil personas en condición de vulnerabilidad en Colombia. En el Decreto 1649 de 2023 se estableció cómo se llevará a cabo este programa, que estará a cargo del Ministerio de la Igualdad, encabezado por la vicepresidencia Francia Márquez. Según el documento, los jóvenes entre 14 y 28 años recibirán cerca de $1 millón mensual. Cabe resaltar que muchos de los beneficiarios serían víctimas del conflicto, población vulnerable, en condición de pobreza, en riesgo de criminalidad, entre otros.

Los más de 100 mil jóvenes beneficiados deberán cumplir un servicio social en su comunidad de entre 6 y 18 meses. Además, no podrán recibir otra ayuda del Gobierno Nacional, como el programa ‘Jóvenes en Acción’. Los jóvenes deben estar en condición de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad en términos monetarios; tener residencia habitual en zonas rurales; ser, haber sido o tener riesgo de estar vinculado a dinámicas de criminalidad, violencia o reclutamiento forzado y estar en vulnerabilidad por tener residencia habitual en territorios afectados por el conflicto.

De acuerdo con el decreto 1649 de 2023, estos son los requisitos para ser beneficiario o beneficiaria: No tener una orden de captura o aprehensión por parte de las autoridades. No tener una sanción o medida penal privativa de la libertad vigente, salvo autorización judicial. Tener entre 14 y 28 años de edad. No ser beneficiario de transferencias monetarias del orden nacional atribuidas a título individual, ni recibir otros beneficios otorgados en el marco de procesos implementados por la ARN. Tener documento de identificación vigente. Hasta el momento, el Ministerio de la Igualdad no ha especificado cuando serán las inscripciones.

Comunidades de La Guajira cuentan con protección especial del agua, por el ECI, sin embargo, la escasez continúa.

Las comunidades wayús del departamento de La Guajira siguen atravesando la odisea de tener que padecer por el líquido vital, situación que se registraría por causa de deficiencia en los recursos humanos, falta de presupuesto y poca inclusión de la comunidad en el proceso de restitución de derechos, factores que seguirían golpeando a estas comunidades de esta parte del país. El Estado de Cosas Institucionales es una decisión judicial que se toma cuando existe un conjunto de acciones de tutela originadas en similares circunstancias, en las cuales se declara que se ha configurado una violación masiva, generalizada y estructural de los derechos fundamentales.

Esta fue declarada hace más de cinco años en esta parte del territorio nacional, frente a la protección especial del agua, sin embargo, la problemática continúa. En mayo de 2017 la Corte emitió la Sentencia T-302 con 210 órdenes para que 25 instituciones trabajaran por la protección de los derechos al agua del pueblo wayú, y también a la alimentación y a la salud, entre otros. Desde entonces la mortalidad infantil asociada con la desnutrición no ha cesado: 34 niños por cada 100.000 habitantes y sigue siendo superior a la media nacional 4,6.

La sequía y las altas temperaturas que se presentan en el país por el fenómeno de El Niño impactan de manera dramática a los wayú, quienes buscan agua desesperadamente, hasta debajo de la tierra, en pozos profundos o jagüeyes. Pese a ello, pareciera que la situación sigue pasando desapercibida para el país y la región, en especial para sus instituciones nacionales y locales. “Las instituciones locales, regionales y nacionales toman medidas individuales que generan acciones dispersas y poco efectivas en la garantía del derecho al agua. Aunque existe una barrera geográfica por las características propias de la región, esta se acentúa al no existir un verdadero empalme entre las distintas instituciones”, resaltó Parra.

Fallo condenatorio contra hombre que mató a su novia en Valledupar

El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Valledupar dictó sentido de fallo condenatorio contra Manuel Alfonso Barros Rodríguez, sindicado por el asesinato de Yuleivis Esther Rojas Pérez, quien, en ese momento, era su pareja sentimental, en hechos ocurridos el pasado 13 de enero de 2019 en la avenida Los Militares de Valledupar. Durante el desarrollo de las audiencias, la Fiscalía presentó algunas pruebas como un perito del CTI, un video y fotografías que demostraron que Manuel Barros habría golpeado a su novia, en ese momento, con una botella de licor tipo panchita de aguardiente.

Según el relato de la Fiscalía, el día de los hechos la pareja se encontraba departiendo en un establecimiento comercial de la avenida Simón Bolívar, cuando iniciaron una discusión, por lo que habrían tomado la decisión de marcharse del sitio. De acuerdo con lo narrado, la pareja se dirigió hacia la carrera 42 con calle 15 donde, al parecer, Barros Rodríguez bajó a la fémina de la motocicleta en que se movilizaban, y le propinó golpes que resultaron en la muerte de esta.

Sin embargo, durante el proceso judicial, la defensa ha sostenido que la joven falleció tras ser impactada en el pecho, por una piedra que le habrían lanzado mientras se movilizaban en la motocicleta, pero los resultados de Medicina Legal niegan esta versión. Además, el ente acusador había demostrado que la pareja solo tenía dos meses de relación sentimental, y ya se habría enfrentado a dos episodios de violencia física como el que se presentó el día de lo ocurrido. La lectura del fallo de sentencia, donde se conocerán los años a los que será condenado Barros, se realizará el próximo 29 de noviembre a partir de las ocho de la mañana.

“Hombre Marlboro” declaró en investigación disciplinaria contra el hijo del presidente

En una diligencia que se adelantó de manera virtual, Santander Lopesierra, excomerciante que pagó condena en Estados Unidos, y que es conocido como el Hombre Marlboro, entregó su testimonio en el caso en el que se investiga a Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro, por parte de la Procuraduría General de la Nación.

Lopesierra, que según el propio Petro Burgos le dio dinero con el fin de financiar la campaña presidencial de su progenitor, pero cuyos recursos terminaron en sus manos, compareció como parte de la investigación que adelanta el Ministerio Público en contra del exdiputado del Atlántico, por presuntas conductas irregulares. Según se conoció, en su testimonio —que se extendió por cerca de 50 minutos— el hombre negó haber girado recursos para la financiación de la campaña del mandatario, pese a que existen diferentes versiones que lo involucrarían en este escándalo, como la del propio implicado, y la de su expareja sentimental, Daysuris Vásquez.

A diferencia de Lopesierra, el que no se presentó fue Gabriel Hilsaca, hijo del cuestionado empresario de la Costa Alfonso el turco Hilsaca, que pidió reprogramar la audiencia en la que sería escuchado, luego de radicar un escrito en el que exponía los motivos que lo llevaron a incumplir la citación por parte de la Procuraduría. En lo que respecta a Hilsaca, el dinero entregado por el hijo del turco habría sido del orden de los $200 millones. No obstante, pese a esa primera declaración, el 25 de septiembre el hijo del presidente se negó a seguir adelante con el trato hecho con la Fiscalía y por tal razón no solo tendrá que responder por una posible sanción disciplinaria, sino penal.

Por ‘falso positivo’ en Cesar condenan a MinDefensa, a la Nación y al Ejército

El Tribunal Administrativo del Cesar condenó a la Nación, al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional a pagar una indemnización de 413 millones de pesos a los familiares de Carlos Alfredo Castro Aguirres, víctima de un ‘falso positivo’ ocurrido el 30 de junio de 2004 en la vereda Cuesta de la Plata, municipio de Pueblo Bello, Cesar. Los magistrados los declararon administrativa y patrimonialmente responsables, por los daños y perjuicios generados a su mamá, María Otilia Aguirre Ballesteros, hermanos y sus dos hijas Karen Margarita Castro Aguirre y Yanelis Estella Martínez Aguirres.

En el fallo, el alto tribunal determinó “brindar a los demandantes las medidas encaminadas a procurar su readaptación, integración social y superación individual, consistente en tratamientos psiquiátricos, psicológicos y terapéuticos relacionados necesarios para superar los hechos relacionados con la muerte en las circunstancias demostradas en el proceso del señor Carlos Alfredo Castro Aguirres”. De igual manera, el Ministerio de Defensa deberá ofrecer públicamente disculpas a los familiares de la víctima de este falso positivo.

El Tribunal Administrativo del Cesar también señaló que la ejecución extrajudicial de Castro Aguirres, no tuvo nada que ver con su comportamiento. Carlos Alfredo Castro Aguirre tenía como actividad laboral la de oficios varios, convivía con su madre María Otilia Aguirres Ballesteros, en Fundación Magdalena, a quien siempre ayudaba económicamente, asimismo con sus hermanas y sobrinos. Aguirres se trasladó a una finca ubicada alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde había sido contratado para la recolección de café, pero la oferta laboral resultó ser un engaño.

Defendió a su mamá de un ladrón y fue baleado en la cara

En el Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede La Nevada, en Valledupar, se encuentra un joven identificado como Luis Albeiro Royero Collantes de 26 años de edad, quien sufrió una herida en el rostro en medio de un presunto atraco del que estaba siendo víctima su madre.

El hecho de inseguridad ocurrió la mañana del miércoles 18 de octubre, en la manzana 21 de la urbanización Villa Tayrona de la capital del Cesar, cuando Royero Collantes se encontraba, al parecer, afuera de la vivienda con su madre. El presunto delincuente que se movilizaba en motocicleta habría intimado con arma traumática a la mamá del herido, quien opuso resistencia, siendo alcanzado por un disparo en el pómulo derecho y en la mano derecha.

Por lo anterior, fue trasladado hasta el centro asistencial para recibir ayuda médica, mientras que, el presunto atracador huyó del lugar. Frente al caso, el comandante encargado del departamento de Policía Cesar, teniente coronel Alex Durán, declaró que se están llevando a cabo las investigaciones para lograr detalles de este acto violento.

En lo que va del año 55 menores han muerto por desnutrición en La Guajira

Entre enero y septiembre de este año, 55 menores de cinco años murieron por desnutrición en La Guajira y hay unos 2.000 casos por desnutrición aguda moderada y severa en niñas y niños menores de 5 años. Ante esta crítica situación la Defensoría le solicita al Gobierno Nacional la implementación de medidas que permitan lograr el eje transformador del derecho humano a la alimentación, atendiendo a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Así lo explica el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

“Lo que infortunadamente está sucediendo es el resultado de la ausencia de políticas públicas integrales y de una respuesta sólida estatal que permitan la construcción de planes de acción que tengan en cuenta las necesidades y contextos propios de la población indígena del departamento, especialmente las que conciernen a la generación de opciones productivas sostenibles para la población más vulnerable, así como a la falta de garantías para tener un acceso continuo al agua potable con una amplia cobertura”.

Los pueblos indígenas más afectados, de acuerdo con la información reportada por el Instituto Nacional de Salud, fueron el Wayúu (46 fallecimientos), Wiwa (3), Kogui (2) y Arhuaco (1). Además, se registra que el 83,9% de las muertes se presentó en menores que residían en zonas rurales, y el 7,1% de los casos correspondió a hijos de madres de 12 y 17 años. La Defensoría del Pueblo hace un llamado a las autoridades con responsabilidades que quedaron establecidas en la Resolución 2350 de 2020 para que den un manejo integral en casos de desnutrición aguda moderada y severa en menores de 5 años.

Piden arrestar a concejales de Valledupar por continuar el concurso de personero 

Luego de que el Concejo de Valledupar continuara con el concurso de méritos para elegir el personero de Valledupar para el periodo 2024-2027, el abogado Belisario Jiménez pidió a un juez que disponga la apertura del incidente de desacato contra la mesa directiva de esa corporación. Esta petición surgió porque el pasado 4 de octubre el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Valledupar ordenó al Concejo rehacer el concurso, sin embargo, la Universidad del Magdalena mantuvo el concurso y publicó los resultados preliminares del análisis de estudios y experiencia de los cuatro candidatos que obtuvieron los mejores resultados en la prueba de conocimiento. 

En consecuencia, el abogado Belisario Jiménez también pidió que se sancione con arresto de 15 días a los miembros de la mesa directiva del Concejo: Jhoserth Jose Gomez, Wilmer Antonio Hinojosa y Pedro Manuel Loperena. La semana pasada, la Universidad del Magdalena publicó los resultados preliminares del análisis de estudios y experiencia. En este caso, la expersonera encargada, Lianis Surelys Gutiérrez, fue la mejor calificada con 100 puntos; le siguió Jean Carlos López (40 puntos). María Mercedes Mendoza y Cindy Monet Barrios obtuvieron 0 puntos.

Sin embargo, el juzgado había ordenado seleccionar otra institución educativa que brindara acompañamiento al concurso de méritos y que se acoja al “debido proceso y los principios de transparencia, imparcialidad, publicidad y selección objetiva”. Todo surgió por fuertes cuestionamientos en contra del Concejo y la Universidad del Magdalena. El pasado 22 de septiembre, 72 abogados presentaron la prueba de conocimiento dentro del concurso.