Con el sudor propio de media jornada de trabajo escurriéndole por la frente, el campesino Lázaro M* se sentó a almorzar. Eran las 12:40 del mediodía del pasado lunes, cuando su tercer bocado se vio interrumpido por el llamado estruendoso y hasta grosero en su puerta.
“Salga que necesitamos hablar con ustedes, porque hay algo muy importante que decirles”, recuerda Lázaro quien al asomarse a su portón, fue sacado de un trancazo mientras escuchaba decir a los hombres armados y encapuchados que eran integrantes del frente 5 de las Farc.
Indignado, Lázaro se puso en la fila de todos los hombres y mujeres que fueron llevados a la casa comunal, un espacio de piso de tierra y techo de madera y zinc en el que los campesinos de la vereda Bocas del Manso, de Tierralta ( sur de Córdoba), se reúnen a discutir los temas de esta comunidad.
“Allí nos tiraron al piso. Éramos entre 40 y 50 personas a las que nos hicieron arrodillar y hubo un señor que se llama Darwin que no quiso y lo encendieron a plan (le dieron con la hoja de un machete)”, recuerda el labriego.
Con la actitud agresiva de los hombres armados con fusiles y pistolas y vestidos de negro y camuflado, toda la comunidad quiso hacerles frente. Una mujer, con su hijo de cinco meses en brazos, les preguntaba e insistía en que se identificaran, y lo único que logró fue que uno de ellos se le acercara, le apretara el cuello y la amenazara con una pistola.
“Les parece justo amenazarme con una pistola teniendo yo a mi hijo en brazos. Les parece justo, son criminales”, les grita la mujer.
Pero estas son solo algunas de las denuncias de los habitantes de Bocas de Manso. El líder y defensor de Derechos Humanos de Tierralta, Eduar Petro Delgado, le aseveró a EL COLOMBIANO que los hombres armados, a los que señalaron de ser integrantes del Ejército Nacional, cometieron otros delitos contra la población: saquearon algunas casas y se llevaron pertenencias de los campesinos de la vereda; además, dice el líder, la intimidación llegó al punto de que pusieron las cabezas de algunos hombres sobre maderos y amenazaron con cortárselas.
“Desde hace aproximadamente dos años y medio están sucediendo estos hechos. Casi cada semana pasa un hecho tan lamentable como este; y qué buscaban nunca se entendió, porque terminaron robando plata, joyas, robando una tienda, sudaderas y prendas de uso civil. Realmente lo que hicieron fue desastroso y vulneratorio de toda índole”, manifiesta el líder.
Eduar Petro agregó que los militares violentaron sexualmente a una indígena a la que tocaron en sus partes íntimas y golpearon a su padre cuando este intentó oponerse. A esta denuncia hizo referencia el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, quien calificó la situación de muy grave y pidió a las autoridades celeridad en la investigación y en la protección a esta comunidad.
Así los reconoció la comunidad
Al otro día de las intimidaciones, arribó a la zona un grupo de militares, esta vez identificados y con las prendas características. “Pidieron un censo”, dice el líder Petro, y la comunidad les contestó que ya lo habían hecho el día anterior.
“Ahí fue cuando muchos niños y hombres reconocieron que muchos de los elementos del Ejército que llegaron a proteger sus derechos humanos eran de las mismas personas que habían estado el día anterior y le habían vulnerado su derecho”, relata.
Según Petro, los militares que llegaron tenían pañoletas que decían Batallón No. 33 Junín, la misma que tenía uno de los hombres el día anterior amarrado a su brazo izquierdo, como relató Lázaro a este diario; además de las guerreras del Ejército, las armas y las esposas para inmovilizar a los capturados .
En los videos que circularon por las redes sociales, se logra identificar el arma larga usada por los hombres armados: es un galil ACE, de uso exclusivo de las Fuerzas Militares. Además, otros de los fusiles tienen el cartucho amarillo “de la vida” que, como informa el coronel (r) del Ejército y periodista, Óscar Anzola, “se llama seguro de vida y evita tiros accidentales. Para accionar el fusil, debe quitar ese seguro que es como una palanca insertada”, y también es de uso exclusivo de armas militares.
Además, según la misma carta oficial de guerra del Ejército, en la zona no hay presencia de las disidencias de las Farc pero sí operan estructuras del Clan del Golfo.
Para el investigador y docente del conflicto armado, Néstor Rosanía, la irrupción en el territorio por parte de los militares deja varios interrogantes. El primero, “si los militares quieren generar la sensación de inseguridad para atacar las políticas de paz en esa zona; el segundo, si estos hombres armados trabajan para algunos ejércitos anti restitución de tierras o trabajan al Clan del Golfo; y tercero, si lo que buscaban era generar inseguridad para favorecer a alguien de cara a las próximas elecciones de octubre”.
Rosanía se atreve a una cuarta hipótesis y es tratar de identificar o comprobar si estos militares “tienen su propio negocio en algún tema relacionado con la extorsión o el boleteo”.
Se abren investigaciones
Tras las denuncias, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre las intimidaciones y aseveró que “volver al paramilitarismo y al despojo de tierras sería el peor error militar de la Fuerza Pública. Esto no puede pasar en este gobierno. Es el mismo Ejército quien debe presentar públicamente, al lado del gobierno, su propia investigación”.
Horas antes, un comunicado de la Séptima División indicaba que “con las tropas en terreno, se pudo evidenciar que posiblemente soldados del Batallón de Infantería No. 33 Batalla de Junín, de la Décimo Primera Brigada, estarían inmersos en un posible acto de violencia contra la población civil y sujetos de especial protección constitucional”.
Además, el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, indicó que “inmediatamente se conoció la situación, se dio la instrucción a la inspección del Comando General de la Fuerzas Militares de enviar una comisión de alto nivel para verificar la situación y se puso en conocimiento de las autoridades competentes”.
De manera extraoficial, EL COLOMBIANO conoció que en la investigación por los hechos fueron separados un teniente, dos suboficiales y siete soldados que fueron enviados a Montería, sede de la Brigada 11, mientras se adelantan las investigaciones.
Retiro de militares
Ante el polémico hecho de soldados y oficiales intimidando a campesinos en Tierralta, Córdoba, el Ejército Nacional expuso que ya se tomaron los correctivos necesarios para avanzar en la investigación.
El retiro inminente de los ocho militares va de la mano con un plan de acción encabezado por un seguimiento de actos en contra de los Derechos Humanos, la implementación de la Línea fucsia y, así mismo, la investigación del ataque que sufrió el helicóptero que transportaba las comisiones de la Fiscalía y la Procuraduría encargadas de investigar los hechos.
“Por decisión del Comandante de la Fuerza y conforme lo dispuesto en el Decreto Ley 1793 de 2000, en su artículo 13, se ordenó el retiro de 08 soldados profesionales”, citó el Ejército Nacional.
Todos los militares implicados en este escándalo fueron sometidos a rigurosas medidas por parte del Ejército Nacional, que también, en su comunicado explicó el retiro de seis oficiales y cuatro suboficiales que según la institución, comprometieron los valores y principios del las tropas.
“El Comando del Ejército Nacional, atendiendo la necesidad de tomar medidas administrativas independientes a las que puedan adoptarse en el ámbito disciplinario y penal, dentro de las facultades legales contempladas en el Decreto Ley 1790 de 2000 artículo 100, ha decidido retirar con pase a la reserva a un personal de 6 Oficiales y 4 Suboficiales, que con su actuar han comprometido los principios y valores de la institución”, sentenció la institución en su comunicado.
Sin embargo, las medidas tomadas no son solo contra los militares que estuvieron operando en la zona, pues los correctivos se extienden contra otros uniformados que según el Ejército Nacional no participaron de manera directa en estos hechos. A pesar de no tener estar involucrados de manera explícita, fueron trasladados 13 soldados profesionales que solo realizarán tareas administrativas mientras avanza la investigación.
Declaración Pública
Sea lo primero decir que el Batallón de Infantería N.° 33 Junín, adscrito a la Décima Primera Brigada, desarrolla acciones contra estructuras del grupo armado organizado Clan del Golfo y con el fin de proteger a las comunidades que habitan esa región. De acuerdo a lo anterior el día 28 de agosto de 2023, ingresó un pelotón con el objetivo de realizar tareas de reconocimiento, en atención a la información previa con la que se contaba, de corredores de movilidad empleados para las economías ilícitas por parte de grupos criminales.
Ahora bien, los Comandantes adelantan operaciones militares a través del mando tipo misión, y esto requiere un proceso militar de toma de decisiones, donde se planea, prepara, ejecuta y evalúa; asimismo los Comandantes subordinados aceptan riesgos prudentes y deben ejercer iniciativas disciplinadas.
Sin embargo, lo registrado en los videos y los resultados de la inspección determinaron que los procedimientos efectuados, fueron totalmente contrarios al actuar institucional, trasgrediendo las normas, las leyes y la doctrina militar, al realizar actos inapropiados en contra de la población civil, emplear prendas no autorizadas, cubrirse el rostro, usar inadecuadamente las armas de la República; entre otros aspectos tácticos militares.
Igualmente, en el marco del principio constitucional de colaboración armónica; el Ejército Nacional prestó los apoyos logísticos para que las comisiones de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Justicia Penal Militar y Policial, iniciaran los procesos investigativos correspondientes, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo.
El ente acusador comunicó, que desarrollará su investigación bajo tres líneas de trabajo: Actos en contra de los Derechos Humanos, Línea fucsia e Investigación del ataque sufrido por el helicóptero que transportaba las comisiones y, seguido a ello, la Procuraduría General de la Nación informó que por poder preferente asumió la investigación adelantada en el ámbito disciplinario.
Del mismo modo, la Justicia Penal Militar y Policial, ha mencionado que se dio inicio a la indagación preliminar N.° 298 por parte del Juzgado de Instrucción Penal Militar N.° 101.
El Comando del Ejército Nacional, atendiendo la necesidad de tomar medidas administrativas independientes a las que puedan adoptarse en el ámbito disciplinario y penal, dentro de las facultades legales contempladas en el Decreto Ley 1790 de 2000 artículo 100, ha decidido retirar con pase a la reserva a un personal de 06 Oficiales y 04 Suboficiales, que con su actuar han comprometido los principios y valores de la institución.
Por otra parte, por decisión del Comandante de la Fuerza y conforme lo dispuesto en el Decreto Ley 1793 de 2000, en su artículo 13, se ordenó el retiro de 08 soldados profesionales.
Ahora bien, con relación al personal orgánico del Pelotón, que no habría participado en forma directa en los hechos y en virtud de lo descrito en el artículo 24 del Decreto Ley 1793 de 2000, se ordenó el traslado de 13 Soldados Profesionales a Unidades en las que no realizarán actividades operacionales, ni de inteligencia, y cumplirán labores administrativas y servicios de régimen interno, en tanto se definen los procesos de investigación activos.
Del mismo modo y según las recomendaciones médicas, el Oficial Comandante de la Compañía, cumplirá su tratamiento e incapacidad y seguirá vinculado a las investigaciones que cursan por estos hechos.
Igualmente, se están adoptando otras medidas tendientes a fortalecer el aprendizaje desde las Escuelas de formación y capacitación, así como en los Batallones de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento, en aras de evitar estos comportamientos individuales, que se apartan de las políticas y lineamientos institucionales, que han sido recabados de manera constante en los diferentes programas radiales que se difunden a todos los niveles del mando.
Reiteramos el compromiso institucional con nuestros hombres y mujeres; así como con las investigaciones que adelantan las autoridades competentes, para esclarecer los hechos, con el propósito que de esta forma se adopten las decisiones a que haya lugar, en el marco del debido proceso y el derecho a la defensa, y sirvan para ratificar la vocación abnegada de servicio a la Patria de quienes integramos la Fuerza y actuamos en el marco de la legalidad y los valores institucionales.
