La Guajira, 28 de junio de 2023. (@STransparencia @Aidarragaf). A partir de las bases de datos analizadas y testimonios de fuentes humanas, se encontró que de 64 expedientes radicados en la fiscalía sexta seccional, más del 50% lleva alrededor de 10 años sin encontrar una sola actuación judicial; que el 85.95% de las denuncias asociadas a delitos de corrupción se encuentran en riesgo inminente de prescripción y que existen casos que han sido sistemáticamente archivados desde el año 2000 cumpliendo entre 16 y 20 años de preclusión.
Así mismo, el 98% de todos estos expedientes, tienen tendencia de responsabilidad penal contra servidores públicos y en el 96 % de esos asuntos la acción penal ya prescribió o está a punto de prescribir. Todos los casos han obtenido incidencia fiscal y en su mayoría han sido trasladados desde la Contraloría General de la República.
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Fuente: Noticias Caracol – Emisión 28 de junio 2023
Por otra parte, entre los años 2010 y 2023, ocurrieron 922 delitos contra la administración pública y solo en el 16% de los casos hubo capturas; en un 2%, se dictaron condenas, y las imputaciones fueron del 24%. También se evidenciaron 700 casos sin imputación, 770 sin captura, 765 sin acusación y 899 sin condenas.
En los tipos de delitos, se estableció que más del 55% han sido por peculado y apropiación; el 31% por contratos sin cumplimiento de requisitos legales y el porcentaje restante por el delito de prevaricato.
En cuanto a los juzgados penales de Riohacha, el análisis arrojó que recibieron 11 procesos, menos de uno por año y referente a la obligación de constituirse en parte civil, frente a las presuntas afectaciones de delitos contra la administración pública: en más del 93% de los expedientes se desatendió la obligación.
Respecto a los recursos comprometidos por malos manejos, la cifra superó los 85 mil millones de pesos. De este dinero, el 26% corresponde al departamento de La Guajira y el 65% a municipios de esta misma región. Debido a lo anterior, se puede afirmar que las cifras evidencian impunidad sistemática, lo que convierte a La Guajira en un departamento fallido en lo referente a lo judicial.
Por lo tanto, la Secretaría de transparencia ha tomado varias acciones, entre ellas: oficiar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que investigue a los fiscales que han dejado en la impunidad las denuncias; se ha solicitado al Consejo Seccional de la Judicatura, activar la figura de vigilancia judicial administrativa especial para impedir la prescripción de más procesos por corrupción; y a la Fiscalía General de la Nación, evaluar el traslado de fiscales de temas anticorrupción en el departamento.
Para finalizar, el Secretario de Transparencia solicitó respetuosamente a la Procuradora General de la Nación, considerar la posibilidad de crear agencias judiciales especiales en lo penal, que permitan obtener información actual sobre todos los expedientes, iniciativa que se sugiere activar desde Bogotá, ya que en la zona mencionada el miedo reina y la gente no quiere exponerse a la luz pública, ya que la violencia es muy grande y las mafias, al parecer, mantienen relaciones con varios mandatarios.
Así mismo, afirmo que: “caiga quien caiga el Gobierno del Cambio y la Secretaría de Transparencia están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias, porque no se puede continuar permitiendo que la impunidad siga reinando en el departamento de La Guajira, mucho menos estando ad portas de las inversiones que el gobierno nacional pretende garantizar para los derechos de toda la ciudadanía y el pueblo de La Guajira”
Por lo tanto, desde la Secretaría de Transparencia se hace un llamado a las entidades del orden nacional, que hayan invertido recursos en el departamento y los hayan perdido por cuenta de la corrupción, a declararse víctimas dentro de los procesos penales con el fin de impulsar la acción judicial y poder fortalecer entre todos esta lucha contra la corrupción.
