La seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones de interés público, destinada a asegurar su convivencia y desarrollo pacífico, la erradicación de la violencia. La utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y en general evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes-.
En líneas generales, por seguridad ciudadana debe entenderse el conjunto de acciones democráticas en pro de la seguridad de los habitantes y de sus bienes, y ajustadas al derecho de cada país. De hecho, el reto actual es armonizar el ejercicio de los derechos humanos de cada uno con las distintas políticas en materia de seguridad ciudadana de los estados. Por ejemplo, la Organización de los Estados Americanos plantea que en ocasiones se aplican políticas que se han demostrado ineficaces, como por ejemplo el aumento de las penas, la reducción de garantías procesales, o medidas para aplicar el derecho penal a menores de edad; que pueden derivar en movimientos paramilitares o parapoliciales —milicias de ‘autodefensa’—, cuando el Estado no es capaz de reaccionar de una forma eficaz ante la violencia y el delito, complicando la situación.
El origen moderno del concepto «seguridad ciudadana» es consecuencia directa de otro concepto del siglo XVIII al inicio de la Edad Contemporánea: el orden público. Este es un concepto liberal que aparece en el artículo 10 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, documento fundamental de la Revolución Francesa:
La libertad consiste en poder hacer todo lo que no sea perjudicial al otro. Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tienen otro límite que aquellos que aseguren a los otros miembros de la sociedad el disfrute de estos mismos derechos; estos límites sólo pueden estar determinados por la ley.
En este sentido, si extendemos el concepto de orden público como limitación a la libertad ideológica del artículo noveno, a la definición de libertad individual del artículo cuarto, aparece el concepto de orden público: «El orden público se establece como garantía y límite de la libertad y, como ésta, consiste en que nadie puede hacer nada que sea perjudicial a los demás».
Con el tiempo este concepto de orden público evolucionó hacia el de seguridad ciudadana, mucho más amplio, y que incorpora los valores del Estado social y democrático; hasta el punto que el concepto va más allá de forzar a los ciudadanos a la obediencia de la norma, sino garantizar la calidad de vida de los mismos.
Esta pregunta es bien interesante, porque al colocar en el mismo plano los conceptos de democracia y seguridad, percibimos con mayor claridad el riesgo que se corre cuando frente a las demandas de seguridad, la democracia aparece asociada a sentimientos de peligro, miedo y urgencia. Se trata, entonces, de dejar de lado el paradigma del orden, para ubicarnos en el de la seguridad urbana, entendiendo seguridad de las personas y no seguridad del Estado.
La seguridad ciudadana es concebida por la Comisión como aquella situación donde las personas pueden vivir libres de las amenazas generadas por la violencia y el delito, a la vez que el Estado tiene las capacidades necesarias para garantizar y proteger los derechos humanos directamente comprometidos frente a las mismas. En la práctica, la seguridad ciudadana, desde un enfoque de los derechos humanos, es una condición donde las personas viven libres de la violencia practicada por actores estatales o no estatales.
La seguridad ha sido desde siempre una de las funciones principales de los Estados. Indudablemente, con la evolución de los Estados autoritarios hacia los Estados democráticos ha ido evolucionando también el concepto de seguridad. El concepto de seguridad que se manejaba antes se preocupaba únicamente por garantizar el orden como una expresión de la fuerza y supremacía del poder del Estado. Hoy en día, los Estados democráticos promueven modelos policiales acordes con la participación de los habitantes, bajo el entendimiento de que la protección de los ciudadanos por parte de los agentes del orden debe darse en un marco de respeto de la institución, las leyes y los derechos fundamentales. Así, desde la perspectiva de los derechos humanos, cuando en la actualidad hablamos de seguridad no podemos limitarnos a la lucha contra la delincuencia, sino que estamos hablando de cómo crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas. Por ello, el concepto de seguridad debe poner mayor énfasis en el desarrollo de las labores de prevención y control de los factores que generan violencia e inseguridad, que en tareas meramente represivas o reactivas ante hechos consumados.
Hablar de seguridad ciudadana implica casi de una forma automática hablar de una autoridad que ordene y garantice dicha seguridad. En la forma actual de concepción del Estado es este el que garantiza la seguridad ciudadana a través del monopolio de la violencia o el uso de medios coercitivos, siempre que este sea legitimado por algún tipo de expresión democrática como elecciones o referéndums. La autoridad es así ejercida por:
- Poderes públicos: La separación de poderes garantiza la coexistencia de tres poderes con capacidad para obligar a la ciudadanía a cumplir ciertos mandatos. Este poder, entendido como una cesión voluntaria de libertades al Estado, es ejercido de acuerdo a los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. En este sentido cabe añadir ciertas instituciones de gran importancia como son los parlamentos y senados, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público y los tribunales de justicia, tanto de cada país como internacionales, pues ordenan y coordinan de forma directa dicha autoridad.
- Fuerzas policiales: Son la forma más directa que tiene el Estado de regular la acción ciudadana. Tienen atribuciones tanto de prevención, como puede ser el ordenamiento del tráfico, prevención en drogodependencia o las rondas de vigilancia; como de actuación tras el delito o falta, pudiendo iniciar investigaciones o deteniendo a ciudadanos sospechosos de haber incumplido la ley para ponerlos a disposición de la autoridad judicial.14 Una reflexión muy interesante es la de distinguir entre una policía utilizada para la defensa de los intereses del Estado y otra que garantice la seguridad ciudadana, pues es esta última el modelo que se pretende adoptar en la actualidad.
Nuevas masacres en Colombia
Este fin de semana se reportaron tres nuevas masacres en distintas zonas de Colombia. En lo que va de año, ya se suman 71 matanzas en este país sudamericano. Por su parte, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha propuesto un cese al fuego multilateral a grupos armados ilegales, así como aumentar la presencia del Estado en todo el territorio nacional.
Colombia reporta un aumento en la violencia durante los últimos días. Solo este fin de semana, se registraron tres nuevas masacres, elevando el número a 71 en lo que va del 2022 y 10 tras la entrada del nuevo Gobierno.
Para el mismo periodo del año pasado, habían sido reportadas 68 matanzas, según informó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
El ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo al canal Caracol Televisión que el nuevo Gobierno está tomando distintas medidas para mejorar la seguridad y “hacer presencia en todo el territorio nacional”.
“Nos hemos desplazado con el propio presidente de la República al Catatumbo, una zona muy agredida; Ituango, en el norte de Antioquia; norte y sur de Cauca y el sur de Bolívar”, agregó.
Violencia contra indígenas
La primera masacre de este fin de semana ocurrió el pasado viernes en una vía que conduce a un resguardo indígena en el departamento de Nariño, al suroeste del país.
Allí tres líderes sociales de los resguardos indígenas Panán y Chiles fueron asesinados por hombres armados, quienes los interceptaron y abrieron fuego contra ellos.
“Desde Autoridades Indígenas de Colombia (Aico) rechazamos y condenamos públicamente estos actos de barbarie miedo y zozobra por el asesinato de nuestros hermanos comuneros de los resguardos indígenas de Panán y Chiles”, expresó la Aico mediante un comunicado de prensa.
Dicha organzación denunció que las vulneraciones de derechos humanos contra los indígenas en Colombia son sistemáticas y que no solo sucede en esta región, sino en todo el país.
Aún no se sabe quién estaría detrás del crimen. Las autoridades indígenas piden al Gobierno nacional investigar y capturar a los responsables. De igual manera, pidieron mayor protección de los pueblos indígenas.
También se conoció la denuncia sobre otra masacre que se habría registrado en el mismo departamento. Presuntamente cuatro hombres habrían sido asesinados, sin embargo, las autoridades no han confirmado la veracidad de la noticia.
Violencia desbordada en la frontera colombo-venezolana
La segunda masacre de los últimos días fue registrada este sábado en Cúcuta, principal paso fronterizo con Venezuela.
Indepaz reportó el asesinato de cuatro hombres. Según declaraciones de testigos, desconocidos llegaron a un taller de autos donde se encontraban las víctimas y dispararon en contra de ellos.
La Defensoría del Pueblo de Colombia emitió dos fuertes advertencias sobre los riesgos que enfrentan los habitantes de la ciudad de Cúcuta, por los constantes enfrentamientos entre grupos armados ilegales que operan en la zona.
Actualmente esta es una de las áreas más golpeadas por la violencia en Colombia, por su proximidad a la región del Catatumbo, la región donde más se cultiva la hoja de coca en el mundo.
Con 40.000 hectáreas de producción, se convierte en el espacio propicio para el enfrentamiento entre grupos ilegales por el control del narcotráfico, dígase el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el frente 33 de las disidencias de las FARC, un reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL), entre otros.
Además, su cercanía con la frontera de Venezuela, el otrora rompimiento de las relaciones diplomáticas y la falta de articulación con las entidades de seguridad y dirección venezolanas, ha generado que sea un lugar propicio para que integrantes de estas bandas busquen refugio al otro lado de la frontera, aumentando la violencia en la zona.
La violencia también se registra en las grandes ciudades
El domingo en la madrugada, tres personas fueron asesinadas en un barrio de la ciudad de Barranquilla, una de las más importantes del país. Las víctimas se encontraban en un establecimiento nocturno cuando fueron atacados por dos hombres desde una moto.
Según el periódico local El Heraldo, dos de los hombres que fueron asesinados eran vendedores callejeros de comida y bebidas calientes y otro era un taxista, quienes murieron de forma inmediata luego del ataque.
Aún no se tiene mayor información sobre el hecho, pero según hipótesis de las autoridades, podría tratarse de un ajuste de cuentas.
Gustavo Petro propone propone cese al fuego a grupos armados ilegales
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien asumió el cargo hace un poco menos de un mes, propuso este sábado un alto al fuego multilateral a todos los grupos armados ilegales que operan en el país, como parte de una estrategia para promover la paz.
Según Petro, varios grupos al margen de la ley han manifestado su intención de buscar el fin del enfrentamiento armado. Según el mandatario, esto podría atraer “el clima más apropiado para lograr la fuerza social necesaria para legitimar el fin definitivo de la violencia armada”.
El jefe de Estado de 62 años pretende buscar la “paz total” en el país. Días después de su posesión, Petro envió una delegación a Cuba para intentar restablecer los diálogos con los negociadores del ELN, los que fueron suspendidos en 2018, por la administración Duque.
De igual manera, el plan de Petro busca dialogar con las disidencias de las FARC, quienes rechazaron el acuerdo de paz de 2016.
También está previsto buscar un diálogo que permita el desarme del Clan del Golfo, una de las bandas criminales del narcotráfico más violentas de Colombia.
El conflicto armado interno de Colombia dejó, tan solo entre 1985 y 2018, al menos 450.000 muertos, la mayoría civiles y aunque con la firma de los acuerdos de La Habana la seguridad mejoró considerablemente, aún queda un largo camino por recorrer.
