Por: Juan Cataño Bracho
No hay duda que lo que mal anda, mal acaba. Es lo que puede afirmarse tras la profética suspensión proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta del Consejo de Estado, que admitió una demanda de nulidad electoral en contra del acto que declaró la elección de Darling Guevara como rectora de la Universidad Popular del Cesar para el periodo 2019-2023, y por lo tanto decretó su suspensión provisional.
La demanda, que fue presentada por la docente Nubia Stella Corredor, pedía que se declarara la nulidad del Acuerdo Nº 036 del 16 de diciembre de 2019, emanado del Consejo Superior Universitario, CSU, “Con el fin de restablecer la legalidad y el debido proceso de la convocatoria”, porque ante la imposibilidad de realizar las elecciones, el CSU de la universidad decidió suspender la consulta estamentaria y decidir ellos, entre los candidatos, quién sería el rector. Esto se suma a un sinnúmero de procedimientos anti democráticos con los que se ha venido actuando para manipular la forma de ejercer el poder en la pretendida “alma mater del Cesar”, cuyos piezas sería extenso de desmenuzar en éste breve espacio. Nada más decir que los estudiantes de la UPC han venido siendo burlados, desde cuando se estableció la “elección democrática” del Rector, que finalmente no es elección sino una designación. Burla porque los estudiantes votan para elegir rector, pero finalmente los que terminan decidiendo son los miembros del Consejo Superior Universitario, lo que realmente es una designación a dedo, por parte de un organismo que no tiene muy buena reputación ni dentro ni fuera del estamento estudiantil.
Según el Maestro Simón Martínez Ubarnes “El fallo que declara la nulidad del nombramiento de Darling Guevara como rectora de nuestra Alma Mater, por ningún motivo es para alegrarse; lamentable sí, que nuestra universidad pública haya sido tomada como fortín político o cuota burocrática de quienes la usan pero nada le aportan y que poca importancia le dan a la educación del pueblo como factor de crecimiento y movilidad social; por eso, los demandantes claro que tienen razón, pues el derecho a ser elegido en libre contienda fue atropellado, de ahí que podemos afirmar que la rama judicial falló en derecho, claro, porque a simple vista el procedimiento fue irregular.
Ahora a esperar otra situación de la UPC en stand by, parálisis y detención en sus procesos, con un consejo superior voraz, clientelista y de bajo perfil académico que muy poco aporta a la marcha de la institución pero siempre busca sacar la mejor partida de la posición que representan.
Junto con la de Córdoba, la UPC son las dos universidades del Caribe de orden nacional, pero ni en las departamentales, Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar y Sucre, los políticos regionales tienen la mano tan metida en la universidad, como en la del Cesar”.
Hace 35 años llegué a Valledupar, a ejercer de Periodista, y he percibido la universidad ha sido contaminada por todos los fenómenos sociales que han hecho presencia en la sociedad colombiana: Politiquería, corrupción, paramilitarismo, subversión, tráfico de influencias, prostitución, microtráfico, alcabalismo, etc. Todo parece indicar que la universidad, como desde hace mucho tiempo la sociedad colombina, tampoco ha contado con la suerte de tener como directivo a un estadista de la educación pero en cambio siempre ha estado en manos de los mercaderes que no piensan en los estándares de calidad educativo, sino en la oportunidad de enriquecerse a costa del presupuesto, que, según afirman, es superior al presupuesto del municipio de Valledupar. Por eso es recurrente escuchar expresiones que a la rectoría de la UPC se le mira “con objetivos politiqueros apostándole con jugadores dispuestos a acaparar un presupuesto superior a 80 mil millones de pesos anuales, la nómina de 750 profesores, 400 empleados y más de 14 mil estudiantes (Datos aproximados) Con razón los procesos eleccionarios de la universidad, coinciden con los desarrollados por la actividad política tradicional, en vez de caracterizarlo por el valor intelectual y del contexto académico”.
Muy pocos personajes, de los que han sido designados rectores de la UPC, han salido de allí honrados por su gestión, como si vilipendiados por sus torpezas administrativas, cuyos ejemplos abundan y pululan en el corrillo popular. Uno se encuentra con que la Universidad Popular del Cesar ha sido fortín burocrático de todo tipo de político de moda, que han preñado su nómina de personajes poco probos en el campo de la instrucción.
Hoy creo que la UPC es fiel reflejo de la sociedad colombiana, una sociedad en crisis, cuando debiera ser un oasis en éste desierto, que como la sociedad toda pide a grito reingeniería, pues ha perdido su razón de ser y como lo afirma Juan Alfredo Obarrio, en su artículo La razón de ser de la Universidad, “se enfrenta a un devenir que la ha llevado a mostrar las fisuras de un edificio aparentemente bien construido, pero sólo valioso en su envoltura, porque, si fuésemos capaces de colocar una lupa de aumento sobre sus pilares, podríamos advertir que la universidad se nos muestra como un sujeto frágil, confuso y fragmentario; como una institución en la que habitan las zonas cubiertas por la ambivalencia, la política y la paradoja, y en cuya desgastada arquitectura se ponen al descubierto los hilos que tejen un nuevo entramado, que no es otro que ese culto al rendimiento, a la eficacia, a la competitividad y a la rentabilidad, criterios que han hecho de la universidad un centro superior de oficios varios, y no el sagrado refugio de unas formas de saber cualificadas y bien valoradas, en donde el saber se aleja del ideal humboldtiano de la búsqueda de un conocimiento lo más universal y completo posible, para adentrase por las sendas de la especialización –«los nuevos bárbaros”, que diría Ortega–, de la mera utilidad o del binomio coste-beneficio, caminos que me obligan a recordar que sin ese saber que busca la verdad, sólo podremos dar cuenta y razón de una parte muy pequeña de nuestra experiencia vital”.
El solo proceso de elección de Rector ha sido piedra de escándalo, periódica y continuamente, desde donde, como lo sostiene Carmen Alicia Arango, una de las ex candidatas, “se le está dando a los jóvenes, que se están formando, un mal ejemplo, porque se les está enseñando que todo vale, a cualquier precio, no importa si hay que tomar atajos”. Por esto casi todos los períodos de administración de la UPC son atípicos, por las características de los procesos que les preceden y donde casi nunca atinan a escoger el mejor candidato, sino al mejor respaldado por los poderes que tienen asiento en el seno del mal llamado Consejo Superior Universitario, donde todos los entes políticos tienen representación y, por ende, poderes que no siempre responden a los intereses de la academia.
Coincido con quienes opinan que, también en la UPC, “La perspectiva anticorrupción es un reto gigantesco que debe enfrentar la institucionalidad colombiana, la universidad pública debe estar en esa conversación, en aras de neutralizar la progresiva des-financiación, que inhabilita el cumplimiento de su rol misional, lo que en efecto desestimula el proceso que orienta la construcción de movilidad social”.
