Los disturbios en la capital y sus alrededores siguen dejando víctimas, la mayoría por armas de fuego. Las familias afectadas denuncian posible responsabilidad de policías y el reto ahora es garantizar que en todos los casos se descubra al responsable.
En Bogotá y varios de sus municipios aledaños no cesa el fuego. Durante tres noches consecutivas, ciudadanos han salido a las calles a expresar el descontento que la pandemia contuvo por meses. Pero la muerte de Javier Ordóñez, al parecer a manos de agentes de la Policía, reventó la prudencia que existió en la cuarentena, que limitó las aglomeraciones. Manifestantes destrozaron los Centros de Atención Inmediata (CAI) de 45 barrios en Bogotá y tres en Soacha, Cundinamarca. Pero también hubo desórdenes de todo tipo y enfrentamientos que dejan un triste saldo: diez muertos en Bogotá y tres en el municipio de Cundinamarca.
Julieth Ramírez, de 18 años; Cristian Camilo Hernández, de 26; Jaider Fonseca, de 17; Germán Puentes, de 25; Andrés Rodríguez, de 23; Angie Paola Vaquero, de 19; María del Carmen Viuvche, de 40; Jesús Arias, de 17; Cristian Hurtado, de 27; Stiven Mendoza, de 26, y Julián Mauricio González, de 27, son los nombres identificados de forma oficial como fallecidos durante las jornadas de protestas.
Otros indicios de lo que pudo haber pasado en estas trágicas noches son los testimonios de allegados de fallecidos. Por ejemplo, una amiga que salió a protestar con Julián González (quien murió de un disparo en el abdomen) cuenta que “policías vestidos de civil y otras personas que estaban custodiando el CAI dispararon con armas de fuego y de fogueo”. O el de un familiar de Germán Puentes, quien dijo que él fue a recoger a su esposa en Suba y lo alcanzó una bala perdida. Esas mismas balas, que aún no se sabe de dónde salieron, mataron a Angie Vaquero, una guardia de seguridad al servicio del Distrito.
Para los expertos, no solo es plausible sino necesario que el Distrito asuma el liderazgo en la resolución de estos casos, no solo por el choque que vienen manteniendo en torno al tema de la reestructuración de la Policía, sino porque incluso, si no se resuelven, algunos funcionarios podrían ser responsables. Julio Andrés Sampedro, abogado y exdecano de Derecho de la U. Javeriana, dice que “la alcaldesa es comandante de Policía en Bogotá . Así sea letra muerta, sí puede asumir una posición de liderazgo para garantizar que se apliquen criterios de justicia restaurativa en cada caso”.
Los testigos y la comunidad en general también serán claves para garantizar que haya justicia en cada caso. Para Estanislao Escalante, director del Centro de Pensamiento Penal, de la Universidad Nacional, como los hechos son confusos y es más difícil llegar a los autores materiales, “hay que determinar quién estaba a cargo, quién era el responsable de determinado grupo de policías de esos sectores. Pueden tener responsabilidad por omisión”,
Escalante agregó que para determinar las responsabilidades de que se desbocara el uso de la fuerza, “será importante que la comunidad identifique placas, chalecos, apellidos y ubicación de quienes podrían ser responsables. Hay que hacer énfasis en esos casos en que se observan policías y personas de civil disparando al tiempo, o los policías sin placas golpeando personas”. Según el experto, allí hay una responsabilidad grande de quienes dirigían la seguridad en donde ocurrieron las muertes. “Si no se puede identificar al autor, hay que buscar a quien comandaba”, dice
Mientras Bogotá sigue siendo escenario de protestas violentas, trece familias lloran a sus muertos y hay muchas denuncias de personas que llevan más de 24 horas desaparecidas. Ahora empieza un proceso en el que el papel protagónico lo tendrá la investigación forense y en los barrios, para determinar cómo murió cada víctima y que ningún caso quede en la impunidad.
Fuente: www.elespectador.com
